Contexto y naturaleza de la providencia
La decisión analizada corresponde a una sentencia emitida por la Sala de Segunda Instancia el 20 de junio de 2025, identificada con el código AC-443-23. La providencia confirma la condena dictada en primera instancia en un proceso penal por delitos sexuales cometidos contra una menor de edad. La ponencia estuvo a cargo de la magistrada responsable del despacho.
Antecedentes fácticos y procesales
El proceso penal se centró en la presunta comisión del delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce años, previsto en el artículo 208 del Código Penal. La víctima rindió declaraciones durante la fase de investigación y en el juicio oral, incluyendo entrevistas forenses y exámenes especializados de carácter sexológico, psicológico y psiquiátrico.
Durante el juicio, se incorporó a la causa la entrevista forense mediante la figura del testimonio adjunto, lo cual permitió la valoración de la declaración previa de la menor sin que estuviera presente en la audiencia al momento de su lectura. La defensa tuvo conocimiento previo de dichos testimonios, no formuló objeciones ni alegó vulneración de garantías procesales, y ejerció plenamente el derecho al contrainterrogatorio.
En la sentencia de primera instancia se impuso una condena por acceso carnal abusivo con menor de catorce años, aplicando además una agravante punitiva basada en la confianza depositada por la víctima en el agresor, quien era vecino de la menor.
Consideraciones jurídicas de la sentencia
La Sala de Segunda Instancia abordó inicialmente la valoración del testimonio adjunto en delitos sexuales contra menores. Se reiteró que, conforme a la jurisprudencia y la normativa procesal penal, es posible valorar declaraciones previas de la víctima cuando esta asiste al juicio pero no ratifica su testimonio anterior. Para ello, se deben cumplir ciertos requisitos:
- Disponibilidad física y funcional del testigo durante el juicio para ser interrogado.
- Existencia de un cambio de versión.
- Lectura de la declaración anterior en audiencia.
- Incorporación formal de la declaración a la actuación procesal.
En el caso concreto, estos requisitos se cumplieron, y la defensa tuvo acceso anticipado a las declaraciones, sin presentar objeciones ni alegar vulneración de derechos. Por lo tanto, la Sala consideró legítima y viable la valoración comparativa entre la declaración en juicio y las manifestaciones previas de la víctima.
En cuanto al contenido probatorio, se otorgó plena credibilidad a la versión inicial de la menor, dado que no se identificaron contradicciones, falta de lógica, problemas de memoria, ni indicios de sugestión o motivaciones externas. Además, la declaración previa se corroboró con otros medios probatorios, tales como mensajes electrónicos que evidenciaron la concertación del encuentro entre la víctima y el agresor, y la afectación emocional constatada en la menor.
Respecto a la tipificación del delito, la Sala recordó el principio de estricta tipicidad y señaló que la relación de hechos imputada corresponde únicamente al delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce años, conforme al artículo 208 del Código Penal.
Finalmente, en relación con la agravante punitiva establecida en el numeral 5 de la regla 211 del Código Penal, que sanciona el aprovechamiento de la confianza depositada por la víctima en el autor, la Sala concluyó que no era aplicable en este caso. La sentencia de primera instancia había considerado dicha agravante argumentando que el agresor era vecino de la menor. Sin embargo, la Sala aclaró que esta circunstancia no configura una relación de parentesco ni de convivencia en una misma unidad doméstica, elementos necesarios para atribuir la agravante.
Implicaciones de la sentencia
La decisión reafirma la validez y alcance del testimonio adjunto en procesos por delitos sexuales contra menores, siempre respetando las garantías procesales y permitiendo un análisis integral de las versiones testimoniales. Además, delimita los criterios para la aplicación de agravantes punitivas relacionadas con la confianza, exigiendo una relación más estrecha y formal entre víctima y agresor.
Este pronunciamiento contribuye a precisar el marco jurídico aplicable en casos complejos donde la prueba testimonial es fundamental, y establece pautas claras para el manejo de testimonios previos en audiencias, con el objetivo de garantizar un proceso justo y respetuoso de los derechos de las partes involucradas.
En conclusión, la sentencia de la Sala de Segunda Instancia fortalece la protección de los derechos de las víctimas menores de edad en casos de delitos sexuales, asegurando que la valoración probatoria se realice de manera rigurosa y conforme a la ley, y que las agravantes punitivas se apliquen únicamente cuando existan fundamentos jurídicos sólidos que justifiquen su imposición.
