Propósito general y objetivo principal del proyecto

El Ministerio de Transporte, en ejercicio de sus facultades legales, ha emitido una resolución que fija las tarifas de los peajes ubicados en puntos estratégicos del corredor vial Bogotá-Villavicencio para el año 2025, y establece un esquema progresivo de incrementos desde el año 2026. Esta determinación se realiza en el marco del Contrato de Concesión No. 005 de 2015, celebrado bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP) de iniciativa privada, el cual contempla la construcción, operación, mantenimiento y administración de una nueva calzada en el sector Chirajara-Fundadores y el mantenimiento integral del corredor. El objetivo principal de esta resolución es normalizar y actualizar la estructura tarifaria de los peajes involucrados, que se ha visto afectada por medidas regulatorias y sociales implementadas en años anteriores, con el fin de garantizar la sostenibilidad financiera del proyecto y asegurar condiciones de movilidad seguras, de calidad y accesibles para los usuarios.

Nuevas disposiciones y medidas específicas propuestas

La resolución establece que para el año 2025, es decir, hasta el 15 de enero de 2026, se mantendrán vigentes las tarifas actuales en las estaciones de peaje Boquerón I, Boquerón II, Puente Quetame (actualmente Naranjal) y Pipiral. A partir del 16 de enero de 2026, se implementará un esquema de incrementos graduales de tarifas, con un aumento inicial del 4,80% más la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para 2026, y un incremento anual del 5% más IPC desde 2027 hasta la terminación del contrato. Estas tarifas incluyen el valor destinado al Fondo de Seguridad Vial (FOSEVI), que se actualiza conforme a resoluciones vigentes y cuyo propósito es financiar acciones para mejorar la seguridad vial. La resolución también ratifica que se mantienen vigentes las demás regulaciones del Contrato de Concesión No. 005 de 2015 y resoluciones anteriores que no hayan sido modificadas por este acto administrativo.

Contexto y justificaciones del ajuste tarifario

El ajuste responde a la necesidad de restablecer la estructura tarifaria contractual que se vio afectada por decisiones previas, tales como la suspensión de incrementos tarifarios durante 2021 debido a solicitudes de autoridades locales, gremios y comunidades en el área de influencia, motivadas por la situación económica delicada del Departamento del Meta y manifestaciones de rechazo social. Adicionalmente, la implementación de un decreto del año 2023 suspendió temporalmente los incrementos de tarifas, generando un desfase en la normalización de los valores pactados contractualmente. En respuesta, el Ministerio de Transporte, en coordinación con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), ha diseñado un plan gradual para recuperar la estructura tarifaria, garantizando la viabilidad financiera del proyecto y compensando los riesgos materializados a cargo de la Agencia.

Impacto y alcance potencial

La actualización de tarifas y la aplicación del esquema gradual de incrementos buscan asegurar la adecuada operación, mantenimiento y desarrollo de la infraestructura vial, fundamentales para la movilidad segura y eficiente en una de las vías más importantes que conectan a los departamentos de Cundinamarca y Meta. Con esta medida, se garantiza el cumplimiento de los compromisos contractuales, así como la sostenibilidad económica del concesionario, lo que a su vez contribuye a la calidad del servicio para los usuarios. La inclusión del Fondo de Seguridad Vial refuerza el compromiso con la seguridad y la prevención de siniestros en la vía. La resolución también responde a principios fundamentales como la soberanía del pueblo, la intervención estatal en la regulación tarifaria, la libre circulación, la integración nacional y la equidad fiscal, en concordancia con la Ley 105 de 1993 y las disposiciones contractuales vigentes.

Participación de actores clave y proceso normativo

El proceso para la expedición de esta resolución involucró la participación activa de entidades como la Agencia Nacional de Infraestructura, el Instituto Nacional de Vías y autoridades territoriales, así como representantes de gremios, sectores empresariales y comunidades afectadas por la operación del corredor vial. Previo a su promulgación, el contenido de la resolución fue sometido a consulta pública a través de la página web del Ministerio de Transporte durante un periodo de quince días, en cumplimiento de la Ley 1437 de 2011 y el Decreto Único Reglamentario 1081 de 2015, con el fin de recibir observaciones y propuestas de ciudadanos y grupos de interés. Asimismo, la Oficina de Regulación Económica del Ministerio emitió un concepto técnico favorable de viabilidad, respaldando la implementación del esquema tarifario propuesto.

Conclusiones y vigencia

La resolución entra en vigor a partir del día siguiente a su publicación en el Diario Oficial y establece un marco claro para la actualización de las tarifas de peaje en estaciones estratégicas del corredor Bogotá-Villavicencio. Mediante esta medida, el Ministerio de Transporte reafirma su competencia para fijar tarifas, tasas y peajes, conforme a la normativa vigente, y su rol en la regulación económica del sector transporte, garantizando la sostenibilidad de los proyectos de infraestructura y la calidad del servicio para los usuarios. Con estas acciones, se espera mejorar la experiencia de los viajeros y contribuir al desarrollo económico regional, promoviendo una movilidad más segura y eficiente en uno de los corredores viales más importantes del país.