Propósito y Contexto de la Ley 2529 de 2025
La Ley 2529, sancionada el 4 de agosto de 2025 y publicada en el Diario Oficial el 6 de agosto del mismo año, responde a la necesidad de incorporar a la legislación nacional un acuerdo internacional fundamental en materia de pesca responsable. El “Acuerdo sobre medidas del estado rector del puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada” fue adoptado en Roma el 22 de noviembre de 2009, en el marco de los esfuerzos globales por proteger los ecosistemas y garantizar la sostenibilidad de los recursos marinos.
El propósito principal de esta ley es aprobar dicho acuerdo y hacer que obligue a la República a partir de la fecha en que el vínculo internacional se perfeccione, tal como lo establece el artículo 2º en concordancia con la Ley 7° de 1944. La norma se encuadra en el ámbito ambiental y marítimo, con fuertes implicaciones sociales y económicas, dado que la pesca ilegal afecta gravemente a las comunidades pesqueras, la biodiversidad y el equilibrio del mercado pesquero nacional e internacional.
Proceso Legislativo y Aprobación
El trámite legislativo de esta ley se desarrolló bajo la consideración de la Rama Ejecutiva, representada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que autorizó su sometimiento al Congreso conforme a los efectos constitucionales. El texto fue presentado para debate en el Congreso de la República, donde se evaluaron los aspectos técnicos y jurídicos del acuerdo internacional.
Aunque el documento no detalla las votaciones específicas ni los debates, la aprobación definitiva se formalizó con la firma del Presidente de la República y de los presidentes y secretarios generales de ambas cámaras legislativas, tras la revisión previa de la Corte Constitucional conforme al artículo 241-10 de la Constitución Política. Esta revisión garantiza la constitucionalidad y la coherencia del acuerdo con el ordenamiento jurídico interno.
Contenido Clave y Disposiciones Principales
La Ley 2529 se estructura en tres artículos fundamentales:
- Artículo 1º: Aprueba el texto del Acuerdo internacional adoptado en Roma en 2009, que contiene medidas específicas para que los Estados, en su calidad de estados rectores de puerto, implementen controles efectivos para prevenir y erradicar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
- Artículo 2º: Establece que el Acuerdo obligará a Colombia desde el momento en que se perfeccione el vínculo internacional, de acuerdo con la legislación vigente referente a tratados y acuerdos internacionales.
- Artículo 3º: Determina que la ley entra en vigor a partir de su publicación oficial.
Este Acuerdo internacional implica una serie de medidas concretas a ser aplicadas en los puertos nacionales, tales como:
- La inspección y control de las embarcaciones pesqueras al momento de su arribo.
- La obligación de los estados para negar el acceso o la utilización de los puertos a embarcaciones sospechosas de pesca ilegal.
- La cooperación internacional para el intercambio de información y la coordinación de acciones de control.
- La implementación de sanciones a actividades que contravengan las normas establecidas.
Implicaciones y Aplicación
La aprobación de esta ley tiene un impacto significativo, pues fortalece el marco normativo colombiano en materia de pesca sostenible y protección de los recursos marinos. Al ratificar un acuerdo internacional reconocido, el país se compromete a adoptar medidas rigurosas para combatir prácticas que afectan la economía formal del sector pesquero, la conservación ambiental y el cumplimiento de estándares internacionales.
Además, esta norma establece la base legal para que las autoridades portuarias y ambientales intensifiquen sus controles y procedimientos, procurando mayor transparencia y eficacia en la gestión de los recursos marítimos. La cooperación con otros países y organismos internacionales se vuelve esencial para enfrentar la pesca ilegal, que suele involucrar redes transnacionales complejas.
Por último, la ley pone en evidencia la importancia creciente que adquieren los instrumentos internacionales en la regulación de actividades con impacto global, mostrando cómo la legislación nacional se adapta a estos compromisos para asegurar la protección de intereses colectivos y la sostenibilidad de los recursos naturales.
Este marco normativo es un paso relevante para el fortalecimiento del Estado de derecho en el ámbito marítimo, promoviendo un equilibrio entre desarrollo económico, protección ambiental y respeto a las normativas internacionales vigentes. Con esta ley, Colombia reafirma su compromiso con la protección de los océanos y la promoción de prácticas pesqueras responsables que beneficien a las generaciones presentes y futuras.
