Propósito general del proyecto de resolución

La Agencia Nacional de Tierras, en ejercicio de sus facultades legales conferidas por el Decreto Ley 902 de 2017 y el Decreto Ley 2363 de 2015, adoptó el Reglamento Operativo para la formalización de propiedad privada a organizaciones campesinas. Este reglamento tiene como propósito presentar y organizar el procedimiento único para la formalización de la propiedad privada de personas jurídicas con vocación agraria, tales como asociaciones campesinas, cooperativas del sector solidario, comunidades organizadas y asociaciones de víctimas. La iniciativa se fundamenta en los artículos 64 y 65 de la Constitución Política, que establecen la obligación del Estado de promover el acceso progresivo a la tierra para los trabajadores agrarios, con el fin de mejorar sus ingresos y calidad de vida.

Objetivo principal y beneficiarios

El objetivo principal del proyecto de resolución es reglamentar el procedimiento para formalizar la propiedad privada a organizaciones campesinas, optimizando la implementación de la política pública de acceso y formalización de tierras a través del Registro de Sujetos de Ordenamiento (RESO). Esta formalización busca fortalecer la economía campesina, garantizar la seguridad jurídica sobre la tierra y promover el desarrollo rural sostenible. Los beneficiarios directos son las asociaciones campesinas, cooperativas con vocación agraria, comunidades organizadas y asociaciones de víctimas que cumplen con los requisitos establecidos para ser sujetos de formalización, así como sus miembros.

Nuevas disposiciones y mecanismos introducidos

El reglamento operativo establece un procedimiento claro para la recepción, valoración y selección de solicitudes de formalización de propiedad privada presentadas por personas jurídicas con vocación agraria. Entre las disposiciones más relevantes se incluyen:

• Definición clara de los sujetos de formalización: asociaciones con vocación agraria, organizaciones cooperativas del sector solidario, comunidades organizadas para programas de asentamiento y reasentamiento, y asociaciones de víctimas.
• Ingreso y manejo en el RESO: las organizaciones que cumplan los requisitos serán incorporadas en el módulo de Organizaciones Campesinas del RESO, herramienta clave para la planeación y ejecución de la política pública de tierras.
• Valoración individual de miembros: se verifica que cada miembro de la organización cumpla con los requisitos legales para el acceso a tierras, tales como no haber sido beneficiario previo de programas de tierras, no estar implicado en ocupación indebida de tierras baldías o fiscales, y cumplir con criterios de patrimonio y antecedentes judiciales.
• Uso de la información y libertad probatoria: la ANT podrá utilizar información aportada por las organizaciones, bases de datos oficiales y otras pruebas válidas para verificar el cumplimiento de los requisitos, garantizando el tratamiento adecuado de datos personales sensibles conforme a la Ley 1581 de 2012.

Acciones y regulaciones específicas

El reglamento operacionaliza las siguientes acciones y regulaciones:

• Recepción formal de solicitudes: la ANT recibirá las solicitudes a través de los canales oficiales, siempre que sean presentadas por los órganos competentes para comprometer la voluntad jurídica de las organizaciones, quienes además deberán allegar la relación completa de sus miembros.
• Procedimiento de selección y postulación: se establece un proceso transparente de postulación y valoración para garantizar que solo las organizaciones que cumplan con los criterios de vocación agraria y requisitos individuales de sus miembros sean incluidas en el RESO.
• Protección de la información: la ANT debe asegurar el manejo adecuado y confidencial de los datos personales entregados en el proceso, en especial los datos sensibles de los asociados.
• Aplicación de normativas complementarias: en lo no previsto expresamente en el reglamento, se aplicarán las disposiciones del Decreto Ley 902 de 2017 y demás reglamentos operativos de la ANT.

Impacto esperado y alcance potencial

La adopción del reglamento operativo tiene un impacto significativo en la formalización de la tierra para organizaciones campesinas, fortaleciendo la seguridad jurídica sobre la propiedad rural y promoviendo la estabilidad para el desarrollo agrícola, pecuario, forestal y pesquero. Al facilitar un procedimiento claro y riguroso, se busca garantizar la transparencia y equidad en la asignación de la propiedad privada, promoviendo el acceso progresivo a la tierra conforme a la Constitución. Además, el reglamento contribuye a la implementación efectiva de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final, fortaleciendo la economía campesina y el ordenamiento territorial. Su alcance incluye a organizaciones campesinas de todo el territorio nacional que cumplan con los requisitos, así como a sus miembros, ampliando la cobertura de formalización y promoviendo la inclusión social y productiva.

Participación de actores clave

El proyecto de resolución fue elaborado y aprobado por la Dirección General de la Agencia Nacional de Tierras, con la participación de diversas dependencias internas como la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras, la Subdirección de Seguridad Jurídica, la Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad y la Subdirección de Sistemas de Información. Asimismo, se garantizó la participación ciudadana y de grupos de interés mediante la publicación anticipada de la resolución para comentarios y observaciones, en cumplimiento del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. De esta manera, la ANT asegura un proceso participativo y transparente en la expedición de esta normativa, reafirmando su compromiso con la gestión pública orientada al desarrollo rural y la formalización de tierras. --- Esta resolución representa un avance normativo relevante para la formalización de tierras a organizaciones campesinas en Colombia, estableciendo un marco operativo que promueve la seguridad jurídica, la equidad y la sostenibilidad en el acceso a la tierra por parte de quienes desarrollan actividades rurales en el país. Con esta normativa, la Agencia Nacional de Tierras continúa fortaleciendo su rol como ente promotor de la justicia social y el desarrollo rural integral, contribuyendo al bienestar de las comunidades campesinas y al cumplimiento de los objetivos de la política agraria nacional.