Providencia emitida por el Consejo de Estado en proceso contra la ANM

El pasado 24 de julio de 2025, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Sección Tercera - Subsección B, en única instancia, emitió un auto relevante en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado contra la Agencia Nacional de Minería (ANM). La decisión fue adoptada por el magistrado ponente del caso y tiene por objeto resolver sobre la solicitud de pruebas realizada por las partes y ordenar el trámite de sentencia anticipada, conforme a lo previsto en la legislación procesal administrativa vigente.

Antecedentes fácticos y procesales

La demanda fue interpuesta por un grupo de demandantes contra la ANM, cuestionando dos resoluciones emitidas por dicha entidad en 2019 y 2020, mediante las cuales se rechazó una solicitud de formalización de minería tradicional de carbón. Los demandantes solicitaron que se declarara la nulidad de estos actos administrativos y se restableciera el derecho, dejando la solicitud en el estado anterior para que el trámite de legalización se realizara conforme a una normativa previa derogada, reclamando la aplicación de derechos adquiridos. El proceso contó con múltiples etapas de subsanación y revisión. Inicialmente, el despacho judicial requirió precisiones sobre los hechos y fundamentos jurídicos de la demanda debido a su imprecisión. Posteriormente, la demanda fue inadmitida y luego admitida tras varios escritos de aclaración por parte de los demandantes. La ANM contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones, proponiendo excepciones y solicitando pruebas documentales, además de objetar diligencias probatorias solicitadas por los demandantes.

Consideraciones jurídicas sobre la petición de pruebas y sentencia anticipada

El Consejo de Estado aplicó el artículo 182A de la Ley 1437 de 2011, modificado por la Ley 2080 de 2021, el cual faculta al juez para dictar sentencia anticipada cuando el asunto sea de puro derecho, no requiera práctica de pruebas adicionales, o cuando las pruebas solicitadas sean impertinentes, inconducentes o inútiles. Se determinó que en este caso se cumplían los requisitos para prescindir de la audiencia inicial y avanzar directamente hacia la sentencia. En cuanto a las pruebas, el despacho valoró las documentales aportadas por ambas partes con el peso que corresponde en derecho. Se negó la solicitud de una prueba denominada “inspección judicial con prueba pericial” por considerarla ambigua y no cumplir con los requisitos legales de pertinencia, conducencia, utilidad ni especificidad. En particular, la inspección judicial fue declarada improcedente porque no se demostró la imposibilidad de verificar los hechos por otros medios probatorios como documentos o dictámenes periciales. Por otro lado, la prueba pericial fue rechazada por falta de precisión sobre el tipo de perito requerido y el cuestionario a resolver, además de que su objeto no correspondía a hechos que requirieran conocimientos especializados, sino a la verificación del cumplimiento de parámetros mineros, aspecto que no constituía el núcleo del litigio. El auto también fijó el litigio, resumiendo que la controversia se centra en la nulidad de las resoluciones que rechazaron la solicitud de formalización minera y en el restablecimiento del derecho para que la petición sea tramitada conforme a la normativa anterior, alegando la existencia de derechos adquiridos. La parte actora invocó violaciones a varios artículos constitucionales relacionados con el debido proceso, legalidad, seguridad jurídica y consulta previa a comunidades étnicas. Por su parte, la ANM defendió la legalidad y motivación de sus actos, argumentando la aplicación correcta del sistema de cuadrícula minera y la inexistencia de área susceptible de adjudicación.

Pasos procesales siguientes

En cumplimiento de la normatividad procesal, el auto ordena correr traslado a las partes para que presenten alegaciones de conclusión en un término común de diez días. Posteriormente, el expediente quedará a disposición del agente del Ministerio Público para que, si lo considera pertinente, emita su concepto en igual término. Finalmente, una vez cumplidos estos pasos, se procederá a proferir la sentencia respectiva.

Conclusión

El auto del Consejo de Estado representa un avance procesal significativo en el litigio entre particulares y la Agencia Nacional de Minería, al resolver sobre la admisibilidad y pertinencia de las pruebas solicitadas y establecer el trámite para una sentencia anticipada. La decisión enfatiza la aplicación de principios procesales de economía y celeridad, al tiempo que garantiza el respeto a las garantías constitucionales y legales en materia probatoria y de debido proceso en la jurisdicción contencioso administrativa. Este pronunciamiento es un ejemplo claro de la función judicial en la revisión de actos administrativos relacionados con la formalización minera y los derechos de los solicitantes frente a las disposiciones legales vigentes.