Tribunal y naturaleza de la decisión

La decisión fue proferida por la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en segunda instancia, confirmando la sentencia absolutoria dictada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Medellín. La providencia consistió en una sentencia emitida el 17 de julio de 2025, la cual resolvió el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación y la DIAN contra la absolución de los procesados.

Antecedentes fácticos y procesales

El caso se originó a partir de una denuncia presentada por la DIAN en diciembre de 2016, en la que se señalaba que varias empresas nacionales, entre ellas RYMEL Ingeniería Eléctrica SAS, habrían simulado contratos de prestación de servicios con empresas extranjeras, específicamente con una sociedad costarricense, para generar facturas por servicios supuestamente no prestados. Estas facturas habrían sido registradas contablemente y utilizadas para deducir gastos en las declaraciones de renta de los años 2013 y 2015, lo que habría dado lugar a un menor pago de impuestos por un valor aproximado de $181.524.000. Los acusados, quienes desempeñaban cargos como representante legal, contador y revisor fiscal de la empresa, fueron imputados por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares (artículo 327 del Código Penal) y falsedad en documento privado (artículo 289 del Código Penal), en concurso de delitos. El proceso penal se adelantó mediante un procedimiento ordinario, con audiencia preparatoria y juicio oral. El Juzgado de primera instancia emitió sentencia absolutoria en diciembre de 2024, argumentando que la Fiscalía no logró probar la tipicidad material de las conductas ni el dolo en el actuar de los acusados. La Fiscalía y la DIAN interpusieron recursos de apelación contra dicha sentencia.

Consideraciones jurídicas y fundamentos de la decisión

La Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de Medellín analizó en detalle los argumentos de la Fiscalía, la DIAN y la defensa, así como la valoración probatoria realizada en primera instancia.

Sobre el delito de enriquecimiento ilícito de particulares:

El tribunal recordó que este delito, tipificado en el artículo 327 del Código Penal, requiere la existencia de un incremento patrimonial no justificado, derivado de una actividad delictiva, ya sea propia o de un tercero, con conocimiento del origen ilícito de los recursos. Sin embargo, señaló que para condenar es indispensable que el Estado demuestre el incremento patrimonial injustificado y su relación causal con la actividad ilegal. En este caso, se constató que la empresa RYMEL realizó pagos por un valor superior al monto del impuesto supuestamente omitido, y que, tras un proceso de normalización tributaria, corrigió las declaraciones de renta de los años 2014 y 2015, pagando impuestos adicionales que superaron el valor inicialmente cuestionado. Por tanto, no se evidenció un incremento patrimonial injustificado a favor de la sociedad, lo que descartó la configuración del delito.

Sobre el delito de falsedad en documento privado:

El tribunal recordó que la falsedad en documento privado puede ser material o ideológica, y que para su configuración se requiere que el documento tenga capacidad probatoria para establecer o modificar una relación jurídica, y que sea utilizado con fines jurídicos. En el caso, aunque se estableció la existencia de un contrato suscrito por la representante legal y la expedición de facturas, no se probó su falsedad ideológica. La Fiscalía no aportó elementos suficientes que demostraran que los contratos y facturas fueran ficticios o que se hubieran utilizado con la intención de afectar la fe pública. Además, se destacó que las facturas fueron pagadas y registradas contablemente, y que el proceso de normalización tributaria realizado por la empresa fue válido y legal.

Sobre la valoración probatoria y exclusión de pruebas:

Un punto crucial en la decisión fue la exclusión de la prueba obtenida mediante un CD/DVD blanco que contenía información de la DIAN y que fue obtenida sin control judicial. El tribunal sostuvo que dicha prueba era ilícita e ilegal por haberse obtenido con violación de garantías constitucionales, especialmente del derecho a la intimidad, y que no se cumplió con el debido proceso probatorio para su incorporación. La Fiscalía había desistido de incorporar dicha prueba tras una decisión previa en otro proceso similar. Por ello, la Sala concluyó que no se podía otorgar valor probatorio a la información contenida en ese medio, ni a las pruebas derivadas de la misma. Esto debilitó la teoría del caso de la Fiscalía, que dependía en gran medida de esa evidencia.

Sobre las estipulaciones probatorias y testimonios:

Si bien existieron estipulaciones probatorias aceptadas por las partes respecto a la existencia de contratos, facturas, estados financieros y declaraciones de renta, el tribunal señaló que estas no implicaban la renuncia a derechos constitucionales ni constituían confesiones de responsabilidad penal. Los testimonios de la defensa y los dictámenes periciales indicaron que la empresa realizó ventas reales y que la sociedad extranjera prestó efectivamente servicios de intermediación, lo que justificaba las comisiones pagadas. Asimismo, se evidenció que la corrección de las declaraciones tributarias fue un procedimiento legal dentro del marco del Estatuto Tributario.

Conclusión de la Sala Penal de Decisión

La Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de Medellín confirmó la sentencia absolutoria, concluyendo que la Fiscalía no probó más allá de toda duda razonable la comisión de los delitos imputados. La ausencia de prueba válida y suficiente, la falta de demostración de dolo, la inexistencia de incremento patrimonial injustificado y la validez del proceso de normalización tributaria llevaron a desestimar las acusaciones de enriquecimiento ilícito y falsedad en documento privado. La decisión enfatiza la importancia del debido proceso probatorio, la necesidad de valorar únicamente las pruebas legalmente incorporadas y la garantía de la presunción de inocencia como pilares fundamentales en la administración de justicia penal. Contra esta sentencia procede recurso de casación. --- Esta sentencia pone de manifiesto la complejidad de los procesos penales en materia económico-fiscal y la relevancia de respetar estrictamente las garantías procesales para asegurar una adecuada impartición de justicia. Así, se reafirma el compromiso del sistema judicial con la protección de los derechos fundamentales y la correcta aplicación de la ley en casos de alta complejidad técnica y jurídica.