Objetivo y ámbito del proyecto

El proyecto de acto legislativo tiene como propósito central modificar el artículo 138 de la Constitución Política para eliminar la prohibición vigente que impide tramitar proyectos de Reforma a la Constitución y leyes estatutarias entre el 16 de febrero y el 15 de marzo, durante el segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso. La propuesta se enmarca en el ámbito político y legislativo, con impacto directo en la función legislativa y el ejercicio del control político. Actualmente, esta iniciativa se encuentra radicada en la Cámara de Representantes, con la expectativa de iniciar su trámite en la Comisión Primera Constitucional, que es la instancia competente para proyectos que implican reforma constitucional.

Contexto y problemáticas que atiende

El artículo 138 de la Constitución, desde su reforma mediante el Acto Legislativo 02 de 2023, amplió en un mes el segundo periodo ordinario de sesiones (del 16 de febrero al 20 de junio), pero simultáneamente prohibió la tramitación de proyectos de ley estatutaria y reformas constitucionales durante el mes adicional (16 de febrero a 15 de marzo). Esta restricción fue incorporada con la intención de proteger el trámite especial y reforzado que la Constitución prevé para estas iniciativas y de privilegiar la función de control político. No obstante, la evidencia empírica y los análisis posteriores mostraron que esta limitación afecta principalmente la iniciativa legislativa de los congresistas, quienes son los principales promotores de estas reformas y leyes estatutarias. Además, esta restricción ha generado un cuello de botella que impide la discusión oportuna de un gran número de proyectos, muchos de los cuales son archivados por falta de tiempo, no por falta de apoyo político.

Contenido clave del proyecto

El proyecto propone eliminar el segundo inciso del artículo 138, que actualmente dispone: “Entre el 16 de febrero y el 15 de marzo no podrán tramitarse proyectos de leyes estatutarias ni Reformas a la Constitución.” Así, se busca que el Congreso pueda tramitar y debatir estos proyectos durante toda la duración ordinaria de los periodos de sesiones, sin restricciones temporales. Se argumenta que esta modificación: - No desnaturaliza el trámite especial y reforzado previsto en la Constitución para reformas y leyes estatutarias, pues conserva los requisitos de debates, mayorías y periodos consecutivos. - No perjudica la función de control político, ya que el Congreso puede ejercerla durante todo el año, incluso fuera de los periodos ordinarios, y la organización del tiempo legislativo puede reservar espacios para control político y debate legislativo simultáneamente. - Beneficia la iniciativa legislativa de los congresistas, fortaleciendo su independencia y capacidad de debate, al darles más tiempo para tramitar proyectos de especial interés nacional. - Contrarresta la falsa percepción de que la mayoría de estas iniciativas son de origen gubernamental, pues se demuestra que la mayor parte son de autoría congresual, y que la restricción temporal afecta desproporcionadamente a los legisladores.

Impacto potencial y debate generado

El proyecto tiene un impacto significativo en la dinámica legislativa y en el equilibrio de poderes, al ampliar el tiempo para la discusión de reformas constitucionales y leyes estatutarias, instrumentos clave para la transformación del marco normativo y la garantía de derechos fundamentales. Asimismo, promueve un uso más eficiente del tiempo legislativo, evitando el archivo masivo de iniciativas por falta de debate. En el debate legislativo, algunos congresistas han planteado que la restricción vigente protege el carácter especial del trámite y fortalece el control político, mientras que otros argumentan que limita injustificadamente la labor legislativa y la iniciativa de los parlamentarios. Expertos y organizaciones civiles han señalado que ampliar el tiempo para debatir estas iniciativas fomenta la calidad democrática y el fortalecimiento institucional.

Comparación con normativas similares

La propuesta de ampliar el tiempo de sesiones ordinarias para el debate legislativo se alinea con prácticas de otros países iberoamericanos, donde los congresos suelen sesionar entre 9 y 10 meses al año, facilitando la discusión profunda de temas relevantes. En Colombia, la Constitución de 1991 no establecía limitaciones para tramitar reformas constitucionales o leyes estatutarias durante todo el periodo ordinario de sesiones, por lo que esta iniciativa busca restaurar ese espíritu original.

Competencia y trámite legislativo

De acuerdo con la Constitución y la legislación vigente (Ley 5ª de 1992), la competencia para tramitar esta reforma constitucional corresponde a la Comisión Primera Constitucional del Congreso, encargada de los asuntos relacionados con reformas constitucionales y leyes estatutarias. Actualmente, el proyecto está en etapa de presentación y radicación en la Cámara de Representantes, aguardando su asignación y posterior debate en comisiones. Los siguientes pasos incluyen la discusión en la Comisión Primera, el debate en plenaria de la Cámara y, de ser aprobado, su traslado al Senado para trámite similar, conforme al procedimiento especial para actos legislativos.

Conflictos de interés e impacto fiscal

El análisis sobre conflictos de interés concluye que esta reforma no genera beneficios particulares, actuales ni directos para ningún congresista ni sus allegados, dado que es una modificación general sobre el calendario legislativo. Respecto al impacto fiscal, el proyecto no implica aumento de gastos ni concesión de beneficios tributarios, por lo que no requiere análisis de impacto fiscal según la Ley 819 de 2003 ni jurisprudencia constitucional.

Conclusión

El Proyecto de Acto Legislativo número 005 de 2025 Cámara propone una modificación puntual al artículo 138 de la Constitución para eliminar una restricción temporal que limita la tramitación de reformas constitucionales y leyes estatutarias. Con base en un detallado análisis de antecedentes, evidencia empírica y argumentos jurídicos, se busca fortalecer la función legislativa del Congreso, mejorar la calidad del debate y respetar el diseño constitucional original, sin afectar la función de control político ni el trámite especial de estas iniciativas. El proyecto avanza hacia su discusión en comisiones, en un contexto donde el equilibrio entre eficiencia legislativa y control político es objeto de atención y debate en el Congreso de la República, abriendo la posibilidad de modernizar y optimizar el trabajo legislativo en beneficio de la democracia colombiana.