El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de su Oficina Asesora Jurídica, dio respuesta a una solicitud remitida por el Ministerio de Salud y Protección Social respecto a la vigencia y modificaciones de diversas normativas sectoriales. La consulta abarcó los siguientes documentos: el Decreto 1076 de 2015, que expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible; el Decreto 2676 de 2000, que reglamenta la gestión integral de residuos hospitalarios y similares; el Decreto 4741 de 2005, que regula parcialmente la prevención y manejo de residuos peligrosos; el Decreto 351 de 2014, que reglamenta la gestión integral de residuos generados en la atención en salud y otras actividades; y la Resolución 1164 de 2002, que adopta el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de residuos hospitalarios y similares.

Derogaciones y compilaciones normativas

En relación con estas normas, se indicó que el Decreto 2676 de 2000 fue derogado por el artículo 18 del Decreto 351 de 2014, mientras que el Decreto 4741 de 2005 está compilado en el Decreto 1076 de 2015. Por su parte, la Resolución 1164 de 2002 fue derogada por el artículo 4 de la Resolución 591 de 2024, la cual adoptó un nuevo Manual para la Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud y otras Actividades. Se destacó que el Decreto 351 de 2014 fue compilado en el Decreto 780 de 2016, que corresponde al Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, por lo que la información específica sobre su contenido y vigencia corresponde ser proporcionada por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Acceso a la información y principios administrativos

Para facilitar la consulta pública, se proporcionaron enlaces oficiales al Sistema Único de Información Normativa del Estado colombiano (SUIN – JURISCOL), que permite acceder de forma gratuita y actualizada a las normas, sus modificaciones, estado de vigencia y jurisprudencia relacionada. Finalmente, se recordó que la Ley 1437 de 2011 establece los principios de transparencia, publicidad y economía en la actuación administrativa, lo que respalda la disponibilidad y acceso público a las normas y documentos pertinentes. Este pronunciamiento fortalece la claridad normativa sobre la gestión de residuos en el sector salud y ambiente, facilitando el seguimiento jurídico y administrativo de las disposiciones vigentes, y contribuyendo a una mejor gestión ambiental y sanitaria en el país.