Objetivo y ámbito del proyecto de ley

El Proyecto de Ley número 359 de 2024, actualmente en etapa de discusión y aprobado en segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, tiene como objetivo principal establecer un marco normativo robusto para proteger la salud mental de los niños, niñas y adolescentes en el entorno digital, así como prevenir y atender la violencia que afecta su bienestar a través de medios digitales. El proyecto se inscribe en el ámbito social y de salud pública, extendiendo y modificando disposiciones de la Ley 1616 de 2013 sobre salud mental en Colombia. Tras su aprobación en la plenaria, el proyecto seguirá su curso legal para su eventual sanción y promulgación.

Contexto y problemática que impulsa la iniciativa

En un mundo cada vez más digitalizado, los menores de edad enfrentan riesgos crecientes derivados del uso de internet y plataformas digitales. Problemas como el ciberacoso, el grooming, sexting, sextorsión, stalking y otras formas de violencia digital han evidenciado la necesidad de contar con un marco legal específico que aborde estas situaciones y proteja el derecho fundamental a la salud mental de los menores. La ausencia de mecanismos claros de prevención, atención y protección frente a estas conductas ha generado un vacío normativo que este proyecto busca subsanar, reconociendo la importancia de garantizar entornos digitales seguros y saludables para la población infantil y adolescente.

Contenido clave del proyecto de ley

El texto definitivo introduce varias medidas y definiciones esenciales, entre las que destacan:

• Definición ampliada de salud mental: Se reafirma como un derecho fundamental y componente esencial del bienestar general, enfatizando su protección en el contexto digital.
• Definición de violencia en el entorno digital: Se conceptualizan diversas formas de violencia digital que afectan a los menores, incluyendo grooming, sexting, sextorsión, stalking, ciberacoso (cyberbullying) y happy slapping.
• Principios rectores: Derecho a preservar la salud mental, a no ser víctima, corresponsabilidad social y familiar, acceso a la información, no discriminación, acceso a servicios de salud mental de calidad, participación de usuarios y familias, y financiamiento estatal.
• Medidas de promoción y sensibilización: Estrategias nacionales y territoriales para fomentar una cultura de salud mental y prevención de la violencia digital, capacitación de autoridades y difusión de información.
• Obligaciones de instituciones educativas: Inclusión de protocolos para atención de casos de ciberacoso y formación en prevención y protección para docentes, estudiantes y familias.
• Participación de la sociedad civil: Se reconoce la corresponsabilidad y se establece el deber de denunciar y evitar conductas perjudiciales en el entorno digital.
• Plan de acción para prevención, protección y atención: Coordinado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en articulación con el Ministerio de Salud y otras autoridades, contemplando medidas específicas para autocuidado, control parental, líneas de atención, recuperación y protección de víctimas.
• Protocolos y rutas de atención: Se establece la obligación del ICBF para diseñar y divulgar protocolos claros para la denuncia, atención y protección de menores afectados.
• Actualización y seguimiento: El Ministerio de Salud actualizará guías y protocolos anualmente, y el Consejo Nacional de Salud evaluará el impacto de la política nacional en este ámbito.
• Inspección, vigilancia y control: A cargo del Ministerio de Salud con acompañamiento del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Impacto potencial y debate en torno al proyecto

Este proyecto representa un avance significativo en la protección jurídica de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el entorno digital, especialmente en materia de salud mental y prevención de violencia. La iniciativa promueve un enfoque integral y multidisciplinario que involucra a diversas entidades públicas, el sector educativo, la familia y la sociedad civil, lo cual puede fortalecer la prevención y atención oportuna frente a estos fenómenos. En el debate legislativo, algunos sectores han resaltado la importancia de la corresponsabilidad social y la necesidad de dotar a las entidades públicas de recursos suficientes para implementar efectivamente las medidas propuestas. Por otro lado, algunos actores han manifestado inquietudes sobre la operatividad y suficiencia de los protocolos y rutas de atención, y la necesidad de garantizar que dichos mecanismos respeten los derechos fundamentales, incluido el debido proceso y la privacidad de los menores. Además, se reconoce el desafío de adaptar las políticas públicas a la rápida evolución tecnológica y a la diversidad de plataformas digitales, lo que exige una actualización constante y una coordinación interinstitucional eficaz.

Comparación con legislaciones internacionales

Aunque no se explicita en el texto, el proyecto guarda similitudes con legislaciones y políticas internacionales orientadas a la protección de la infancia en el entorno digital, tales como las recomendaciones de UNICEF y la OMS sobre salud mental y seguridad digital, y leyes de protección infantil en entornos digitales en países de la Unión Europea y América Latina. La incorporación de medidas como la sensibilización, protocolos de atención y la corresponsabilidad es coherente con estándares internacionales, aunque el proyecto colombiano destaca por su enfoque específico en la salud mental complementado con la prevención de violencia digital. Este proyecto de ley se encuentra en trámite legislativo, con aprobación en segundo debate en Cámara, por lo que aún requiere sanción presidencial para convertirse en ley vigente. Su seguimiento y desarrollo normativo serán claves para su efectiva implementación y para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes frente a los riesgos del entorno digital en Colombia. Las autoridades y la sociedad civil deberán trabajar conjuntamente para garantizar que las medidas contempladas en la ley se traduzcan en resultados concretos que contribuyan a entornos digitales más seguros y saludables para las nuevas generaciones.