Providencia judicial en segunda instancia y acción de tutela

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en decisión fechada el 23 de abril de 2025, resolvió una acción de tutela promovida en contra de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali, dentro del trámite de un proceso ordinario laboral. La acción buscaba la protección de derechos fundamentales alegadamente vulnerados en una decisión judicial relacionada con el pago retroactivo y reajuste de una pensión de vejez reconocida a una afiliada del Sistema General de Pensiones. El caso se originó en el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Cali, que emitió un fallo el 26 de agosto de 2024, declarando parcialmente probada la excepción de inexistencia de obligación para el retroactivo solicitado y condenando a Colpensiones a efectuar ciertos pagos por diferencias pensionales, reajustes y sus respectivos intereses, absolviéndola de otras pretensiones. La parte actora apeló parcialmente la absolución respecto al retroactivo anterior al 1 de junio de 2023 y Colpensiones apeló todas las condenas. El Tribunal Superior de Cali, en sentencia de 31 de enero de 2025, modificó parcialmente el fallo aumentando el monto del retroactivo reconocido y confirmó lo demás.

Antecedentes fácticos y procesales

La persona accionante inició un proceso ordinario laboral para reclamar el pago retroactivo de la pensión de vejez desde noviembre de 2021 hasta mayo de 2023, así como el reajuste de la mesada pensional desde la misma fecha, aplicando una tasa de reemplazo del 71 %, incluyendo diferencias retroactivas, intereses moratorios y demás valores probados. Sin embargo, el juzgado de primera instancia reconoció solo parte del retroactivo y fijó una mesada pensional para 2024, autorizando a Colpensiones a descontar cotizaciones en salud. Tras la apelación y revisión en segunda instancia, se modificó el monto del retroactivo reconocido para el período posterior a junio de 2023, sin incluir el solicitado para el período anterior. En la acción de tutela, la accionante alegó vulneración de sus derechos al debido proceso, igualdad, principio de legalidad y acceso a la administración de justicia. Específicamente, cuestionó que no se reconociera el pago retroactivo desde noviembre de 2021, aduciendo que las cotizaciones posteriores a esa fecha se realizaron debido a un error en la elección del régimen pensional y que durante ese tiempo estuvo obligada a seguir cotizando sin recibir pensión. Igualmente, reclamó que no se aplicaran criterios de condición más beneficiosa, favorabilidad e in dubio pro operario respecto a la reliquidación de la mesada pensional, pese a que en segunda instancia se encontró un monto superior al fijado por el juzgado.

Consideraciones de la Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema recordó que la acción de tutela es un mecanismo constitucional para la protección inmediata de derechos fundamentales cuando son vulnerados por acción u omisión de autoridades, incluyendo providencias judiciales que constituyan vías de hecho o presenten errores manifiestos. No obstante, resaltó que las decisiones judiciales gozan de autonomía e independencia, y los jueces naturales tienen un amplio margen para valorar pruebas e interpretar la ley, por lo que la intervención en tutela solo procede en casos de decisiones irracionales o arbitrarias. Respecto al pago retroactivo desde noviembre de 2021 hasta mayo de 2023, la Sala explicó la distinción entre la causación y el disfrute del derecho pensional. La causación ocurre con el cumplimiento de requisitos legales de edad y cotización, mientras que el disfrute se inicia con la desafiliación del sistema, conforme a normas vigentes. Se enfatizó que la ley prohíbe simultanear la condición de cotizante y pensionado, justificando la exigencia de retiro para el disfrute de la prestación. La Corte analizó que aunque la accionante fue objeto de traslado entre regímenes y posteriormente se declaró la ineficacia de dicho traslado, ello no modifica la fecha de inicio del disfrute pensional. Además, se acreditó que la persona continuó realizando cotizaciones como trabajadora independiente hasta mayo de 2023 sin interrupciones ni reclamaciones previas para el reconocimiento de la pensión. Tampoco se demostró que Colpensiones incurriera en inducción a error que justificara atrasar el reconocimiento y pago retroactivo desde el cumplimiento de la edad requerida. La entidad inició el procedimiento administrativo de reconocimiento una vez presentada la reclamación en agosto de 2023. En cuanto a la reliquidación de la mesada pensional, la Sala recordó el marco normativo aplicable y la jurisprudencia sobre el cálculo del ingreso base de liquidación y tasa de reemplazo. Si bien en segunda instancia se determinó un monto superior al fijado inicialmente, no se modificó la condena porque la demandante no apeló ese aspecto, y no es procedente agravar la situación del único apelante, Colpensiones, en cuyo favor operó el grado jurisdiccional de consulta. Finalmente, la Sala concluyó que la decisión impugnada no resulta arbitraria ni infundada, sino que está debidamente motivada y ajustada a la ley y jurisprudencia. La acción de tutela no puede servir para reabrir debates jurídicos ya resueltos en los procesos ordinarios, por lo que la protección solicitada fue negada.

Decisión final

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia negó el amparo solicitado mediante acción de tutela, comunicó esta decisión a los interesados y remitió el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme a lo establecido en la normativa vigente. Esta providencia reafirma la importancia del respeto a la autonomía judicial y la correcta aplicación del derecho pensional, así como los límites del mecanismo de tutela frente a decisiones judiciales que no vulneran derechos fundamentales de manera manifiesta. Con esta decisión, se garantiza la seguridad jurídica y se protege la estabilidad del sistema pensional en Colombia.