Propósito y objetivo general del proyecto

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio expide esta resolución con el propósito general de establecer los indicadores, variables y ponderadores para el cálculo del criterio de eficiencia fiscal y administrativa en la gestión sectorial de agua potable y saneamiento básico durante la vigencia 2026. Esta medida se fundamenta en las facultades legales conferidas por la Ley 489 de 1998, los Decretos 3571 de 2011, 1604 de 2020, 155 de 2013 y 1082 de 2015, así como en la Constitución Política, especialmente el artículo 356 modificado por el Acto Legislativo 04 de 2007. El objetivo principal es optimizar la distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones destinados al sector de agua potable y saneamiento básico, mediante la aplicación de un criterio basado en la eficiencia fiscal y administrativa de los municipios, distritos y el departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. De esta forma, se busca garantizar una prestación adecuada, continua y de calidad de los servicios públicos domiciliarios, priorizando la población vulnerable y promoviendo la eficiencia en el uso de los recursos públicos.

Nuevas disposiciones y metodología para la evaluación

El proyecto de resolución introduce un esquema de indicadores, variables y ponderadores que se aplicarán para evaluar dos grandes dimensiones:

• Indicador sintético presupuestal/fiscal, que incluye variables como el uso adecuado de los recursos asignados, la destinación a subsidios, el nivel de ejecución presupuestal y la eficiencia en la prestación de los servicios.
• Indicador sintético administrativo/sectorial, que evalúa el avance en la cobertura de servicios públicos, la calidad y continuidad del agua potable, la actualización de la estratificación socioeconómica, la aprobación de porcentajes de subsidios y aportes solidarios, la gestión del servicio público de aseo y las tarifas aplicadas por municipios prestadores directos.

Para la medición del criterio de eficiencia, se emplea una metodología técnica respaldada por análisis cuantitativos, tales como el Análisis Envolvente de Datos (DEA) para evaluar la eficiencia relativa en la prestación de servicios. Asimismo, se establece un año base de información (2024) para el cálculo de los indicadores en la vigencia 2026.

Medidas específicas y mecanismos de seguimiento

Entre las medidas específicas propuestas, se destacan:

• La verificación del correcto uso de los recursos del SGP para actividades elegibles, conforme al artículo 11 de la Ley 1176 de 2007.
• El análisis del cumplimiento en el pago de subsidios a estratos subsidiables, asegurando la focalización social y la suficiencia financiera del sector.
• La certificación anual de los resultados del cálculo del criterio de eficiencia fiscal y administrativa, a cargo del Ministerio de Vivienda, en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD).
• La actualización y seguimiento de indicadores sectoriales como cobertura, calidad y continuidad del servicio, así como la adecuada disposición de residuos sólidos y la aplicación de tarifas conforme a la regulación vigente.
• El reporte oportuno de información por parte de las entidades territoriales a sistemas como el Formulario Único Territorial (FUT), la Categoría Única de Información del Presupuesto Ordinario (CUIPO) y el Sistema Único de Información (SUI).

Estas acciones garantizan transparencia, seguimiento riguroso y responsabilidad en la gestión de los recursos públicos destinados al sector.

Impacto esperado y alcance del proyecto

El impacto esperado de esta resolución es significativo para los municipios, distritos y el departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, quienes serán evaluados bajo un criterio objetivo que mide su eficiencia fiscal y administrativa en la gestión del agua potable y saneamiento básico. Esto permite:

• Promover el uso eficiente y transparente de los recursos públicos, asegurando que se destinen a actividades que efectivamente mejoren la prestación del servicio.
• Garantizar el acceso y la calidad del agua potable y los servicios de saneamiento básico, especialmente para la población vulnerable.
• Fortalecer la gestión administrativa mediante la actualización obligatoria de la estratificación socioeconómica, el cumplimiento regulatorio y la adecuada aprobación de subsidios y contribuciones.
• Mejorar la sostenibilidad financiera de los esquemas de prestación, a través de la correcta aplicación de tarifas y subsidios.

Además, al mantener la metodología adoptada para 2025, se asegura continuidad institucional y coherencia en los resultados, facilitando la comparación y el análisis de la evolución de la eficiencia en el sector.

Participación de actores clave en la implementación

El diseño y la implementación del criterio de eficiencia fiscal y administrativa para la vigencia 2026 se realizaron en coordinación interinstitucional entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Departamento Nacional de Planeación y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Adicionalmente, las entidades territoriales involucradas deberán cumplir con los reportes y actualizaciones en los sistemas de información respectivos. La supervisión y certificación anual de los resultados permite un control riguroso que favorece la transparencia y la mejora continua en la gestión sectorial.

Vigencia y disposiciones finales

La resolución tendrá vigencia a partir del día siguiente de su publicación y deroga expresamente la resolución anterior que establecía los indicadores para la vigencia 2025. Este acto administrativo busca consolidar un marco normativo claro, actualizado y técnicamente fundamentado para la asignación eficiente de los recursos públicos en el sector de agua potable y saneamiento básico durante el año 2026. Con esta iniciativa, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio busca fortalecer la gestión pública, promover la equidad en el acceso a servicios esenciales y optimizar el uso de los recursos públicos para el beneficio de la población colombiana.