Entidades emisoras y contexto normativo

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural es la entidad que expidió la Resolución 000242 de 2025, fechada el 1° de agosto de 2025 y publicada en el Diario Oficial No. 53.199. Esta resolución se enmarca en un robusto cuerpo normativo que incluye la Constitución Política de 1991, diversas leyes nacionales, decretos y tratados internacionales, tales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales. Además, se apoya en estudios técnicos de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA).

Tema principal y destinatarios

El asunto central de la resolución es la identificación de Zonas de Protección para la Producción de Alimentos en 21 municipios del departamento de Córdoba, que incluyen Montería, Ayapel, Buenavista, Cereté, Chima, Chinú, entre otros. Estas zonas son un paso previo para la declaratoria de Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), las cuales tienen carácter de determinantes de ordenamiento territorial con norma de superior jerarquía. El destinatario principal de esta resolución es el sector rural, en particular los campesinos, agricultores familiares, étnicos y comunitarios que desarrollan actividades agropecuarias en estas regiones, además de las autoridades municipales y departamentales implicadas en la gestión del territorio.

Objetivo de la resolución

El objetivo fundamental es proteger el derecho humano a la alimentación mediante la conservación y uso eficiente del suelo rural apto para la producción de alimentos. La resolución busca garantizar la permanencia y disponibilidad de tierras agrícolas, promoviendo la seguridad, soberanía y autonomía alimentarias. Asimismo, se pretende contribuir a la reforma agraria y al desarrollo rural integral, asegurando el acceso a recursos y condiciones que permitan mantener una producción sostenible y culturalmente adecuada.

Principales decisiones y regulaciones

La resolución establece lo siguiente:

• Identificación de Zonas de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA): Se identifican áreas específicas en 21 municipios del departamento de Córdoba, basándose en un estudio técnico de la UPRA, que servirán como referencia para la futura declaratoria de las APPA.
• Declaratoria futura de Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA): El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con apoyo técnico de la UPRA, procederá a declarar formalmente las APPA, las cuales gozarán de especial protección estatal y tendrán un carácter vinculante para el ordenamiento territorial.
• Definiciones claras: Se establecen conceptos clave como ZPPA, APPA, Áreas de Especial Interés para proteger el Derecho Humano a la Alimentación (AEIPDHA), Frontera Agrícola Nacional, uso eficiente del suelo y otros que facilitan la aplicación y comprensión de la normativa.
• Prioridad en la colaboración institucional: Las entidades públicas deberán suministrar información oficial para la identificación y declaratoria de las APPA.
• Compatibilidad de actividades: Se garantiza que las actividades agropecuarias, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales presentes en los territorios sean compatibles con las APPA, promoviendo un desarrollo integral.
• Comunicación a autoridades territoriales: Se ordena comunicar la resolución a los alcaldes de los municipios involucrados y al gobernador del departamento de Córdoba.

Es importante señalar que las zonas identificadas en esta resolución no constituyen aún determinantes para el ordenamiento territorial, sino que son un referente previo para la declaratoria formal de las APPA, en concordancia con la legislación vigente.

Base legal y normatividad aplicable

La resolución se fundamenta en múltiples normas, entre las que destacan:

• Artículos 208 de la Constitución Política de 1991, y artículos 64 y 65 reformados para reconocer al campesinado como sujeto de derechos y garantizar el derecho humano a la alimentación.
• Leyes 388 de 1997 y su modificación por la Ley 2294 de 2023, que incorporan las Áreas de Especial Interés para proteger el Derecho Humano a la Alimentación como determinantes en el ordenamiento territorial.
• Ley 12 de 1982 sobre Zonas de Reserva Agrícola y Ley 101 de 1993 de Desarrollo Agropecuario y Pesquero.
• Decretos 2811 de 1974 (Código Nacional de Recursos Naturales Renovables), 4145 de 2011 (creación de la UPRA), y 3600 de 2007 (Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio).
• Resoluciones ministeriales previas que establecen lineamientos para la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria.
• Compromisos internacionales relacionados con el derecho a la alimentación y desarrollo rural sostenible.

Impacto y relevancia

Esta resolución representa un avance significativo en la política pública colombiana para la protección de la producción alimentaria desde una perspectiva integral y sostenible. Al identificar y priorizar zonas con condiciones técnicas favorables para la producción de alimentos, se fortalece la seguridad alimentaria, se promueve la reforma agraria y se protege un derecho fundamental consagrado en la Constitución y tratados internacionales. Para los campesinos y comunidades rurales, estas medidas pueden traducirse en mayor seguridad jurídica sobre sus tierras y mejores condiciones para el desarrollo agropecuario. Para las autoridades locales, este instrumento orienta la planificación territorial con un enfoque que prioriza el uso sostenible del suelo y el bienestar social. Finalmente, la resolución abre un camino para futuras declaratorias de APPA en otras regiones del país, consolidando un modelo de desarrollo rural que articula el derecho a la alimentación con la conservación ambiental y la justicia social. --- Para consultar la resolución completa y sus anexos, puede acceder al Sistema Único de Consulta Pública (Sucop) y al Sistema de Información para la Planificación Rural Agropecuaria (Sipra), donde se encuentran disponibles todos los documentos relacionados para su revisión y seguimiento.