Contexto y antecedentes del proyecto
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural anunciaría en 2025 un proyecto de decreto que modificaría aspectos fundamentales del Decreto 1071 de 2015, el cual es el único reglamentario del sector administrativo agropecuario, pesquero y de desarrollo rural. Este proyecto atendería a la necesidad de garantizar procesos democráticos en la elección de los miembros de los órganos directivos de los fondos que administran recursos parafiscales, atendiendo a principios constitucionales y disposiciones legales vigentes.
La iniciativa se fundamentaría en la Constitución Política de Colombia, que consagra la participación democrática como un derecho y principio fundamental del Estado social de derecho. Asimismo, tomaría en cuenta recientes modificaciones constitucionales que reconocen al campesinado como sujeto de derechos con especial protección, y que establecen la obligación del Estado de velar por la soberanía alimentaria y el desarrollo sostenible del sector agropecuario y pesquero.
También se apoyaría en la jurisprudencia constitucional, especialmente en la sentencia C-019 de 2022, que define las contribuciones parafiscales y establece la necesidad de mecanismos democráticos en la administración de estos fondos, para garantizar la adecuada representación de los sectores gravados por estas contribuciones.
Propósito y alcance del proyecto
El proyecto de decreto tendría como propósito principal establecer un procedimiento, periodo y requisitos claros para la convocatoria y elección mediante mecanismos democráticos de los representantes de los máximos órganos directivos de los fondos de fomento y de estabilización de precios que manejan recursos parafiscales, excluyendo a los representantes de entidades públicas.
Este procedimiento buscaría garantizar la participación efectiva de todos los interesados del sector respectivo, promoviendo la pluralidad, igualdad, transparencia y publicidad. Además, se enfatizaría la representación paritaria de las mujeres, la inclusión de pequeños productores de todas las regiones donde se recauda la contribución parafiscal, así como la participación de organizaciones de víctimas, jóvenes campesinos y usuarios de Agricultura Campesina, Familiar, Étnica y Comunitaria (ACFEC).
Cambios y medidas específicas propuestas
El proyecto sustituiría el Título 4 de la Parte 10 del Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, incorporando un capítulo dedicado a los procedimientos electorales a cargo de los administradores de los fondos parafiscales. Entre las medidas más relevantes se encontrarían:
- La convocatoria a elecciones debería realizarse con al menos dos meses de antelación y divulgarse a través de medios digitales, físicos y medios de comunicación regionales y nacionales para garantizar la publicidad.
- Se establecerían requisitos mínimos para los candidatos, como estar al día con el pago de la contribución parafiscal, no contar con antecedentes penales o disciplinarios, y acreditar formación o experiencia en administración o gestión agropecuaria o pesquera.
- El proceso incluiría mecanismos para asegurar la representación mínima de sectores subrepresentados y la participación paritaria de mujeres en los órganos directivos.
- Se garantizaría la autonomía de los administradores de los fondos para definir sus estatutos, seleccionar a sus miembros y adoptar decisiones relacionadas.
- Se establecería la obligación de utilizar medios electrónicos para los procesos de convocatoria, inscripción, votación y reporte de resultados, con la implementación de una solución tecnológica antes del 31 de diciembre de 2025.
- El proyecto indicaría que los contratos asociados a la administración de estos fondos incluirían cláusulas que consideren incumplimiento grave el no respeto a las garantías democráticas establecidas.
Participación y supervisión de actores clave
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural tendría un papel activo en la convocatoria, gestión y supervisión de los procesos electorales, con acompañamiento de delegados veedores designados por la Comisión Mixta Nacional de Asuntos Campesinos o su organismo sustituto.
Además, se conformaría un comité verificador para cada proceso electoral, integrado por representantes de la oficina ministerial, quienes serían designados por los directivos competentes. Como invitados permanentes, participarían la Procuraduría delegada para asuntos agrarios, la Defensoría de Asuntos Agrarios y de Tierras, y la Contraloría delegada para el sector agropecuario. También se invitaría de forma accidental a representantes de candidatos no electos.
El proyecto también incorporaría la creación de un Sistema de Información Único Parafiscal (SIUP), que centralizaría la información contractual y de oferta institucional financiada mediante fondos de fomento y estabilización de precios. Este módulo obligaría a los administradores a reportar información relevante, siendo la omisión considerada falta grave.
Información adicional y participación ciudadana
Conforme a lo establecido en la Ley 1437 de 2011 y el Decreto 1081 de 2015, el proyecto de decreto se publicaría en la página web del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para recibir comentarios y observaciones de la ciudadanía y grupos de interés. El periodo para participar mediante aportes se anunciaría en los canales oficiales de la entidad.
De esta manera, se buscaría garantizar la transparencia y la inclusión de todos los sectores interesados en la reglamentación de la elección de los miembros de los órganos directivos de los fondos parafiscales del sector agropecuario y pesquero.
Vigencia y transición
El proyecto establecería que la conformación actual de los órganos directivos continuaría vigente hasta el 31 de octubre de 2025, fecha máxima para convocar nuevas elecciones bajo las disposiciones del decreto. El periodo de los miembros electos sería de dos años, sin posibilidad de reelección salvo disposición en contrario.
Así mismo, indicaría que el decreto entraría en vigencia a partir de su publicación oficial, derogando las disposiciones anteriores contrarias relacionadas con el mismo tema.
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Este proyecto de decreto representaría un avance significativo en la regulación democrática de la administración de recursos parafiscales en el sector agropecuario y pesquero, buscando fortalecer la participación de todos los actores involucrados y asegurar la transparencia en la gestión de estos fondos. Con su implementación, se espera mejorar la representación y el control social sobre estos recursos, promoviendo un desarrollo rural más justo, inclusivo y sostenible para Colombia.