Contexto y antecedentes del proceso
El Consejo de Estado, en su Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, conoció un recurso extraordinario de revisión interpuesto por un grupo de recurrentes contra la sentencia de segunda instancia dictada en febrero de 2019 por el Tribunal Administrativo del Huila. Dicha sentencia confirmó la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de una demanda de reparación directa promovida contra la Nación, el Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional y la Policía Nacional.
El origen del litigio se remonta a hechos ocurridos en enero de 2008 en una vereda del municipio de Acevedo (Huila), donde una persona falleció en un combate simulado realizado por agentes de la fuerza pública. La demanda buscaba la indemnización por los perjuicios ocasionados por esta muerte.
El recurso extraordinario de revisión fue presentado con fundamento en los numerales 1 y 2 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, que contemplan causales para revisar sentencias firmes cuando se aporten documentos nuevos o se demuestre la existencia de hechos desconocidos en el proceso original. En el recurso, los recurrentes aportaron documentos y solicitaron que se oficie al juzgado de origen para allegar copia del expediente ordinario.
Consideraciones jurídicas sobre el decreto de pruebas
El magistrado ponente analizó las solicitudes probatorias conforme al artículo 254 de la Ley 1437 de 2011, que establece la posibilidad de agotar una etapa probatoria dentro del trámite del recurso extraordinario de revisión, con un término máximo de 30 días para la práctica de pruebas.
El artículo 168 del Código General del Proceso (CGP) fue clave para el análisis, al indicar que el juez debe rechazar pruebas que sean prohibidas, ineficaces, notoriamente impertinentes, superfluas o inútiles. Además, se aclaró que en esta etapa no se pretende reabrir la controversia inicial, sino demostrar la causal invocada para la revisión.
Los recurrentes sostienen que decisiones recientes de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), como un auto y un certificado de audiencia pública de reconocimiento de responsabilidad, modificarían el sentido del fallo original al evidenciar que la muerte no fue un accidente sino un "asesinato presentado como baja en combate". En consecuencia, solicitaron la incorporación de esos documentos y la copia del expediente del proceso de reparación directa.
Documentos decretados y prueba de oficio
El despacho decretó como pruebas los siguientes documentos aportados con el recurso:
- La sentencia de segunda instancia de febrero de 2019.
- La constancia de ejecutoria de dicha sentencia.
- La sentencia de primera instancia de octubre de 2014.
- El auto proferido por la JEP en noviembre de 2023.
- La certificación de la audiencia pública de reconocimiento de responsabilidad de agosto de 2024.
Además, se ordenó oficiar al juzgado de origen para que remita la copia digital del expediente completo del proceso de reparación directa. Esto es indispensable para evaluar la oportunidad y procedencia del recurso extraordinario de revisión y para, en caso de prosperar, dictar un fallo de reemplazo conforme al artículo 255 de la Ley 1437 de 2011.
De oficio, el Consejo de Estado decretó también la incorporación de diversas piezas procesales relacionadas con el Macrocaso No. 3, Subcaso Huila, bajo conocimiento de la JEP, que contienen versiones voluntarias, expedientes penales y respuestas militares vinculadas con las circunstancias del caso. Se oficiará a la Secretaría de la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP para que remita dichos documentos en formato digital, los cuales serán clasificados para consulta exclusiva de las partes y del despacho.
Reconocimiento de personería y acceso a expediente digital
En el auto también se reconoció personería adjetiva a los apoderados judiciales que representan a las partes involucradas, conforme a los poderes otorgados y las normativas vigentes. Se ordenó tramitar las solicitudes de acceso al expediente digital realizadas por los apoderados de la parte recurrente, garantizando así el derecho a la defensa y al debido proceso.
Implicaciones del auto
Este auto es una decisión interlocutoria que regula la etapa probatoria del recurso extraordinario de revisión. Su importancia radica en la definición de los elementos materiales y procesales que serán tenidos en cuenta para evaluar las causales de revisión alegadas, en particular la posible existencia de información nueva y relevante que podría afectar la validez del fallo anterior.
La incorporación de documentos de la JEP y del expediente original permitirá al Consejo de Estado realizar un análisis integral y riguroso sobre el fondo, respetando los principios de legalidad y de tutela judicial efectiva.
El desarrollo de esta fase probatoria será determinante para el curso del proceso, ya que condiciona la posibilidad de modificar o confirmar la sentencia cuestionada, siempre en estricto marco normativo y con respeto a las garantías procesales de todas las partes.
Con esta decisión, el Consejo de Estado reafirma su compromiso con la justicia y la búsqueda de la verdad, garantizando que los procesos judiciales se desarrollen con plena transparencia y respeto por los derechos de las víctimas y sus representantes. El fallo que eventualmente se profiera tras la etapa probatoria contribuirá a esclarecer los hechos y aplicar las normas de manera justa y equilibrada.
