Objetivo y ámbito del proyecto de ley

El proyecto de ley 474 de 2024 tiene como fin primordial la creación de un marco normativo que fortalezca la lucha contra el hambre y la inseguridad alimentaria en Colombia, en el marco del Derecho Humano a la Alimentación y Nutrición Adecuadas, la soberanía alimentaria y la participación activa de las comunidades afectadas. Se dirige específicamente al ámbito social y nutricional, buscando garantizar el acceso progresivo y efectivo a una alimentación adecuada para todos los colombianos. En cuanto a su trámite legislativo, el proyecto fue aprobado en segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes el 16 de junio de 2025 y se encuentra en curso para continuar su proceso legal y reglamentario conforme al artículo 183 de la Ley 5ª de 1992. Los siguientes pasos incluyen la conciliación y eventualmente la sanción presidencial para su promulgación.

Contexto y necesidades que atiende la iniciativa

Colombia enfrenta desafíos significativos relacionados con la inseguridad alimentaria y el hambre, fenómenos que afectan a amplios sectores de la población, especialmente en comunidades rurales, campesinas, indígenas y poblaciones vulnerables identificadas por el Sisbén. La legislación vigente, aunque avanzada en materia de políticas públicas para la alimentación, requiere medidas complementarias que fortalezcan la coordinación institucional, la financiación de programas y estrategias para la prevención del desperdicio de alimentos. El proyecto surge como respuesta a la necesidad de articular esfuerzos nacionales y territoriales para enfrentar estas problemáticas, incorporar mecanismos efectivos de donación de alimentos y promover la economía campesina y familiar, todo ello en coherencia con las recientes reformas constitucionales y leyes sectoriales.

Contenido clave del proyecto de ley

Entre las disposiciones más relevantes del proyecto destacan:

• Creación del Fondo Nacional para la Lucha contra el Hambre, la Inseguridad Alimentaria y el Desperdicio de Alimentos: Este fondo, adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, funcionará como un patrimonio autónomo destinado a financiar programas, planes y proyectos orientados a garantizar el derecho a la alimentación y a prevenir el desperdicio. Será administrado por una sociedad fiduciaria y contará con supervisión fiscal de la Contraloría General de la República.
• Focalización y priorización de beneficiarios: Las comunidades beneficiarias serán seleccionadas conforme a indicadores oficiales de pobreza extrema e inseguridad alimentaria del DANE, abarcando municipios rurales, comunidades étnicas y poblaciones en niveles específicos del Sisbén.
• Medidas para incentivar la donación de alimentos: Se unifican procedimientos para la donación de alimentos aptos para el consumo humano, incluyendo aquellos decomisados o aprehendidos, mediante un decreto reglamentario conjunto de varias entidades nacionales. Se promueven campañas informativas y pedagógicas para sensibilizar a productores, comercializadores y consumidores sobre la importancia de la donación y la prevención del desperdicio.
• Régimen sancionatorio: Se establece un régimen de multas escalonadas para personas jurídicas que incumplan las normas sobre desperdicio de alimentos, con competencia sancionatoria delegada a alcaldías y gobernaciones, y supervisión de la Comisión Intersectorial del Derecho Humano a la Alimentación.
• Actualización periódica de políticas y encuestas: La Comisión Intersectorial actualizará cada cinco años la Política Pública para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación y la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional (ENSIN), asegurando la participación de los titulares de derechos y grupos étnicos.
• Programa “Ruta de Donación de Alimentos” y Sello Alimentarte: Se busca conectar eficientemente la oferta y demanda de alimentos excedentarios para donación, promover la producción nacional y reconocer a productores y comercializadores comprometidos con la seguridad alimentaria mediante un sello distintivo.

Impacto potencial y debate en torno al proyecto

El establecimiento de un fondo especializado y la institucionalización de medidas para la donación de alimentos representan avances importantes para la reducción del hambre y la inseguridad alimentaria. Se espera que estas acciones fortalezcan la economía campesina y familiar, mejoren la coordinación entre el gobierno nacional y las entidades territoriales, y reduzcan significativamente el desperdicio de alimentos en Colombia. No obstante, el proyecto también plantea debates en cuanto a la sostenibilidad de las fuentes de financiación, el alcance de las sanciones y la efectividad de los mecanismos de supervisión y evaluación. La exclusión explícita del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de los recursos del Fondo busca evitar duplicidades, pero exige claridad en la articulación interinstitucional. Los actores involucrados, incluyendo entidades territoriales, organizaciones sociales y expertos en seguridad alimentaria, han manifestado su interés en la implementación efectiva de las medidas, resaltando la necesidad de garantizar la transparencia, la participación ciudadana y la vigilancia continua para asegurar resultados tangibles. Se espera que durante las próximas fases legislativas se continúe el debate técnico que permita afinar los aspectos operativos y financieros de la ley.

Comparación con legislaciones internacionales

En el ámbito internacional, varios países han adoptado fondos y políticas similares para enfrentar la inseguridad alimentaria, con énfasis en la reducción del desperdicio y la promoción de la donación de alimentos. El proyecto colombiano se alinea con la tendencia global de reconocer el derecho a la alimentación como un derecho humano fundamental y de implementar mecanismos multisectoriales para su garantía. Sin embargo, la integración de un fondo específico con un enfoque en la economía campesina, familiar y étnica aporta un componente diferencial que responde a las particularidades sociales y culturales del país, lo que podría constituir un modelo replicable para naciones con contextos similares. En definitiva, aunque se trata aún de un proyecto en trámite, el avance de esta iniciativa legislativa refleja el compromiso del Estado colombiano por enfrentar una problemática crucial para el bienestar de su población y por consolidar un marco jurídico que facilite acciones coordinadas y efectivas en materia de seguridad alimentaria. Se espera que su aprobación final permita implementar políticas más inclusivas y sostenibles, contribuyendo así a la erradicación del hambre y al mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos.