Contexto y naturaleza de la decisión
El Consejo de Estado, a través de su Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, emitió un auto judicial el 24 de julio de 2025, en respuesta a una solicitud de aclaración y adición contra una sentencia previa que anuló el acto electoral mediante el cual se eligió al gobernador del departamento del Magdalena para el periodo constitucional 2024-2027. La providencia en cuestión tiene carácter interlocutorio y confirma la firmeza de la sentencia anulatoria, rechazando las pretensiones del demandado en cuanto a la ampliación o aclaración del fallo.
Antecedentes procesales
En primera instancia, la Sección Quinta había declarado, mediante sentencia del 8 de mayo de 2025, la nulidad del formulario E-26 GOB utilizado para la elección del gobernador, fundamentando su decisión en la acreditación de la doble militancia en modalidad de apoyo, conforme a la legislación vigente y la jurisprudencia reiterada de la corporación. Posteriormente, el demandado presentó varias solicitudes:
- Una petición de aclaración y adición respecto a la valoración probatoria de ciertos videos y la acreditación del elemento objetivo de la doble militancia.
- Un recurso de nulidad originada en la sentencia, argumentando falta de notificación conforme al artículo 277 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
- Una recusación contra todos los magistrados de la Sala Electoral, alegando aplicación desigual de la conducta prohibitiva según la orientación política de los mandatarios.
- Una solicitud de aclaración contra el auto que declaró infundada la recusación.
Estas peticiones fueron tramitadas ante la Sección Primera y la Sección Quinta, siendo finalmente negadas en el auto del 24 de julio de 2025.
Consideraciones jurídicas de la providencia
El auto destaca la competencia del magistrado ponente para resolver las solicitudes de aclaración y adición conforme al numeral 3º del artículo 125 del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2021. Respecto a los argumentos presentados por el demandado, la Sala señaló:
- Manifestaciones de terceros intervinientes: La petición de adicionar la providencia para incluir pronunciamientos de terceros fue rechazada, pues tales manifestaciones no incidían en los puntos que debían resolverse según la ley, y además, esas intervenciones apoyaban la firmeza de la sentencia anulatoria, por lo que su omisión no generó duda alguna.
- Improcedencia de recursos contra el auto: La solicitud para aclarar si era procedente interponer recursos contra el auto que negó la adición fue considerada impertinente y dirigida a dilatar el proceso. La Sala recordó que la decisión de fondo ya había sido estudiada con todas las garantías procesales y que insistir en recursos improcedentes vulnera el principio de celeridad procesal, especialmente relevante en procesos electorales.
- Deber de lealtad procesal y prevención contra dilaciones: La Sala advirtió al demandado sobre su obligación de actuar con lealtad procesal, previniendo la presentación de solicitudes y recursos que no correspondan, pues estos podrían ser considerados como mecanismos para dilatar injustificadamente el proceso, con las consecuencias legales que ello implica.
La providencia enfatizó que el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia incluye no solo la posibilidad de acudir al sistema judicial, sino también la garantía de obtener decisiones ejecutoriadas en un tiempo razonable. En este sentido, resalta la importancia del término máximo de un año para la resolución de procesos de nulidad electoral, según el parágrafo del artículo 264 de la Constitución Política.
Impacto y consecuencias de la decisión
Con este auto, el Consejo de Estado reafirma la nulidad del acto electoral que eligió al gobernador del Magdalena y cierra la puerta a nuevas dilaciones procesales en esta materia. La decisión subraya el compromiso judicial con la celeridad y la eficiencia en los procesos electorales, evitando que recursos y solicitudes improcedentes obstaculicen la ejecución de sentencias que afectan la legitimidad de los actos electorales.
Además, la providencia resalta el equilibrio entre el derecho de defensa y el deber de los actores procesales de no abusar de los mecanismos judiciales para prolongar indebidamente los procesos. En este marco, la Sala actúa como garante de un proceso justo y ágil, indispensable para la confianza en las instituciones democráticas.
Conclusión
El auto proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado el 24 de julio de 2025, en el marco de un proceso de nulidad electoral, rechaza las solicitudes de aclaración y adición contra la sentencia que anuló la elección del gobernador del Magdalena para el periodo 2024-2027. La decisión sostiene la firmeza del fallo y advierte sobre las consecuencias legales de presentar recursos y peticiones que busquen dilatar el proceso electoral, reafirmando el compromiso judicial con la prontitud y la efectividad en la administración de justicia electoral.
