Competencia y contexto del proceso

El Consejo de Estado, en su calidad de máxima autoridad judicial en materia contencioso administrativa, conoció en segunda instancia un proceso de nulidad electoral instaurado contra la elección del gobernador del departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina para el período 2024-2027. La demanda fue presentada por un ciudadano mediante apoderado judicial, quien solicitó la nulidad de la elección por motivos relacionados con presuntas irregularidades en el proceso electoral. La demanda fue asignada a la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, la cual resolvió en sentencia de única instancia declarar la nulidad de la elección del gobernador. Posteriormente, se presentaron diversas solicitudes de aclaración y adición de la sentencia por parte de los representantes legales de la parte demandada y terceros interesados.

Recusaciones y solicitudes de nulidad en el proceso

En el curso del proceso, se presentaron múltiples recusaciones dirigidas contra magistrados de la Sección Quinta y posteriormente contra magistrados de la Sección Primera del Consejo de Estado, encargados de conocer dichas recusaciones. Las recusaciones se fundamentaron en supuestos intereses directos o indirectos de los magistrados en el proceso, conforme a lo previsto en el artículo 141 de la Ley General del Proceso. El despacho encargado de la sustanciación negó inicialmente algunas de estas recusaciones y los recusantes interpusieron recursos de reposición y súplica. Ante la complejidad y multiplicidad de recusaciones, el asunto fue remitido a la Sección Primera, que llevó a cabo el análisis correspondiente y emitió un auto el 5 de junio de 2025 para decidir sobre las recusaciones planteadas.

Fundamentos jurídicos para la decisión

La Sección Primera del Consejo de Estado rechazó de plano la recusación formulada contra sus propios magistrados, con fundamento en el inciso 4 del artículo 142 del Código General del Proceso, aplicable por remisión del artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Dicha norma establece que no serán recusables ni podrán declararse impedidos los magistrados o jueces a quienes corresponde conocer de la recusación. En consecuencia, la recusación contra los magistrados de la Sección Primera fue declarada improcedente. Respecto a la recusación planteada contra los magistrados de la Sección Quinta, la Sección Primera la declaró infundada, procediendo así a continuar con el trámite del proceso electoral. Se aclaró que la actuación procesal de la Sección Primera, consistente en decidir sobre las recusaciones, no implicó una declaración de falta de competencia, sino el ejercicio legítimo de sus funciones jurisdiccionales. En cuanto a la solicitud de nulidad del auto del 5 de junio de 2025 presentada por la parte demandada, que se fundamentó en argumentos expuestos por un tercero interesado en el proceso, la Sala recordó que dicha solicitud ya fue objeto de pronunciamiento y rechazo en providencia anterior. Por lo tanto, la petición fue denegada.

Implicaciones procesales y conclusión

El Consejo de Estado enfatizó que la presentación de peticiones impertinentes, recursos improcedentes y nulidades infundadas serán consideradas formas de dilatar el proceso y podrán ser sancionadas con multas, conforme al artículo 295 del CPACA. Finalmente, la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, resolvió denegar la solicitud de nulidad planteada contra el auto del 5 de junio de 2025 y ordenó devolver el expediente al despacho del magistrado ponente de la Sección Quinta para que continúe con el trámite correspondiente del proceso de nulidad electoral. Esta providencia reafirma la rigurosidad con que el Consejo de Estado examina las recusaciones y solicitudes de nulidad, garantizando el debido proceso y el desarrollo eficiente de los procesos electorales en la jurisdicción contencioso administrativa, contribuyendo así a la transparencia y legitimidad de las autoridades electas en Colombia.