Admisión de la demanda en única instancia

El Consejo de Estado, mediante auto dictado por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, admitió en única instancia una demanda de nulidad electoral interpuesta contra el acto de elección de un magistrado de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. La providencia, firmada por el magistrado ponente, reconoce que la demanda cumple con los requisitos legales de oportunidad y forma para su admisión.

Antecedentes fácticos y procesales

La demanda cuestiona el Acuerdo 2597 del 22 de mayo de 2025, mediante el cual se eligió al magistrado cuestionado, cuya designación fue confirmada posteriormente por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia el 5 de junio de 2025. El demandante presentó el escrito inicial bajo el título relacionado con el cumplimiento de la carga procesal establecida en el numeral 8º del artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), solicitando medida cautelar; sin embargo, no incluyó tal petición en el memorial ni sus anexos.

Consideraciones jurídicas y procedimiento de notificación

El auto destaca que el requisito del numeral 8 del artículo 162 del CPACA, referido a la ubicación para notificaciones de la parte demandada, no es exigible en este caso, dado que el demandante afirmó desconocer el lugar donde el magistrado demandado recibe notificaciones. En consecuencia, se ordena intentar la notificación personal conforme a los literales a), b) y c) del numeral 1 del artículo 277 de la Ley 1437 de 2011, que regulan las formas de notificación personal cuando se desconoce la dirección de la parte demandada. El Consejo de Estado señala que no accederá a la solicitud de requerir a la Corte Suprema de Justicia ni al Consejo Superior de la Judicatura que remitan la dirección personal del magistrado, pues el artículo 162, numeral 7 del CPACA, establece que es obligación del demandante aportar con el escrito introductorio el lugar y dirección donde las partes recibirán notificaciones, incluyendo el canal digital correspondiente. Se enfatiza que, si el demandante conocía qué autoridad podía aportar esta información, debió solicitarla previamente y, en caso de negativa, recurrir al juez para que ejerciera sus facultades de dirección del proceso. Además, se ordena notificar a los presidentes de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Superior de la Judicatura, así como informar a la parte demandada, a las autoridades involucradas en la expedición del acto impugnado y a los demás vinculados al proceso que podrán contestar la demanda en un término de 15 días contados desde la notificación personal o la publicación del aviso. El auto también dispone la notificación personal al agente del Ministerio Público y la notificación por estado al demandante. Finalmente, se ordena comunicar al director general o representante delegado para recibir notificaciones de la Agencia Nacional del Estado, y se advierte a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo Superior de la Judicatura que durante el término para contestar la demanda deberán allegar copia de los antecedentes administrativos del acto cuestionado, conforme al parágrafo primero del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011.

Implicaciones procesales

Esta decisión del Consejo de Estado implica el inicio formal del trámite de la demanda de nulidad electoral contra la elección del magistrado cuestionado. El auto establece reglas claras para la notificación, garantizando el debido proceso y la participación de las partes involucradas. Asimismo, refuerza la obligación del demandante de cumplir con las cargas procesales relativas a la aportación de información para notificaciones, evitando dilaciones en el trámite judicial. La providencia pone en marcha el proceso contencioso administrativo con miras a evaluar la legalidad del acto de elección y, eventualmente, resolver sobre la nulidad o validez del mismo tras el análisis de los argumentos y pruebas que se alleguen. Esta noticia permite al público interesado en materia jurídica y electoral conocer el avance procesal en un caso relevante que involucra a la alta judicatura del país, resaltando la importancia del cumplimiento de las formalidades procesales para garantizar un ejercicio efectivo del derecho de control judicial.