Providencia emitida en instancia de revisión por el Consejo de Estado

El 18 de julio de 2025, la Subsección B de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado profirió un auto mediante el cual negó la solicitud de aclaración presentada por la representación legal de varios bancos recurrentes. Esta solicitud pretendía aclarar la providencia emitida por la misma Sala el 18 de noviembre de 2024, en el marco de un proceso judicial relacionado con un recurso extraordinario de revisión contra un laudo arbitral.

Antecedentes fácticos y procesales

El proceso se originó a partir de un recurso extraordinario de revisión interpuesto por cuatro entidades bancarias en contra de un laudo arbitral y su respectivo auto aclaratorio, ambos proferidos por un tribunal de arbitraje con sede en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. El laudo en cuestión fue emitido el 6 de agosto de 2019, seguido por un auto aclaratorio el 16 del mismo mes y año. La Sala de lo Contencioso Administrativo, en la providencia de noviembre de 2024, declaró infundado dicho recurso, confirmando así la validez del laudo arbitral y condenando en costas a los recurrentes a favor de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Posteriormente, la parte recurrente presentó una solicitud de aclaración alegando que el recurso extraordinario de revisión tenía como finalidad agotar todas las vías judiciales ordinarias y extraordinarias, y que la providencia impugnada se apartó de un precedente vinculante relacionado con una acción de tutela tramitada en 2021.

Consideraciones jurídicas de la Sala

La Sala inició su análisis recordando lo establecido en el artículo 285 del Código General del Proceso, que regula la figura de la aclaración de sentencias y autos. Según esta norma, una providencia puede ser aclarada, ya sea de oficio o a solicitud de parte, únicamente cuando contenga conceptos o frases que generen verdadera duda o ambigüedad, siempre que estos elementos estén en la parte resolutiva y tengan influencia directa sobre la decisión adoptada. Además, se aclara que la sentencia no es revocable ni reformable por el mismo juez que la profirió. En este sentido, la Sala concluyó que la solicitud de aclaración carecía de fundamento, pues no se identificó en la providencia objeto de análisis ningún elemento que justificara la aclaración. Por el contrario, se advirtió que la parte recurrente pretendía utilizar este mecanismo para reabrir un debate ya resuelto, lo cual es improcedente conforme a la ley. La Sala enfatizó que la providencia de noviembre de 2024 es clara y contundente en sus conclusiones y que no existe ningún motivo legítimo para modificarla o interpretarla de manera distinta. Finalmente, la Sala resolvió negar la solicitud de aclaración y ordenó que, una vez en firme esta decisión, se remitiera el expediente al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá para los efectos legales correspondientes.

Implicaciones y alcance de la decisión

Con esta providencia, el Consejo de Estado reafirma la importancia de respetar los límites procesales y el principio de cosa juzgada en materia contencioso administrativa, especialmente en procedimientos relacionados con recursos extraordinarios de revisión contra laudos arbitrales. Además, se clarifica el alcance y las condiciones para acceder al recurso de aclaración, evitando su uso como un medio para dilatar o reabrir debates ya concluidos. Esta decisión es relevante para el sector jurídico y para las partes involucradas en procesos arbitrales y judiciales, pues establece criterios claros sobre la interpretación y aplicación del artículo 285 del Código General del Proceso, fortaleciendo la seguridad jurídica y la eficacia de las decisiones judiciales. De esta manera, se contribuye a la consolidación de un sistema judicial más eficiente y predecible, que protege los derechos e intereses de las partes y garantiza el respeto a las decisiones emitidas por las autoridades competentes.