Contexto y competencia del tribunal

La Corte Constitucional, en ejercicio de su competencia para el control automático de constitucionalidad de los decretos legislativos emitidos en estados de excepción, examinó el Decreto Legislativo 133 de 2025. Esta providencia fue dictada en segunda instancia, tras la remisión del decreto por parte del Gobierno Nacional, y en el marco del control constitucional estricto que regula los estados de conmoción interior, conforme a los artículos 213 y 214 de la Constitución Política y la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción (LEEE).

Antecedentes fácticos y procesales

El Gobierno Nacional, amparado en la facultad constitucional prevista en el artículo 213, decretó el estado de conmoción interior en la región del Catatumbo, el área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González mediante el Decreto Legislativo 62 de 2025. En desarrollo de esta declaratoria, expidió el Decreto Legislativo 133 de 2025, con el objetivo de adoptar medidas excepcionales en materia de TIC para facilitar la comunicación segura y efectiva durante la crisis humanitaria y la grave perturbación del orden público en dichas zonas. El decreto buscaba flexibilizar temporalmente los requisitos para el otorgamiento de permisos de uso del espectro radioeléctrico a entidades públicas y organismos humanitarios debidamente acreditados, con el fin de garantizar la continuidad de comunicaciones esenciales para labores de socorro, seguridad y atención humanitaria. La medida se circunscribía expresamente al ámbito territorial de la declaratoria y tenía vigencia limitada al término del estado de conmoción interior. Tras la expedición del decreto, este fue remitido a la Corte Constitucional para el control automático de constitucionalidad, proceso que incluyó la recepción de pruebas, intervenciones de entidades como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la Agencia Nacional del Espectro y diversas organizaciones de la sociedad civil, así como el concepto del Procurador General de la Nación.

Consideraciones principales de la providencia

La Corte inició el análisis verificando que el contenido del decreto se ajustaba a los fines autorizados en la Sentencia C-148 de 2025, que declaró constitucional parcialmente el decreto de declaratoria del estado de conmoción interior. En efecto, las medidas adoptadas guardaban relación directa con la crisis humanitaria y la intensificación de la violencia armada en la región, enfocándose en garantizar comunicaciones seguras para operaciones de socorro y protección de derechos fundamentales. En cuanto al cumplimiento de los requisitos formales, se constató que el decreto fue expedido dentro del plazo legal de noventa días y delimitado territorialmente conforme a la declaratoria. Contaba con motivación expresa y suficiente, y fue remitido oportunamente a la Corte para su control. Sin embargo, la Sala Plena identificó un grave vicio formal en la suscripción del decreto. En particular, el decreto fue firmado por dos funcionarios que no contaban con competencia funcional vigente al momento de su expedición: uno de ellos se encontraba en permiso remunerado, generando vacancia temporal en el cargo, y otro había cesado en su encargo ministerial el día anterior a la firma. La omisión de la firma de los ministros titulares o de quienes legalmente los reemplazaban constituyó un incumplimiento del artículo 214.1 de la Constitución, que exige la suscripción de todos los ministros en ejercicio para los decretos legislativos expedidos en estados de excepción. La Corte recordó que esta exigencia no es una formalidad sin importancia, sino una garantía esencial que asegura la responsabilidad política del Ejecutivo y preserva el control democrático en el ejercicio de facultades excepcionales. La suscripción por parte de quienes no tenían competencia funcional equivalía a un vicio formal insubsanable que impedía continuar con el análisis material del decreto. En consecuencia, la Sala Plena declaró la inexequibilidad del Decreto Legislativo 133 de 2025, sin entrar a examinar sus aspectos sustantivos, por incumplimiento de un requisito constitucional de validez formal.

Importancia del control formal en estados de excepción

Este fallo reafirma la rigurosidad del control constitucional sobre los actos legislativos expedidos en estados de excepción, donde la temporalidad, la delimitación territorial, la motivación, la remisión para control y la suscripción por el presidente y todos los ministros en ejercicio constituyen requisitos esenciales e ineludibles. El respeto a estas condiciones protege el equilibrio de poderes y la legitimidad democrática, aun en contextos de crisis excepcionales. Asimismo, la decisión subraya la necesidad de que las autoridades encargadas de la expedición de normas en situaciones excepcionales cumplan estrictamente con sus competencias funcionales y legales, de modo que la validez de los actos que afectan derechos fundamentales y garantías constitucionales no se vea comprometida.

Conclusión

La Sentencia C-220 de 2025, emitida por la Sala Plena de la Corte Constitucional, declaró inexequible el Decreto Legislativo 133 de 2025 por un vicio formal insubsanable en la suscripción del decreto. La providencia destaca la importancia del cumplimiento estricto de los requisitos formales previstos en la Constitución y la Ley Estatutaria de los Estados de Excepción para la validez de los actos legislativos adoptados en estados de conmoción interior. Este control forma parte del sistema institucional que busca preservar la responsabilidad política, el respeto al principio de legalidad y la protección de los derechos fundamentales en situaciones extraordinarias de orden público y emergencia humanitaria. Con esta decisión, la Corte envía un mensaje claro sobre la importancia del rigor y la responsabilidad en el manejo de las facultades excepcionales, garantizando que dichas medidas se adopten con pleno respeto a los procedimientos constitucionales y legales, en defensa de la democracia y los derechos de todos los ciudadanos.