Contexto y tribunal que profiere la providencia
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, a través de su Sala de Decisión Civil Familia y en segunda instancia, emitió un auto que revoca una sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil-Laboral del Circuito de un municipio del Valle del Cauca. Esta providencia resuelve un recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la decisión de primera instancia que negó la nulidad relativa de unos poderes y un contrato público de compraventa de derechos herenciales.
Antecedentes fácticos y procesales
La demandante, persona de avanzada edad y analfabeta, promovió acción de nulidad relativa contra poderes otorgados y un contrato de compraventa celebrado mediante escritura pública en notarías del Valle del Cauca. Se alegó que los documentos fueron suscritos bajo dolo, dado que la demandante fue inducida a error por familiares y terceros para firmar documentos sin comprender su contenido ni finalidad. En particular, se sostuvo que se le hizo creer que la causante —su hija fallecida— no había dejado bienes, solo deudas, y que mediante engaños se le hizo otorgar poderes para vender sus derechos herenciales por un precio manifiestamente inferior al valor real de los inmuebles involucrados.
Además, se probó que la demandante fue despojada temporalmente de su documento de identidad, restringiéndole la posibilidad de actuar legalmente. Los demandados negaron las alegaciones de dolo y fraude, argumentando que los poderes fueron otorgados con pleno conocimiento y consentimiento, y que la venta obedeció a un acuerdo legítimo entre las partes, siendo el precio acorde con la naturaleza de los derechos transmitidos.
El juez de primera instancia valoró las pruebas y concluyó que no se acreditó el dolo, basando su decisión en declaraciones notariales que indicaban que los documentos fueron leídos y explicados, y que las solemnidades legales se cumplieron. Por ello, negó las pretensiones de nulidad y condenó en costas a la demandante.
Consideraciones del Tribunal Superior
La Sala de Decisión Civil Familia, al revisar el expediente y las pruebas de manera integral y conforme al principio de la sana crítica, llegó a conclusiones distintas a las del juez de primera instancia. Entre los elementos probatorios y testimoniales considerados, se destacaron:
- La condición de la demandante como persona de 88 años, analfabeta y fácilmente manipulable, circunstancia reconocida incluso por una de las demandadas.
- La existencia de un plan concertado por parte de los demandados para inducir a error a la demandante, haciéndole creer que su hija fallecida no tenía bienes, sino únicamente deudas.
- La firma a ruego de documentos por parte de la demandante, en presencia de una notaría que no garantizó la debida lectura y explicación del contenido, aspecto evidenciado con base en testimonios y en la constatación de que la demandante no compareció personalmente a la notaría donde se protocolizó la escritura de compraventa.
- La retención injustificada del documento de identidad de la demandante por parte de un familiar, obstaculizando su derecho a la defensa.
- La participación activa del abogado apoderado en la maniobra, quien reconoció no haber informado adecuadamente a la demandante sobre la naturaleza del negocio jurídico y quien procedió a escriturar la venta a pesar de conocer el desacuerdo de su mandante.
- El valor irrisorio y manifiestamente inferior al avalúo real de los bienes, sin justificación plausible por parte de los demandados.
- Contradicciones y evasivas en las declaraciones de los demandados en cuanto a valores, pagos y domicilios relacionados con el negocio.
Con base en estos hechos y conforme a lo establecido en los artículos 1502 y 1741 del Código Civil, que regulan los requisitos de validez de los actos jurídicos y los vicios del consentimiento —especialmente el dolo, entendido como la intención positiva de causar daño o engaño para obtener un consentimiento viciado—, la Sala concluyó que la voluntad de la demandante fue viciada por maniobras dolosas.
En particular, el Tribunal resaltó que la lectura en voz alta del contenido de los poderes durante el reconocimiento notarial, por sí sola, no es suficiente para desvirtuar el engaño, dadas las circunstancias de manipulación y la falta de conocimiento real de la demandante sobre la finalidad de los documentos.
Decisión y consecuencias
En consecuencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga:
- Revocó integralmente la sentencia de primera instancia.
- Declaró la nulidad relativa de los poderes conferidos por la demandante para la venta de sus derechos herenciales y del contrato de compraventa contenido en la escritura pública.
- Ordenó la cancelación de la escritura pública relacionada.
- Condenó en costas a los demandados en segunda instancia.
- Ordenó la compulsión de copias para que la Comisión de Disciplina Judicial investigue la conducta del abogado apoderado involucrado, por posibles faltas disciplinarias derivadas de su actuación en el caso.
- Dispuso devolver el expediente al juzgado de origen una vez la providencia quede en firme.
Esta decisión judicial pone de manifiesto la importancia del respeto a los derechos de las personas vulnerables en la celebración de negocios jurídicos, así como el papel crucial de la tutela judicial efectiva para protegerlas frente a posibles abusos y fraudes. Asimismo, subraya la relevancia del control riguroso sobre el cumplimiento de las formalidades notariales y la conducta ética de los profesionales del derecho involucrados en estos procesos, garantizando así la justicia y equidad en la administración pública.
