Propósito, ámbito y contexto de la Ley 2501 de 2025
La Ley 2501, sancionada el 28 de julio de 2025 y publicada en el Diario Oficial No. 53.198 el 31 del mismo mes, surge en respuesta a la necesidad de diversificar el sector pesquero colombiano incorporando la pesca de turismo como una modalidad adicional. Su propósito principal es reglamentar esta práctica como una actividad sostenible que contribuya al desarrollo económico y social, sin afectar la biodiversidad ni los derechos de las comunidades pesqueras tradicionales. El ámbito de la ley es principalmente social y ambiental, enfocándose en la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos y la inclusión de las comunidades locales, indígenas y afrodescendientes en esta nueva modalidad económica.
Proceso legislativo
La tramitación en el Congreso incluyó debates sobre la importancia de proteger la pesca de subsistencia, respetar la autonomía cultural de los pueblos étnicos y garantizar la sostenibilidad ambiental. Se destacó la participación activa de entidades gubernamentales y sectores comunitarios para construir un marco normativo equilibrado que regule la pesca de turismo sin afectar negativamente otras modalidades pesqueras. La ley fue aprobada mediante votaciones mayoritarias, reflejando un consenso en torno a la necesidad de modernizar y diversificar el sector pesquero.
Contenido clave y principales disposiciones
La Ley 2501 introduce la pesca de turismo como una categoría oficial dentro del marco normativo pesquero, modificando el artículo 8° de la Ley 13 de 1990 para incluirla junto a las modalidades de subsistencia, investigación y comercial (industrial y artesanal). Establece principios rectores que orientan su ejercicio, entre los cuales destacan:
- Aprovechamiento sustentable: gestión responsable de los recursos para garantizar su disponibilidad futura.
- Sostenibilidad: uso equilibrado de recursos hídricos e hidrobiológicos sin comprometer la biodiversidad.
- Prevención: implementación de técnicas y tecnologías que eviten el maltrato animal y la disminución de poblaciones biológicas.
- Inclusión social: promoción de la participación activa y equitativa de comunidades locales y fortalecimiento de procesos asociativos.
- Educación y sensibilización ambiental: capacitación a turistas para fomentar prácticas responsables.
- Ordenamiento territorial: articulación con instrumentos de planificación ambiental y territorial.
- Enfoque étnico y territorial: respeto a la autonomía y patrimonio cultural de pueblos indígenas y afrodescendientes.
El articulado asigna a la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) competencias específicas para regular la pesca de turismo, tales como:
- Definir zonas exclusivas y prohibidas para esta modalidad.
- Establecer límites en artes, aparejos, cantidades y tallas mínimas.
- Implementar programas de capacitación obligatoria para prestadores de servicios turísticos en buenas prácticas ambientales y de seguridad.
- Controlar la cantidad de permisos otorgados y las especies objetivo.
- Promover programas de repoblación de especies nativas en coordinación con autoridades ambientales y comunidades.
Asimismo, la ley establece que la reglamentación debe ser expedida en un plazo máximo de un año a partir de su promulgación, apoyándose en estudios técnicos que aseguren la conservación ecológica. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo complementa esta regulación estableciendo requisitos para los prestadores turísticos vinculados a la pesca de turismo, incluyendo estándares de sostenibilidad y capacitación.
Un aspecto relevante es la protección especial a la pesca de subsistencia, especialmente la practicada por comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, garantizando que las nuevas normativas no restrinjan su ejercicio siempre que se realicen bajo criterios de sostenibilidad.
Implicaciones y aplicación práctica
La ley busca fomentar un desarrollo económico y social equilibrado en zonas pesqueras, especialmente en municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y en territorios de comunidades étnicas. Se priorizan planes y programas que mejoren las condiciones de pescadores turísticos, cooperativas y empresas comunitarias, con especial atención a municipios afectados por el conflicto armado, donde se aplican beneficios tributarios.
Además, se promueve la creación de un mapa turístico digital para identificar los sitios donde se practica la pesca de turismo, facilitando la consulta pública y la planificación territorial. La formación técnica a través del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y otras instituciones educativas es otro componente esencial para garantizar la profesionalización y sostenibilidad de esta actividad.
La ley también establece un marco para la coexistencia armoniosa entre las actividades pesqueras y la navegación, prohibiendo la pesca de turismo en zonas excluidas para proteger recursos y ecosistemas sensibles.
Debate y perspectivas
El establecimiento de la pesca de turismo como modalidad oficial ha generado un debate en torno a la necesidad de equilibrar el desarrollo económico con la conservación ambiental y el respeto a las comunidades tradicionales. Mientras se reconoce el potencial económico de esta actividad para diversificar ingresos y fortalecer el turismo sostenible, también se enfatiza la importancia de no afectar negativamente los recursos naturales ni los derechos ancestrales.
El compromiso del Estado de garantizar la participación activa y la distribución equitativa de beneficios representa un avance en la inclusión social, aunque la efectividad de estas medidas dependerá de su aplicación y seguimiento en el territorio. La regulación precisa y el control riguroso serán claves para evitar prácticas que puedan poner en riesgo la sostenibilidad ambiental y cultural.
En síntesis, la Ley 2501 de 2025 configura un marco normativo innovador que integra la pesca de turismo en el sector pesquero colombiano, con un enfoque integral que combina desarrollo, sostenibilidad y participación comunitaria. Su implementación será un referente para el manejo responsable de los recursos y la promoción de nuevas oportunidades económicas en el país, impulsando un modelo de pesca que respeta tanto el medio ambiente como las comunidades que dependen de él.
