Providencia proferida en segunda instancia por la Sala Especial de Decisión No. 3

La decisión fue tomada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en su Sala Especial de Decisión No. 3, en el marco de un recurso extraordinario de revisión relacionado con una sanción disciplinaria emitida por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría General de la Nación.

Antecedentes fácticos y procesales

El proceso disciplinario tiene como uno de sus sujetos a un servidor público que actualmente se encuentra privado de la libertad en un centro penitenciario ubicado en Miami, Florida, Estados Unidos. La Sala Disciplinaria de la Procuraduría General profirió una decisión el 22 de agosto de 2024, contra la cual se interpuso el recurso extraordinario de revisión que ahora tramita el Consejo de Estado. Para dar trámite a este recurso, el despacho sustanciador del Consejo de Estado emitió un auto el 11 de marzo de 2025, en el que decidió avocarse conocimiento respecto al servidor público privado de la libertad en el exterior, no avocar conocimiento respecto a otros tres secretarios de salud, ordenar la notificación personal de los sujetos disciplinados, y disponer que el término de caducidad para interponer los medios de control contra la decisión disciplinaria empezara a correr a partir de la ejecutoria de dicha decisión. Posteriormente, se allegó un memorial de defensa en representación del servidor público privado de la libertad, aunque no se aportó el poder que acreditara la representación.

Consideraciones jurídicas y órdenes de notificación

En cumplimiento del artículo 207 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), el despacho ponente verificó la adecuada notificación y vinculación de los sujetos disciplinados en el proceso. En cuanto al servidor público privado de la libertad en Estados Unidos, se constató que no se había acreditado debidamente la representación legal presentada, y que la notificación electrónica realizada no era suficiente para garantizar el derecho al debido proceso dada su situación jurídica y ubicación. Con base en el artículo 41 de la Ley 1564 de 2012, que permite comisionar a los cónsules o agentes diplomáticos para practicar diligencias judiciales en el exterior, la Sala decidió comisionar al cónsul general de Colombia en Miami, Florida, para que en un término de treinta días hábiles realice la notificación personal del auto del 11 de marzo de 2025, mediante el cual se avocó conocimiento del recurso extraordinario de revisión. Adicionalmente, se requirió al apoderado que allegue el poder que lo acredite como representante para efectos del trámite procesal. En cuanto a uno de los secretarios de salud privados de la libertad en Colombia, se detectó que la notificación electrónica realizada inicialmente pudo no haberle sido efectiva debido a su situación de reclusión en un centro penitenciario. Por ello, se ordenó a la Secretaría General del Consejo de Estado realizar nuevamente la notificación personal, con el fin de evitar vicios procesales y garantizar la plena defensa.

Implicaciones para el debido proceso en procesos disciplinarios

Esta providencia recalca el compromiso del Consejo de Estado con la garantía del debido proceso en materia disciplinaria, especialmente cuando los sujetos procesales se encuentran en situaciones que dificultan la notificación, como la privación de la libertad en el exterior o en centros penitenciarios nacionales. La decisión se fundamenta en normas claras del procedimiento administrativo y en la Ley 1564 de 2012, que regula la competencia y facultades de los agentes diplomáticos para intervenir en procesos judiciales cuando se requiere notificación o práctica de diligencias en el extranjero. Se evidencia así la importancia de agotar todos los mecanismos legales para asegurar que los implicados conozcan oportunamente las decisiones que les afectan, preservando sus derechos constitucionales y procesales.

Conclusión

El auto de trámite proferido por la Sala Especial de Decisión No. 3 del Consejo de Estado es un paso fundamental para la continuación adecuada del proceso disciplinario, garantizando que los sujetos disciplinados sean notificados de manera efectiva y puedan ejercer su derecho a la defensa. La comisionación al cónsul general en Miami y la reposición de la notificación para el secretario de salud privado de la libertad en Colombia son medidas concretas para asegurar la validez y legalidad del procedimiento en curso. Este caso ilustra la complejidad que pueden presentar los procesos disciplinarios cuando involucran a servidores públicos en situaciones de privación de la libertad, tanto dentro como fuera del territorio nacional, y cómo el órgano jurisdiccional superior actúa para preservar los derechos procesales en esos contextos, reafirmando el compromiso con la justicia y el respeto por el debido proceso en todos los ámbitos administrativos.