Contexto y antecedentes del caso

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia resolvió en primera instancia una acción de tutela presentada por un ciudadano que alegaba la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad social. El demandante promovió un proceso ordinario laboral contra una sociedad comercial, buscando que se declarara la ineficacia de su despido por considerar que contaba con estabilidad laboral reforzada debido a padecimientos de origen laboral y común, y que la empresa no había solicitado la autorización correspondiente al Ministerio del Trabajo para efectuar la terminación unilateral de la relación laboral. El trabajador solicitó que se ordenara su reintegro al cargo o, subsidiariamente, el pago de indemnización por despido injustificado, incluyendo además prestaciones sociales y sus respectivos intereses y costas procesales. Sin embargo, tanto el Juzgado Laboral de primera instancia como la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla negaron todas las pretensiones en sentencias emitidas en 2021 y 2024, respectivamente. Contra esta última decisión no se interpuso recurso extraordinario de casación. El recurrente interpuso entonces la acción de tutela contra dichas decisiones judiciales, argumentando que no se valoraron adecuadamente las pruebas y que su despido fue discriminatorio debido a su condición médica, la cual era conocida por el empleador. Solicitó que se anularan las sentencias y se ordenara la emisión de nuevas providencias que reconocieran su estabilidad laboral reforzada.

Consideraciones jurídicas de la Corte Suprema

La Corte Suprema de Justicia recordó que el artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela es un mecanismo excepcional...