Propósito general y objetivo principal del proyecto

El Ministerio de Transporte, en ejercicio de sus facultades legales, expidió una resolución que establece tarifas diferenciales para las categorías vehiculares IE y IIE en la estación de peaje denominada Arcabuco, ubicada en la vía Barbosa – Tunja, en el departamento de Boyacá. El propósito general del proyecto es implementar un esquema tarifario que permita reducir el costo del peaje para los usuarios residentes o que desarrollan actividades laborales o comerciales en los municipios de Arcabuco y Moniquirá, dentro del sector de influencia del peaje. El objetivo principal de esta medida es atender las peticiones de la comunidad local, que ha expresado afectaciones socioeconómicas debido a la frecuencia en el tránsito por esta vía, vinculada a la vocación agrícola, pecuaria y comercial de la región. La tarifa diferencial busca aliviar la carga económica sobre estos usuarios, promoviendo la equidad y la justicia fiscal en el cobro de peajes.

Nuevas disposiciones y mecanismos introducidos

La resolución establece tarifas diferenciadas para dos categorías vehiculares específicas:

• Categoría IE: Automóviles, camperos, camionetas y microbuses con ejes de llanta sencilla, incluyendo vehículos particulares y de servicio público de transporte de pasajeros.
• Categoría IIE: Buses, busetas, microbuses con eje trasero de doble llanta y camiones de dos ejes, aplicable a vehículos particulares y de servicio público de transporte de pasajeros y carga.

Ambas categorías tendrán una tarifa diferencial de cinco mil cien pesos ($5.100) para la vigencia del año 2025, monto que incluye el valor correspondiente al Fondo de Seguridad Vial (FOSEVI), destinado a programas de seguridad en carreteras y vías inteligentes de transporte. Además, el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) será responsable de fijar los requisitos para acreditar la calidad de beneficiario, establecer el procedimiento para acceder al beneficio, así como los mecanismos de otorgamiento, reemplazo, control y las causales de pérdida de la tarifa diferencial. Esta regulación busca garantizar un control efectivo y transparente sobre la aplicación del beneficio.

Acciones y regulaciones establecidas

La tarifa diferencial aprobada será objeto de incrementos conforme a las disposiciones gubernamentales vigentes que regulen la actualización de tarifas para peajes. La resolución también contempla que el impacto económico derivado del establecimiento de tarifas diferenciales será compensado contractual y financieramente para el concesionario encargado de la operación, administración y recaudo de la estación de peaje, a través de mecanismos previstos en el contrato de concesión. Cabe destacar que la resolución fue publicada para consulta pública en la página web del Ministerio de Transporte, cumpliendo con la normativa aplicable en materia de participación ciudadana y transparencia administrativa. Durante el periodo de consulta no se recibieron observaciones o propuestas alternativas.

Impacto esperado y alcance potencial

El establecimiento de tarifas diferenciales en el peaje Arcabuco tiene un impacto directo en los residentes y trabajadores de los municipios de Arcabuco y Moniquirá, quienes verán reducido el costo por utilizar esta infraestructura vial. Esto se traduce en un alivio económico para comunidades con actividades agrícolas y comerciales frecuentes, promoviendo la equidad fiscal y la justicia social conforme a los principios consagrados en la Ley 105 de 1993. Asimismo, la medida contribuye a garantizar la libre circulación en el corredor vial concesionado, reduciendo el riesgo de protestas y vías de hecho que afecten el orden público y la operación vial, como se evidenció en episodios ocurridos en enero de 2025. Desde la perspectiva institucional, la resolución asegura la sostenibilidad financiera del concesionario mediante mecanismos contractuales de compensación y mantiene la continuidad en el mantenimiento, operación y desarrollo de la infraestructura de transporte, acorde con los principios de proporcionalidad y equidad fiscal.

Participación de actores clave en la implementación

La formulación y adopción de esta resolución contó con la participación activa del Instituto Nacional de Vías, el Ministerio de Transporte y las autoridades locales de los municipios de Arcabuco y Moniquirá. Se llevaron a cabo mesas de diálogo, socialización y concertación con líderes comunales y representantes de la comunidad para evaluar la viabilidad y determinar el valor de la tarifa diferencial. El concesionario responsable de la estación de peaje también participó en el proceso, siendo parte fundamental en los acuerdos para garantizar que la implementación de la tarifa diferencial no afectara la prestación del servicio ni la viabilidad contractual. Finalmente, la Oficina de Regulación Económica del Ministerio de Transporte emitió conceptos favorables para la implementación de esta medida, fundamentando la proporción del beneficio y su coherencia con los principios legales vigentes.

Marco legal y principios aplicados

La resolución se fundamenta en el artículo 21 de la Ley 105 de 1993, modificado por otras disposiciones normativas, que establece los principios para la fijación y cobro de tasas, tarifas y peajes en la infraestructura de transporte a cargo de la Nación. Entre estos principios destacan:

• El cobro debe garantizar el mantenimiento, operación y desarrollo adecuado de la infraestructura vial.
• Las tarifas deben ser diferenciales, proporcionales a las distancias recorridas, características vehiculares y costos de operación.
• Debe observarse un criterio de equidad fiscal, asegurando que quienes utilizan más la infraestructura aporten en proporción al beneficio recibido y daño causado.
• Se deben respetar exenciones para ciertos vehículos oficiales y de emergencia.

La resolución también responde a la realidad local y social de los municipios involucrados, integrando aspectos de equidad, seguridad vial y desarrollo regional, en cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales aplicables. --- La implementación de esta medida representa un avance significativo en la gestión tarifaria de los peajes nacionales, con un enfoque social y técnico que busca equilibrar la sostenibilidad económica del sistema vial con las necesidades y derechos de las comunidades usuarias. Se espera que esta iniciativa sirva como modelo para futuras políticas tarifarias que promuevan la justicia fiscal y el desarrollo regional en Colombia.