Contexto y competencia del tribunal

El Consejo de Estado, a través de su Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta, resolvió un auto de única instancia relacionado con una demanda de nulidad electoral presentada contra el Senado de la República. El caso se centró en el procedimiento legislativo mediante el cual el Senado emitió un concepto desfavorable a la solicitud presidencial para convocar una consulta popular nacional. La competencia de la Sala para resolver la medida cautelar se fundamenta en la Ley 1437 de 2011, modificada por la Ley 2080 de 2021, y en el artículo 149 ordinal 1.º de la Constitución Política, en concordancia con acuerdos internos del Consejo de Estado. Estas normas asignan a dicha Sala la función de decidir sobre medidas cautelares contra actos administrativos de contenido electoral.

Antecedentes fácticos y procesales

La demanda fue presentada en mayo de 2025 en ejercicio del medio de control de nulidad electoral. El solicitante cuestionó la legalidad del procedimiento de votación llevado a cabo el 14 de mayo de 2025 en el Senado, donde se emitió un concepto negativo —con 49 votos en contra frente a 47 a favor— sobre la convocatoria de la consulta popular nacional propuesta por el Presidente de la República. Entre las irregularidades alegadas, se mencionó la abstención de un senador que figuraba registrado para votar, la imposibilidad de otros congresistas para ejercer su derecho al voto, la supuesta modificación del sentido de un voto después del cierre oficial de la votación y la brevedad del tiempo para emitir el voto, inferior a tres minutos. Se invocaron normas de la Ley 5 de 1992 que regulan el procedimiento legislativo y la votación en el Congreso. El demandante solicitó la nulidad del procedimiento y la suspensión provisional de sus efectos. Además, la Fundación para el Estado de Derecho, como tercero interesado, interpuso una medida cautelar de urgencia para suspender provisionalmente el Decreto 0639 de 2025 —expedido por el Presidente de la República el 11 de junio de 2025— que formalmente convocaba a la consulta popular, alegando que dicho decreto desconocía la decisión del Senado y vulneraba principios constitucionales como la separación de poderes y el debido proceso. Durante el proceso, se reconocieron múltiples coadyuvantes y terceros impugnadores, y se llevó a cabo el traslado de las solicitudes de medidas cautelares para que las partes interesadas pudieran presentar sus alegatos.

Consideraciones jurídicas de la providencia

La Sala comenzó por precisar la naturaleza y los requisitos de las medidas cautelares en la jurisdicción contencioso administrativa, conforme a la Constitución Política y al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). En particular, se destacó que la suspensión provisional de efectos de actos administrativos procede cuando hay violaciones evidentes de normas superiores y que la medida debe estar directamente relacionada con las pretensiones de la demanda. En el caso concreto, la Sala advirtió que la solicitud de suspensión provisional del Decreto 0639 de 2025 formulada por la Fundación para el Estado de Derecho no tiene una relación directa y necesaria con la demanda principal, que busca la nulidad del acto de certificación del Senado. Esta diferencia entre el objeto del proceso y la medida cautelar solicitada fue determinante para negar la suspensión provisional. Asimismo, la Sala recordó que el Decreto 0639 de 2025 se encuentra suspendido por otra providencia de la Sala de lo Electoral desde el 18 de junio de 2025, lo que implica que no resulta procedente suspender sus efectos en este trámite, de conformidad con la jurisprudencia que establece que no se puede suspender provisionalmente una norma que no está vigente. Finalmente, la decisión enfatizó que negar la medida cautelar no implica prejuzgamiento sobre el fondo del asunto, en cumplimiento del artículo 229 del CPACA, que establece que las decisiones sobre medidas cautelares no prejuzgan el fallo final.

Conclusión del auto

Por estas razones, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado negó la medida cautelar solicitada por la Fundación para el Estado de Derecho para suspender provisionalmente los efectos del Decreto 0639 de 2025. La providencia ordenó continuar con el trámite del proceso principal sin afectar la vigencia del decreto, respetando el debido proceso y la imparcialidad judicial. Esta decisión revela la rigurosidad con la cual el Consejo de Estado evalúa la procedencia de medidas cautelares en materia electoral y administrativa, enfatizando la necesidad de que dichas medidas guarden relación directa con las pretensiones de la demanda y respeten los principios de legalidad y competencia. La tutela judicial en materia electoral se mantiene como un mecanismo fundamental para garantizar la transparencia y la legalidad de los actos legislativos y administrativos en Colombia, mientras se resuelven los debates sobre el alcance de competencias entre los poderes públicos. Con este pronunciamiento, el Consejo de Estado reafirma su compromiso con el respeto al Estado de Derecho y la estabilidad institucional, contribuyendo a la consolidación de procesos democráticos legítimos y confiables.