Contexto y competencia del tribunal

El Tribunal Administrativo de Bolívar, en segunda instancia y a través del Auto de Interlocutorio No. 17/2025, resolvió un incidente de desacato promovido contra la jefatura de la Unidad Prestadora de Salud Bolívar de la Policía Nacional. La competencia para conocer del caso está establecida en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, que regula el trámite de los incidentes de desacato en procesos administrativos relacionados con sentencias de tutela.

Antecedentes fácticos y procesales

El proceso se originó a partir de una acción de tutela interpuesta en defensa de los derechos fundamentales a la salud, vida digna y seguridad social de un paciente con múltiples patologías, incluyendo una amputación supracondílea del miembro inferior izquierdo. En primera instancia, el Juzgado Administrativo competente ordenó a la Unidad Prestadora de Salud autorizar y entregar todos los servicios, medicamentos e insumos necesarios para el manejo integral del estado de salud del paciente, incluyendo la asignación de un cuidador domiciliario y equipo médico especializado. La sentencia fue confirmada y parcialmente modificada en segunda instancia, donde se enfatizó la necesidad de garantizar la valoración médica completa y la continuidad del tratamiento, así como la entrega de insumos específicos como pañales y cremas anti escaras, condicionados a la prescripción médica. También se declaró improcedente la solicitud relacionada con la historia clínica y epicrisis hospitalaria por razones procesales. Posteriormente, se abrió un incidente de desacato por incumplimientos en la programación de exámenes médicos especializados ordenados, la entrega incompleta y de baja calidad de insumos, y la falta de asignación de citas con especialistas pertinentes. La jefatura de la Unidad Prestadora de Salud alegó dificultades administrativas derivadas de procesos de contratación pendientes, aunque no presentó pruebas suficientes que demostraran avances concretos para superar tales obstáculos.

Consideraciones y decisión del Tribunal

El Tribunal Administrativo de Bolívar evaluó si existía incumplimiento injustificado de las sentencias de tutela por parte de la jefatura de la Unidad Prestadora de Salud. En cuanto al elemento objetivo, constató que no se había autorizado ni programado la cita con el especialista en cirugía vascular, ni se había realizado el ecocardiograma transtorácico en las fechas ordenadas. Además, la programación de algunos procedimientos se había desplazado a otros municipios sin constancia de su realización efectiva, lo que afectó el derecho a la salud del paciente. Respecto al elemento subjetivo, el Tribunal encontró que la conducta de la responsable fue displicente, evidenciando indiferencia frente a las órdenes judiciales y omitiendo la supervisión y gestión necesarias para garantizar la prestación integral y oportuna de los servicios de salud. La ausencia de evidencia sobre el inicio o desarrollo de procesos de contratación para garantizar la prestación de los servicios requeridos debilitó la justificación presentada. En virtud de lo anterior, la Sala confirmó la sanción impuesta originalmente por el Juzgado Décimo Quinto Administrativo del Circuito de Cartagena, consistente en una multa equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes. La sanción se fundamentó en la gravedad de la vulneración de derechos fundamentales como la salud, la vida digna y la dignidad humana, afectadas por la falta de prestación efectiva y completa de los servicios ordenados.

Implicaciones jurídicas y administrativas

Esta decisión reafirma la obligación de las entidades prestadoras de salud de cumplir de manera integral y sin dilaciones con las órdenes emitidas en sentencias de tutela, especialmente cuando se trata de pacientes en condición de especial protección constitucional. Además, subraya la responsabilidad individual de los funcionarios encargados de garantizar la efectiva ejecución de los fallos judiciales en materia de derechos fundamentales. El fallo también destaca la importancia de la transparencia y la documentación en los procesos administrativos, ya que la falta de pruebas sobre gestiones administrativas limita la posibilidad de justificar incumplimientos. Por último, el auto confirma que la imposición de sanciones es una herramienta válida para asegurar el respeto y cumplimiento de los derechos constitucionales en el ámbito administrativo.

Conclusión

El Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante Auto de Interlocutorio No. 17/2025, confirmó la multa impuesta a la jefatura de la Unidad Prestadora de Salud Bolívar de la Policía Nacional por incumplimiento en la prestación integral de servicios médicos ordenados judicialmente a un paciente bajo tutela. La decisión enfatiza la necesidad de garantizar el acceso efectivo a la salud como derecho fundamental y la responsabilidad de los funcionarios en el cumplimiento de las sentencias para proteger la vida digna y la seguridad social. Este fallo envía un mensaje claro sobre la importancia de la diligencia y compromiso en la administración pública para la protección de derechos fundamentales, reafirmando que la justicia está atenta y dispuesta a sancionar cualquier negligencia que comprometa la salud y bienestar de los ciudadanos más vulnerables.