Contexto y entidades emisoras de la resolución
La Resolución 000569 de 2025 fue emitida el 16 de julio de 2025 por la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, entidad encargada de administrar esta jurisdicción especializada. Dicha resolución fue publicada en el Diario Oficial No. 53.184 el 17 de julio de 2025. Esta unidad, en ejercicio de las facultades legales conferidas por la Ley 1765 de 2015 y el Decreto 312 de 2021, regula aspectos procesales esenciales para la adecuada tramitación de los procesos penales en el ámbito militar y policial.
Tema principal y destinatarios
El asunto central de la resolución es el levantamiento de la suspensión de los términos judiciales en los procesos que se tramitan bajo la ritualidad procesal de la Ley 1407 de 2010. Esta suspensión había sido previamente decretada como medida excepcional ante un ataque cibernético que afectó gravemente la plataforma tecnológica de la entidad. El destinatario principal de esta resolución son los despachos judiciales y funcionarios que administran justicia en la jurisdicción penal militar y policial, así como los actores procesales involucrados en estos procesos.
Objetivo de la resolución
La finalidad de la resolución es restablecer la normalidad en los términos procesales tras la recuperación de los sistemas tecnológicos de la entidad. Busca permitir que los procesos judiciales continúen su curso regular, garantizando la protección de los derechos fundamentales, en especial de las personas privadas de la libertad y las actuaciones de control de garantías de extrema urgencia. Esta decisión refleja un esfuerzo por mantener la continuidad y eficiencia en la administración de justicia pese a las adversidades tecnológicas.
Decisiones y regulaciones contenidas en la resolución
La resolución establece principalmente:
- El levantamiento de la suspensión de los términos judiciales en los procesos bajo la Ley 1407 de 2010, vigente desde la fecha de emisión.
- Una excepción para los despachos cuyos equipos aún no han sido escaneados o revisados tecnológicamente, quienes podrán adoptar las medidas necesarias para la gestión de sus procesos, respetando la autonomía judicial.
- La obligación de los funcionarios judiciales de adoptar las medidas necesarias para cumplir con las normas procesales y salvaguardar los derechos fundamentales de los intervinientes, con especial atención a las personas privadas de la libertad.
- La difusión obligatoria de la resolución en todas las sedes judiciales de la jurisdicción penal militar y policial.
Estos puntos reflejan un equilibrio entre la necesidad de retomar la operatividad judicial y la prudencia frente a posibles limitaciones tecnológicas que aún puedan existir en ciertos despachos.
Base legal y normatividad aplicable
La resolución se fundamenta en:
- Los numerales 2 y 12 del artículo 54 de la Ley 1765 de 2015, que otorgan facultades para expedir actos administrativos necesarios para la administración de la justicia penal militar y policial.
- El numeral 13 del artículo 7 del Decreto 312 de 2021, que regula la organización y funcionamiento de la Unidad Administrativa Especial.
- La Ley 1407 de 2010, que establece la ritualidad procesal aplicable a los procesos en esta jurisdicción.
Además, la resolución da continuidad a decisiones previas tomadas en respuesta al ataque cibernético, como las Resoluciones 000453 y 000492 de 2025, que suspendieron inicialmente los términos judiciales.
Impacto y relevancia de la resolución
El impacto inmediato de esta resolución es la reactivación de los procesos judiciales bajo la Ley 1407 de 2010, evitando retrasos judiciales significativos y asegurando el respeto a los derechos procesales. La medida es especialmente relevante para la protección de personas privadas de la libertad, cuya situación requiere atención prioritaria y garantías procesales efectivas.
Asimismo, la resolución refleja la importancia de la infraestructura tecnológica en la administración de justicia moderna y cómo su vulnerabilidad puede afectar el normal desarrollo de los procesos judiciales. La respuesta institucional mediante decisiones administrativas oportunas y coordinadas evidencia el compromiso con la continuidad judicial y la protección de la legalidad.
Finalmente, la resolución invita a los funcionarios judiciales a mantener la autonomía funcional y a adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las normas procesales, fortaleciendo así la seguridad jurídica dentro de la jurisdicción penal militar y policial.
---
Para consultar la resolución completa, puede acceder al Diario Oficial No. 53.184 del 17 de julio de 2025.
