Entidad emisora, número y fecha de la resolución

La resolución en análisis corresponde a la Resolución Reglamentaria Ejecutiva REG-EJE-0150-2025, emitida el 16 de julio de 2025 por la Contraloría General de la República, y publicada en el Diario Oficial No. 53.183. Este acto administrativo es el resultado de un proceso normativo que busca adecuar y fortalecer la función fiscalizadora del órgano de control en Colombia.

Tema principal y destinatarios

La resolución tiene como tema central la actualización de la sectorización de los sujetos de vigilancia y control fiscal y la asignación de competencias a las Contralorías Delegadas Sectoriales en el ejercicio de la vigilancia y control fiscal. Los destinatarios principales son las entidades públicas y particulares que manejan fondos o bienes públicos, incluyendo órganos del poder público, entidades autónomas, organismos con régimen especial, sociedades de economía mixta, patrimonios autónomos, fondos cuenta sin personería jurídica y demás organizaciones que administren recursos públicos, tanto a nivel nacional como territorial. Este público es relevante debido a que son los sujetos sobre los cuales recae la función de vigilancia fiscal, y su correcta sectorización permite un control más especializado y efectivo, lo cual contribuye a la protección del patrimonio público y a la transparencia en la administración de recursos.

Objetivo de la resolución

El objetivo de la resolución es actualizar la sectorización de los sujetos de vigilancia y control fiscal y asignar formalmente la competencia a las Contralorías Delegadas Sectoriales para ejercer esta función. Esto implica definir claramente qué entidades y recursos corresponden a cada sector, así como establecer mecanismos para la coordinación y control concomitante y preventivo. La finalidad es fortalecer el control fiscal, evitar vacíos de supervisión y garantizar la adecuada rendición de cuentas en la gestión pública.

Principales decisiones y regulaciones contenidas en la resolución

La resolución establece, de manera detallada, la sectorización de las entidades y recursos públicos bajo la vigilancia de las Contralorías Delegadas Sectoriales, asignando competencias específicas a cada una según su especialidad. Entre las principales decisiones destacan:

• Definición de sectores como Agropecuario, Comercio y Desarrollo Regional, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Defensa y Seguridad, Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte, Gestión Pública e Instituciones Financieras, Inclusión Social, Infraestructura, Justicia, Medio Ambiente, Minas y Energía, Salud, Trabajo, y Vivienda y Saneamiento Básico.
• Asignación de competencia para ejercer vigilancia y control fiscal sobre patrimonios autónomos, fondos cuenta sin personería jurídica, planes, programas y proyectos relacionados con cada sector.
• Facultad para realizar ejercicios de seguimiento permanente bajo el control concomitante y preventivo en entidades territoriales, departamentos, distritos y municipios, en línea con las políticas públicas sectoriales.
• Determinación de la competencia de un Grupo Interno de Trabajo para la vigilancia y control fiscal a nivel micro del Sistema General de Regalías, con coordinación con las Contralorías Delegadas Sectoriales.
• Distribución de la vigilancia y control fiscal de los recursos del Sistema General de Participaciones entre cuatro Contralorías Delegadas Sectoriales, con mecanismos de coordinación y rendición de cuentas.
• Regulación del control fiscal sobre recursos específicos, como los provenientes de estampillas para universidades estatales, fondos de desarrollo regional, gestión del riesgo de desastres, y recursos para la seguridad social, entre otros.
• Procedimientos para la inclusión, exclusión y traslado de sujetos de control fiscal, con la obligación de informar cambios en la naturaleza jurídica o participación accionaria de los sujetos vigilados en un plazo de 30 días hábiles.
• Normas para la resolución de conflictos de competencia entre Contralorías Delegadas Sectoriales y para la realización de auditorías intersectoriales.
• Derogación expresa de la Resolución Reglamentaria Ejecutiva número REG-EJE-00134 de 2024 y demás disposiciones contrarias.

Base legal

La resolución se fundamenta en el marco constitucional y legal vigente, destacando:

• Artículo 267 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 04 de 2019, que establece la función pública de vigilancia y control fiscal a cargo de la Contraloría General de la República.
• Decretos Ley 403 y 405 de 2020, que regulan la implementación del control fiscal y la estructura orgánica de la Contraloría.
• Normas previas como el Decreto Ley 267 de 2000, modificado por varias leyes y decretos que ajustan la organización y funciones del órgano de control.
• Sentencias de la Corte Constitucional que fijan criterios sobre la intersectorialidad y competencias de la Contraloría.
• Leyes sectoriales que asignan competencia específica para el control fiscal de recursos públicos, como las leyes sobre el Sistema General de Participaciones, Sistema General de Regalías, política de gestión del riesgo, y régimen parafiscal, entre otras.

Modificaciones y vigencia

Esta resolución deroga la Resolución Reglamentaria Ejecutiva REG-EJE-00134 de 2024 y todas las disposiciones que le sean contrarias. En cuanto a plazos, establece un término de treinta (30) días hábiles para el traslado de documentos y archivos cuando se modifique la sectorización de un sujeto de vigilancia y control fiscal. Además, impone un plazo igual para que los sujetos de control informen sobre cambios en su naturaleza jurídica o participación accionaria estatal.

Impacto potencial

La actualización de la sectorización y la asignación clara de competencias a las Contralorías Delegadas Sectoriales responden a la necesidad de optimizar la vigilancia y control fiscal en un contexto de creciente complejidad en la gestión pública y manejo de recursos. Al especializar el control según sectores específicos y establecer mecanismos para el control concomitante y preventivo, se fortalece la capacidad institucional para detectar y prevenir irregularidades, mejorar la eficiencia en la auditoría y garantizar la protección del patrimonio público. Asimismo, la resolución promueve una mayor coordinación intersectorial y territorial, facilitando la rendición de cuentas y el acceso a la información. Esto beneficia tanto a las entidades públicas y particulares vigiladas como a la ciudadanía, que puede contar con un órgano de control más robusto y especializado. Finalmente, la regulación de los procesos relacionados con cambios jurídicos en los sujetos de control asegura la continuidad y coherencia en las actuaciones fiscales, evitando vacíos en la supervisión y contribuyendo a la estabilidad del sistema de control fiscal.

Para consultar la resolución completa, puede acceder a la página oficial de la Contraloría General de la República.