Objetivo y alcance del Proyecto de Ley
El Proyecto de Ley en cuestión tiene por objeto establecer el monto definitivo del Presupuesto General de la Nación para el año 2025, incluyendo las rentas y recursos de capital, así como aprobar la Ley de Financiamiento que complementa su sostenibilidad. Este presupuesto abarca el gasto público nacional en sus diferentes rubros, desde funcionamiento hasta inversión y servicio de deuda, y es fundamental para la planificación y ejecución de las políticas públicas del Estado.
Actualmente, el proyecto se encuentra en etapa de discusión en la Comisión Cuarta Constitucional Permanente del Senado, con participación activa de congresistas, funcionarios del Ministerio de Hacienda, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), expertos de centros de pensamiento económico y organizaciones de la sociedad civil. El plazo máximo para la aprobación del presupuesto es el 15 de septiembre de 2024, por lo que el debate legislativo se encuentra en su fase decisiva.
Contexto y problemáticas que motivan la discusión
El contexto económico y fiscal de Colombia presenta retos significativos para la formulación del presupuesto. El país enfrenta una reducción en la tasa de crecimiento económico, una inflación todavía en proceso de control, y una caída real en el recaudo tributario certificada para la vigencia actual. A esto se suma la existencia de un alto grado de rigidez presupuestal, derivado de compromisos legales como el servicio de la deuda, el Sistema General de Participaciones (SGP), gastos pensionales y de salud, que limitan la capacidad del Gobierno para maniobrar en la asignación de recursos.
Además, se observa una baja ejecución del presupuesto de inversión en los años recientes, lo que afecta la capacidad del Estado para impulsar la reactivación económica. También hay preocupación por la disparidad entre las cifras estimadas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo presentado a mediados de 2024 y las cifras que aparecen en el Proyecto de Presupuesto radicado, especialmente respecto a los ingresos tributarios, que pasaron de una estimación de 258 billones de pesos a más de 316 billones en solo unas semanas.
Aspectos clave del Proyecto de Ley
El presupuesto propuesto para 2025 asciende a 523 billones de pesos, cifra que incluye un aumento significativo en los ingresos tributarios esperados, basados en una Ley de Financiamiento por 12 billones de pesos y una gestión adicional de la DIAN por 14.6 billones. Sin embargo, esta última cifra genera dudas, dada la baja ejecución de la gestión tributaria en 2024, donde solo se ha recaudado cerca de 3.4 billones a agosto, y la histórica dificultad para cumplir metas tan ambiciosas.
En materia de gastos, se destaca que cerca del 92% del presupuesto está comprometido en gastos rígidos o inflexibles, como pensiones, salud, deuda y transferencias, lo que reduce el margen para inversión pública y gasto discrecional. El presupuesto de inversión es el más bajo en años recientes en proporción al total, y la ejecución de inversión ha sido históricamente baja, situación que preocupa a congresistas y expertos.
Asimismo, el proyecto contempla un aumento en los recursos de capital, que incluyen créditos internos y otros recursos, pasando de 10 billones a 30 billones, sin que se registre una explicación clara sobre este incremento ni indicios de enajenaciones de activos públicos como Ecopetrol.
Debate y posturas de los actores involucrados
El debate legislativo ha contado con la participación de expertos de Fedesarrollo, ANIF, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, Transparencia por Colombia, ONG Foro Nacional por Colombia, así como funcionarios del Ministerio de Hacienda y la DIAN. Las principales posturas pueden resumirse en:
- A favor del proyecto y la gestión gubernamental: Se reconoce el compromiso del Gobierno con la responsabilidad fiscal y el cumplimiento de la Regla Fiscal. Se valora la ampliación de la planta de funcionarios de la DIAN, la implementación de tecnología avanzada y estrategias para reducir la evasión tributaria. También se destaca la importancia de mantener programas sociales que han contribuido a la reducción de la pobreza.
- Críticas y preocupaciones: Se cuestiona la credibilidad de las cifras de recaudo tributario, señalando que las metas son demasiado optimistas y no corresponden con la realidad económica y fiscal actual. Se advierte sobre el riesgo de aprobar un presupuesto inflado que obligue a recortes posteriores sin participación del Congreso, erosionando la capacidad de control democrático sobre el gasto público. Se solicita mayor transparencia y desagregación en el presupuesto, especialmente en los fondos extra presupuestales, y se llama a implementar planes de austeridad para mejorar la eficiencia y evitar gastos innecesarios en funcionamiento.
Congresistas de distintas bancadas han insistido en la necesidad de ajustar el presupuesto a un monto más realista, cercano a 480-485 billones de pesos, basado en el recaudo real de 2024 y las proyecciones conservadoras de crecimiento económico. También se ha hecho un llamado a evitar nuevas reformas tributarias en un contexto económico frágil, priorizando la reactivación económica y la confianza inversionista.
Perspectiva comparativa y relevancia
Aunque el análisis no incluye explícitamente comparaciones con legislaciones de otros países, el debate refleja una problemática común en economías emergentes: la tensión entre la necesidad de financiar gasto público y la sostenibilidad fiscal en un contexto de baja recaudación y rigidez presupuestal. La discusión sobre la Ley de Financiamiento como instrumento para asegurar ingresos adicionales es representativa de la práctica habitual en sistemas fiscales que requieren ajustes periódicos para mantener la estabilidad macroeconómica.
Conclusión del debate y próximos pasos
La Comisión Cuarta Constitucional Permanente se encuentra en la fase final de discusión del proyecto, con la aprobación del monto presupuestal prevista para la próxima semana antes del plazo legal del 15 de septiembre. Durante la sesión se acordó continuar con el diálogo abierto, incluyendo audiencias públicas para garantizar la participación de la sociedad civil y expertos.
El Ejecutivo se comprometió a considerar las inquietudes planteadas, especialmente en cuanto a la prudencia en las estimaciones de recaudo y la necesidad de fortalecer la transparencia y la ejecución eficiente del gasto. La definición final del presupuesto tendrá un impacto directo en la política fiscal, social y económica de Colombia para 2025, por lo que el debate legislativo continúa siendo crucial para equilibrar las expectativas y la realidad financiera del país.
En resumen, el proceso de aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2025 representa un momento clave para la toma de decisiones que definirán el rumbo económico y social de Colombia en el próximo año. La atención a las recomendaciones de expertos, la participación activa de los distintos actores y la vigilancia ciudadana serán fundamentales para lograr un presupuesto sostenible, transparente y orientado al bienestar colectivo.
