Contexto y naturaleza de la providencia

La providencia en cuestión es un auto interlocutorio emitido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en Sala Unitaria, con fecha 18 de julio de 2025. La decisión se da en el marco de un proceso iniciado mediante un medio de control de nulidad por inconstitucionalidad, regulado en el artículo 135 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). El actor, en ejercicio de dicho medio, solicitó la suspensión provisional y la posterior declaratoria de nulidad de una circular expedida por el director de Transporte y Tránsito del Ministerio de Transporte.

Antecedentes fácticos y procesales

La circular en cuestión, fechada el 24 de diciembre de 2024, establece disposiciones sobre el control de condiciones técnico-mecánicas y la cobertura de seguros obligatorios para vehículos. Según lo informado por el Ministerio de Transporte, dicha circular fue expedida en cumplimiento de las disposiciones contenidas en los artículos 42, 51 y 52 de la Ley 769 de 2002, modificados a su vez por el Decreto Ley 19 de 2012 y la Ley 2294 de 2023. El demandante cuestionó la constitucionalidad de la circular, utilizando el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad, previsto en el artículo 135 del CPACA, que permite a los ciudadanos solicitar la nulidad de actos de carácter general que sean violatorios de la Constitución cuando no corresponde la revisión a la Corte Constitucional.

Consideraciones jurídicas y fundamentos de la decisión

El Consejo de Estado realizó un análisis detallado de la naturaleza del acto administrativo impugnado y la procedencia del medio de control invocado. Para ello, examinó los requisitos establecidos en la jurisprudencia de la Corporación, que precisan que para que sea procedente la nulidad por inconstitucionalidad bajo el artículo 135 del CPACA, la norma debe ser:

• De carácter general y expedida por el Gobierno Nacional o una entidad distinta en ejercicio de una atribución directa derivada de la Constitución.
• Un reglamento autónomo o constitucional, es decir, que desarrolle directamente preceptos constitucionales sin la existencia de una ley previa.
• Que la revisión se realice directamente frente a la Constitución, sin pasar por la ley.
• Que la competencia para revisar la disposición no corresponda a la Corte Constitucional según lo previsto en la Constitución.

En el presente caso, el Consejo determinó que la circular impugnada no es un reglamento autónomo ni constitucional, dado que su expedición obedeció al desarrollo de una ley previa (Ley 769 de 2002 y sus modificaciones). Por lo tanto, no se cumplen los requisitos para que proceda el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad. Ante esta situación, y conforme al artículo 171 del CPACA, el Consejo de Estado decidió adecuar el trámite de la demanda al medio de control de nulidad ordinaria previsto en el artículo 137 del mismo código, para continuar con el análisis jurídico correspondiente.

Medidas ordenadas y pasos a seguir

En el auto interlocutorio, la Sala ordenó:

• La admisión formal de la demanda, por ajustarse a las formalidades legales.
• Notificaciones personales a la ministra de Transporte, al Procurador Delegado ante la Sección Primera del Consejo de Estado y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, conforme a las disposiciones del CPACA y sus reformas recientes.
• Notificación por estado al demandante.
• Remisión inmediata de copias de la providencia y de la demanda a las partes notificadas, excepto al Ministerio de Transporte, debido a la remisión previa realizada por el actor.
• Conceder un término de treinta días para que la parte demandada conteste la demanda, proponga excepciones, solicite pruebas o llame en garantía, con la advertencia sobre la obligación de aportar los antecedentes administrativos del acto impugnado.
• Informar a la comunidad sobre la existencia del proceso a través del sitio web del Consejo de Estado, en cumplimiento de las normas de publicidad procesal.

Importancia del pronunciamiento

Este auto interlocutorio del Consejo de Estado es relevante porque clarifica el alcance y los límites del medio de control de nulidad por inconstitucionalidad frente a los actos administrativos derivados de disposiciones legales. La decisión reafirma la jurisprudencia que distingue entre reglamentos autónomos y reglamentos que desarrollan leyes, lo que impacta directamente en la procedencia de los diferentes medios de control jurídico. Además, la adecuación automática del medio de control garantiza la continuidad del proceso, protegiendo el derecho fundamental de acceso a la justicia y asegurando que las controversias sobre la legalidad de actos administrativos sean resueltas conforme a las normas procesales vigentes.

Conclusión

El Consejo de Estado, a través de esta providencia, establece un criterio claro sobre la procedencia del medio de control de nulidad por inconstitucionalidad en relación con actos administrativos vinculados a reglamentos que desarrollan leyes. La admisión de la demanda y la adecuación del trámite reflejan el compromiso de la jurisdicción contencioso administrativa con la correcta aplicación del derecho y la protección de los derechos de los ciudadanos frente a actuaciones administrativas. El proceso continuará con el análisis de fondo de la demanda bajo el medio de control de nulidad ordinaria, garantizando así el debido proceso y el respeto a la legalidad en la administración pública.