Ruptura de la solidaridad en el contrato de servicios públicos domiciliarios

El concepto jurídico emitido por la Oficina Asesora Jurídica de la Superservicios aclara que, según el artículo 130 de la Ley 142 de 1994, el propietario o poseedor del inmueble, el suscriptor y el usuario son solidarios en las obligaciones derivadas del contrato de servicios públicos domiciliarios. Esto significa que el prestador puede exigir el cumplimiento del pago a cualquiera de ellos. No obstante, la solidaridad puede romperse cuando el usuario o suscriptor incumple su obligación de pago por más de dos períodos de facturación bimestral o tres períodos mensuales, y el prestador no suspende el servicio en los términos legales. Además, existen otras causales como acuerdos de pago sin participación del propietario, servicios solicitados sin autorización, facilidades comerciales cobradas sin autorización, entre otras.

Procedimiento para solicitar la ruptura de la solidaridad

Aunque no existe un procedimiento especial reglado en la normativa vigente, la Superservicios indica que el interesado debe presentar una petición ante la empresa prestadora del servicio, acreditando su calidad (propietario o poseedor) y la causa alegada para la ruptura. La empresa debe garantizar el debido proceso y responder dentro de los términos legales establecidos, generalmente quince días hábiles, aplicándose el silencio administrativo positivo en caso de incumplimiento. Para acreditar la solicitud, se recomienda aportar pruebas como documentos, testimonios o peritajes que demuestren la situación alegada, incluyendo la falta de suspensión del servicio por parte del prestador.

Denuncia del contrato de arrendamiento ante el prestador de servicios

La Ley 820 de 2003 y el Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015 establecen que el arrendador puede denunciar el contrato de arrendamiento ante el prestador de servicios públicos, constituyendo garantías para asegurar el pago. Con esta denuncia, el arrendador queda desvinculado de las obligaciones de pago durante la vigencia del contrato, siendo el arrendatario el responsable exclusivo. El prestador debe aceptar las garantías presentadas dentro de un plazo de diez días hábiles y proporcionar formatos para la denuncia del contrato y su terminación, que deben ser suscritos por ambas partes bajo gravedad de juramento.

Recomendaciones y posición de la Superintendencia

La Superservicios recuerda que no puede exigir la aprobación previa de actos o contratos de los prestadores, según el artículo 79 de la Ley 142 de 1994. Además, recomienda la constitución de garantías como mecanismo de protección para propietarios e inmobiliarias frente a posibles incumplimientos del arrendatario. En caso de irregularidades por parte de los prestadores, la entidad invita a presentar denuncias con información clara y motivada para que se adelanten las investigaciones correspondientes. Finalmente, la Superservicios pone a disposición del público un sitio web con compilación jurídica, jurisprudencia y doctrina sobre servicios públicos domiciliarios para consulta y orientación adicional, fortaleciendo así la transparencia y la protección de los derechos de usuarios, propietarios y prestadores en el sector.