Contexto y fundamento constitucional del Decreto

El Decreto 0869 de 2025, publicado el 1 de agosto de 2025 en el Diario Oficial No. 53.199, fue emitido por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con el fin de reglamentar el programa especial de acceso integral a tierras para el pueblo étnico Rrom o Gitano. Este decreto se inscribe en un marco jurídico que reconoce la diversidad étnica y cultural de Colombia, como lo dispone la Constitución Política, especialmente en sus artículos 1, 7, 8 y 13, que establecen la protección especial a las minorías étnicas y la promoción de condiciones para la igualdad real y efectiva. La norma responde a la necesidad de reconocer las particularidades culturales, sociales y económicas del pueblo Rrom, cuya transición del nomadismo a asentamientos estables ha generado nuevas dinámicas que requieren apoyo estatal específico. Además, se da cumplimiento a lo previsto en el artículo 17 del Decreto Ley 902 de 2017, el cual incorpora al pueblo Rrom como beneficiario de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final para la terminación del conflicto armado, y a las sentencias constitucionales que han reconocido su derecho a la protección integral y acceso a tierras.

Objetivo y medidas principales del Decreto

El propósito central del Decreto 0869 es establecer un programa diferencial que facilite y regule el acceso a tierras rurales para el pueblo étnico Rrom o Gitano, en atención a su identidad cultural, usos y costumbres. El programa busca fortalecer la pervivencia cultural, mejorar las condiciones de vida y garantizar la protección de los referentes culturales de esta comunidad. Entre las medidas específicas, el decreto:

• Adiciona el Título 28 al Decreto 1071 de 2015, incorporando disposiciones sobre el programa especial de acceso a tierras.
• Define mecanismos de adjudicación colectiva e individual de tierras a las Kumpañy y organizaciones legalmente constituidas, reconocidas por el Ministerio del Interior.
• Establece la Agencia Nacional de Tierras (ANT) como la entidad responsable de adjudicar bienes inmuebles rurales mediante compra directa, subsidios integrales y créditos especiales.
• Regula el uso de tierras adjudicadas para actividades culturales, políticas, productivas y de protección de la identidad, siempre bajo la función social y ecológica de la propiedad.
• Impone un régimen de obligaciones por un plazo mínimo de siete años para garantizar la explotación productiva y el respeto a la normativa ambiental y social.
• Prevé procedimientos para la caducidad administrativa de adjudicaciones en caso de incumplimiento de obligaciones.
• Incluye disposiciones para la reubicación condicionada de las Kumpañy u organizaciones en situaciones de fuerza mayor o desastre natural.
• Excluye de adjudicación ciertos predios, como bienes de uso público, áreas urbanas, tierras de resguardos indígenas, zonas de reserva forestal, áreas de alto riesgo, entre otros, para proteger otros intereses colectivos y ambientales.

Ámbito de aplicación y beneficiarios

El decreto tiene aplicación nacional y afecta directamente a las Kumpañy y organizaciones legalmente constituidas del pueblo étnico Rrom o Gitano, debidamente registradas y certificadas por el Ministerio del Interior. También contempla el acceso individual a tierras para miembros de este pueblo étnico, bajo condiciones establecidas en la legislación vigente, garantizando su pertenencia mediante certificación oficial. Las tierras objeto del programa provendrán del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral, administrado por la Agencia Nacional de Tierras, y la adjudicación se realizará mediante actos administrativos debidamente inscritos, que constituyen títulos plenos para acreditar la propiedad.

Implicaciones para la ciudadanía y entidades públicas

Para las comunidades Rrom o Gitanas, este decreto representa un avance significativo en el reconocimiento de sus derechos territoriales y culturales, facilitando el acceso a tierras para el desarrollo de proyectos productivos con pertinencia étnica y cultural. Para el Estado, implica la obligación de coordinar acciones interinstitucionales, presupuestales y técnicas para garantizar el cumplimiento de este programa especial. La Agencia Nacional de Tierras y el Ministerio del Interior tienen un rol central en la implementación, seguimiento y control de las adjudicaciones, así como en la certificación de las instancias representativas y el acompañamiento de proyectos productivos. Para otros actores del sector rural y la ciudadanía en general, el decreto reafirma el compromiso estatal con la pluralidad étnica y la equidad en el acceso a la tierra, en concordancia con la política de desarrollo rural con enfoque territorial.

Base legal, vigencia y modificaciones normativas

El decreto se fundamenta en diversas normas constitucionales y legales, entre ellas el artículo 189 numeral 11 de la Constitución Política, el Decreto Ley 902 de 2017, el Decreto 1066 de 2015, la Ley 160 de 1994, la Ley 1900 de 2018, la Ley 2294 de 2023, y sentencias constitucionales relevantes que establecen la protección especial del pueblo étnico Rrom o Gitano. Entró en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial y adiciona el marco regulatorio del Decreto 1071 de 2015 en materia agropecuaria y rural sin derogar disposiciones previas, sino complementándolas para garantizar la implementación efectiva del programa especial.

Llamado a la participación y consulta previa

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural realizó un proceso de consulta previa con la Comisión Nacional de Diálogo y con las comunidades Rrom, que incluyó múltiples asambleas territoriales entre 2019 y 2023. Asimismo, se abrió consulta pública en el Sistema Único de Consulta Pública (SUCOP) en 2025, buscando garantizar la participación democrática y el respeto a los derechos colectivos. Este proceso invita a las Kumpañy, organizaciones, entidades públicas y demás actores a acoger, participar y colaborar en la ejecución del programa especial, fortaleciendo así la inclusión y el reconocimiento de la diversidad étnica en el desarrollo rural colombiano. En conclusión, el Decreto 0869 de 2025 representa un avance crucial para la inclusión social y territorial del pueblo étnico Rrom o Gitano en Colombia, estableciendo un marco legal claro y adaptado a sus necesidades culturales y productivas, que contribuye a la construcción de una sociedad más justa y plural.