Propósito general y objetivo principal del proyecto de resolución

El proyecto de resolución tiene como propósito general establecer criterios y estándares claros y actualizados para la autorización, habilitación y permanencia de las Entidades Promotoras de Salud o sus equivalentes. Además, adopta disposiciones específicas para su operación dentro de las subregiones funcionales destinadas a la Gestión Territorial Integral de la Salud Pública. Se enmarca en el proceso de territorialización del Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo, un modelo que busca garantizar un acceso efectivo, equitativo y de calidad a los servicios de salud en todo el territorio nacional. El objetivo principal radica en fortalecer y reorganizar funcionalmente la operación del aseguramiento en salud, optimizando la gestión y prestación de servicios mediante la territorialización. Esta estrategia busca responder a las particularidades culturales, geográficas y socioeconómicas del país, asegurando la continuidad y calidad en la atención, especialmente para poblaciones vulnerables o en zonas con barreras geográficas y sociales.

Innovaciones y disposiciones clave del proyecto

El proyecto introduce importantes innovaciones que reconfiguran la autorización y operación de las EPS en Colombia.

• Actualización de la autorización de funcionamiento: La Superintendencia Nacional de Salud deberá actualizar los actos administrativos que autorizan a las EPS para operar, incorporando las subregiones funcionales definidas para la Gestión Territorial Integral de la Salud Pública. Esta actualización se realizará en un plazo de seis meses tras la entrada en vigencia de la resolución, manteniéndose vigente la autorización actual hasta la expedición del acto actualizado.
• Categorización de subregiones funcionales: Se definen ocho categorías de subregiones, que incluyen desde áreas metropolitanas hasta zonas rurales con alta dispersión y territorios etno-culturales e insulares. Para cada categoría, se establecen reglas específicas sobre la inclusión y número máximo de EPS autorizadas a operar, buscando garantizar una cobertura adecuada y evitar la concentración excesiva.
• Asignación y movilidad de afiliados: El Ministerio de Salud y Protección Social, con apoyo de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), realizará la asignación progresiva de afiliados a las EPS receptoras dentro de las subregiones funcionales autorizadas. Esta asignación se hará independientemente del régimen de afiliación original y se regirá por criterios que evitan la concentración excesiva de afiliados en una sola EPS, promoviendo la equidad territorial.
• Regulación de solicitudes de retiro: Las EPS podrán solicitar el retiro de una o varias subregiones funcionales dentro del plazo de un año desde la actualización de su autorización, mediante un proceso regulado por la Superintendencia Nacional de Salud que exige la presentación de planes de pagos y justificación técnica.
• Organización del modelo de atención territorial: Las EPS deberán organizar su modelo de atención basado en el ámbito territorial autorizado, asegurando la disponibilidad de recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros adecuados a las características epidemiológicas y sociales de cada territorio, e integrándose con las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS).
• Criterios y estándares técnicos: Se establecen 12 componentes fundamentales para la operación territorial del aseguramiento, incluyendo gobierno organizacional, gestión del riesgo, afiliación y libre elección, atención al usuario, gestión de peticiones y requerimientos judiciales, participación ciudadana, prestación integral de servicios, gestión territorial en salud pública, contratación y auditoría, gestión del talento humano y tecnologías de información. Cada componente incluye estándares para autorización, habilitación y permanencia, los cuales las EPS deberán cumplir y demostrar periódicamente.
• Gestión del riesgo y modelo de atención integral: Las EPS deben implementar procesos de gestión del riesgo con un enfoque preventivo y predictivo, fortaleciendo la atención centrada en la persona, familia y comunidad, e incorporando enfoques diferenciales y territoriales.
• Transparencia y rendición de cuentas: Se exige la implementación de códigos de conducta, políticas de transparencia, mecanismos de rendición de cuentas y participación ciudadana efectiva, con acceso público a información relevante y evaluación continua de desempeño.

Impacto y alcance potencial

La implementación de esta resolución busca transformar la operación del aseguramiento en salud hacia un modelo más territorializado, integrado y centrado en la gestión efectiva del riesgo y las necesidades específicas de cada población. Esto tiene un impacto significativo en la garantía del derecho fundamental a la salud, promoviendo el acceso equitativo, continuo y oportuno a servicios y tecnologías en salud. Asimismo, el enfoque territorial permitirá superar barreras geográficas y sociales, mejorando la atención en zonas rurales, dispersas y étnicas, y facilitando la articulación entre actores institucionales, sociales y comunitarios. La actualización de la autorización de funcionamiento y la regulación de la asignación de afiliados favorecerán la estabilidad operativa de las EPS, así como la optimización de recursos y la reducción de brechas en cobertura y calidad. El proyecto también fortalece la supervisión y control institucional, mediante la definición clara de criterios y estándares evaluables por la Superintendencia Nacional de Salud y las entidades territoriales, asegurando la mejora continua y la transparencia en la gestión del aseguramiento.

Actores clave involucrados

El proyecto involucra directamente a las Entidades Promotoras de Salud o sus equivalentes, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), la Superintendencia Nacional de Salud y las entidades territoriales departamentales y distritales con competencias en inspección, vigilancia y control. El Ministerio de Salud y Protección Social lidera la definición de criterios técnicos, la territorialización y la asignación de afiliados, en coordinación con la Superintendencia Nacional de Salud, que tiene a su cargo la actualización y supervisión de las autorizaciones de funcionamiento y el seguimiento del cumplimiento de los estándares. Por último, la resolución contempla la participación activa de la comunidad, usuarios y asociaciones de afiliados, quienes serán beneficiarios directos de un modelo de salud más integrado, transparente y territorialmente adecuado. --- Este proyecto representa un avance normativo integral para la consolidación del Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo, orientado a garantizar un sistema de aseguramiento en salud más eficiente, equitativo y adaptado a las particularidades del territorio colombiano. Su implementación contribuirá a fortalecer la salud pública y a mejorar la calidad de vida de la población, asegurando un acceso más justo y efectivo a los servicios de salud en todo el país.