Contexto y propósito del proyecto de decreto
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible habría anunciado, en fecha reciente, un proyecto de decreto orientado a establecer la Comisión Intersectorial para la implementación del Acuerdo de Escazú. Este proyecto buscaría modificar y complementar el marco normativo ambiental colombiano para garantizar la coordinación efectiva en la aplicación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, ratificado por Colombia mediante la Ley 2273 de 2022.
Este Acuerdo forma parte del bloque de constitucionalidad colombiano y establece obligaciones para garantizar el acceso a la información pública ambiental, la participación ciudadana y la justicia en temas ambientales, además de proteger a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. La creación de esta comisión se fundamentaría en diversas normas nacionales e internacionales, incluyendo la Constitución Política de 1991, la Ley 99 de 1993, la Ley 1712 de 2014, la Ley 1757 de 2015 y el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.
Objetivos y grupos afectados
El proyecto de decreto tendría como propósito principal la creación de una instancia de coordinación y orientación superior denominada Comisión Intersectorial para la Implementación del Acuerdo de Escazú (COMINESCAZÚ). Esta comisión se encargaría de articular las acciones necesarias para la implementación efectiva del Acuerdo, asegurando la participación de diversos sectores públicos y sociales, así como la protección de los derechos ambientales y territoriales.
Los sectores afectados incluirían entidades gubernamentales de diferentes ministerios, autoridades ambientales, comunidades étnicas, grupos vulnerables como campesinos, pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y Rrom, así como mujeres, personas LGBTQ+, jóvenes y organizaciones sociales.
Modificaciones y nuevas disposiciones planteadas
La propuesta establecería la conformación de una Comisión Intersectorial integrada por miembros permanentes con voz y voto, entre ellos jefes y ministros de departamentos clave, como Interior, Relaciones Exteriores, Hacienda, Justicia, Defensa, Ambiente, Unidad Nacional de Protección y Departamento Nacional de Planeación, entre otros. Además, incluiría invitados permanentes con voz pero sin voto, como ministros de Agricultura, Salud, Minas y Energía, Comercio, Educación, Vivienda, Tecnologías de la Información, Cultura, Ciencia, Igualdad y Equidad, así como directores de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, el Defensor del Pueblo, el Procurador General, el Contralor General y un delegado de las Corporaciones Autónomas Regionales.
Se plantearía también la creación de subcomisiones especializadas en acceso a la información ambiental, participación pública, justicia en asuntos ambientales y protección de defensores ambientales. Estas subcomisiones estarían lideradas por las entidades miembros según su competencia y tendrían la responsabilidad de garantizar la participación efectiva de pueblos étnicos y comunidades locales.
Acciones y funciones específicas de la comisión
Entre las funciones generales que desempeñaría la comisión estarían:
- Garantizar la coordinación intersectorial para una gestión integral en la implementación del Acuerdo.
- Facilitar la participación ciudadana durante todo el proceso.
- Propiciar la territorialización de las acciones.
- Coordinar la armonía entre la Nación, los entes territoriales y autoridades ambientales y étnicas.
- Diseñar e impulsar acciones e instrumentos para su pleno funcionamiento.
De manera específica, la comisión tendría la responsabilidad de formular y dar seguimiento a la “Ruta para la implementación del Acuerdo de Escazú en Colombia”, realizar consultas públicas para su aprobación, identificar y apoyar políticas y programas relacionados, coordinar recursos financieros, liderar la articulación entre sectores nacionales y territoriales, definir estrategias de monitoreo y evaluación, promover adecuaciones normativas, fortalecer sistemas de información ambiental, fomentar el acceso a la justicia en asuntos ambientales y proteger a defensores de derechos humanos ambientales.
También se encargaría de promover acciones pedagógicas, comunicativas y de investigación, y coordinarse con autoridades indígenas y comunidades afrocolombianas para garantizar una implementación inclusiva.
Participación de actores clave
El proyecto contemplaría la participación activa de múltiples entidades públicas nacionales, incluidas ministerios y direcciones de alto nivel, que integrarían la comisión con voz y voto o como invitados permanentes con voz. Asimismo, se garantizaría la participación reforzada de actores sociales y grupos en situación de vulnerabilidad, tales como comunidades étnicas, campesinos, mujeres, comunidades LGBTQ+ y jóvenes, a fin de asegurar la inclusión y representación en la toma de decisiones.
Además, se establecería una Secretaría Técnica a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que coordinaría el funcionamiento y la convocatoria de sesiones, elaboraría informes semestrales de avance y divulgaría las decisiones adoptadas. La comisión también contaría con una Unidad de Cumplimiento para facilitar la participación ciudadana, realizar seguimiento a compromisos y promover mecanismos de monitoreo y rendición de cuentas.
Información adicional y participación ciudadana
El proyecto de decreto incluiría disposiciones para que la formulación y adopción de la Ruta de Implementación del Acuerdo de Escazú en Colombia se realice en un plazo de 90 días contados a partir de la publicación del decreto. Esta ruta estratégica debería contener acciones concretas, indicadores, metas, responsables, plazos y fuentes de financiación, incorporando un enfoque diferencial étnico, campesino, de género, diversidad funcional y diversidad sexual.
A su vez, se fomentaría la participación ciudadana mediante mecanismos definidos en el reglamento interno de la comisión, permitiendo que los actores sociales presenten propuestas y puntos para incluir en los órdenes del día.
Finalmente, la financiación para el desarrollo de las funciones de la comisión provendría de los recursos asignados a las entidades que la conforman, junto con posibles aportes de cooperación internacional.
Este decreto, en caso de ser aprobado, regiría a partir de su publicación y configuraría un paso importante para la coordinación interinstitucional en materia ambiental, alineada con los compromisos internacionales de Colombia en el marco del Acuerdo de Escazú, fortaleciendo así la gestión ambiental sostenible y la protección de los derechos ambientales de todos los ciudadanos.
