Objetivo y ámbito del proyecto

El proyecto de ley tiene como objetivo principal modificar y adicionar la Ley 2123 de 2021, que autorizaba a la Asamblea Departamental de Casanare la emisión de una estampilla para el fortalecimiento financiero de la Universidad Internacional del Trópico Americano (Unitrópico). La iniciativa amplía esta autorización a los concejos municipales dentro del departamento, permitiendo su adopción en el ámbito municipal. Además, ajusta disposiciones sobre el hecho generador de la estampilla, sujetos activos y pasivos, tarifas y mecanismos de recaudación y transferencia de los recursos. En materia de trámite legislativo, el proyecto fue radicado ante la Cámara de Representantes y se encuentra en etapa inicial de discusión.

Contexto y necesidad de la propuesta

La Universidad Internacional del Trópico Americano, creada como universidad pública en 2021, ha experimentado un crecimiento significativo en infraestructura, oferta académica y número de estudiantes. Como institución de educación superior al servicio del desarrollo regional, esta universidad contribuye al progreso social, económico y cultural del departamento de Casanare y su capital, Yopal. Sin embargo, la financiación requiere mecanismos estables y suficientes para garantizar la continuidad y mejora de la calidad educativa. La Ley 2123 de 2021 creó el mecanismo de la estampilla “Pro Unitrópico” para recaudar recursos destinados a la universidad, pero inicialmente solo autorizó su emisión a nivel departamental. Este proyecto busca corregir y ampliar esa autorización para incluir a los municipios, especialmente a Yopal, principal beneficiario local, y así fortalecer la participación territorial en la financiación de Unitrópico. También corrige aspectos relacionados con los contratos sujetos al gravamen, incluyendo excepciones y especificaciones para garantizar un tratamiento equitativo a los contratos de prestación de servicios, en particular los de apoyo a la gestión, que en la ley vigente no estaban debidamente contemplados.

Contenido clave del proyecto de ley

Entre las modificaciones más relevantes se encuentran:

• Autorización municipal: Se faculta a los concejos municipales del departamento de Casanare para ordenar y acordar la emisión de la estampilla “Pro Unitrópico” en el ámbito de su competencia y autonomía.
• Ampliación del hecho generador: Se incluyen como sujetos del gravamen los contratos, convenios y sus adiciones suscritos por la administración central del departamento o municipios, así como por las empresas industriales y comerciales del Estado y otras entidades designadas ejecutoras de recursos del Sistema General de Regalías. Se exceptúan contratos financiados con recursos destinados al sector salud y contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión que no superen ciertos valores.
• Sujetos activos y pasivos: El departamento de Casanare y los municipios que adopten la estampilla serán sujetos activos para la recaudación, mientras que serán sujetos pasivos las personas naturales o jurídicas que suscriban los contratos gravados.
• Tarifas: Se establece una escala tarifaria progresiva basada en el valor del contrato, con rangos mínimos y máximos establecidos entre 0,15% y 1,5%, según el monto contratado. Las autoridades territoriales podrán fijar la tarifa dentro de estos rangos mediante ordenanzas o acuerdos.
• Mecanismos de recaudo y transferencia: Se crea una cuenta maestra especial para el depósito de los recursos recaudados, los cuales deben ser transferidos a Unitrópico dentro de los quince días calendario siguientes al cierre mensual presupuestal.
• Vigencia y derogatoria: La ley regirá desde la sanción y publicación y derogará disposiciones contrarias.

Impacto potencial y debate

La ampliación de la facultad para emitir la estampilla a nivel municipal puede traducirse en un aumento significativo de los recursos disponibles para Unitrópico, permitiendo su fortalecimiento institucional, la ampliación de la oferta académica, mejor infraestructura y mayor apoyo a estudiantes, especialmente en condición de vulnerabilidad. Se espera que esta medida favorezca la participación activa de municipios como Yopal en el financiamiento de una institución que tiene un impacto directo en su desarrollo económico y social. El proyecto también busca corregir omisiones en la ley vigente respecto a la exclusión de ciertos contratos del gravamen, promoviendo un tratamiento más justo para los contratos de servicios de apoyo a la gestión, cuyo papel es fundamental para el funcionamiento administrativo de la universidad. No obstante, el proyecto podría generar debate en torno a la aplicación del gravamen contractual en diferentes entidades y contratos, la carga financiera para contratistas y proveedores, y la autonomía de los municipios para decidir sobre la emisión. También es posible que sectores afectados manifiesten preocupaciones sobre el impacto económico y administrativo del cobro de la estampilla.

Perspectiva legislativa y próximos pasos

El proyecto ha sido presentado formalmente ante la Cámara de Representantes y deberá ser asignado a las comisiones competentes para su análisis en detalle. Posteriormente, se espera la discusión en plenaria, informes de ponencia y posibles conciliaciones si se presentan modificaciones. La participación ciudadana y el debate público serán relevantes para enriquecer el análisis y ponderar los intereses en juego. En conclusión, este proyecto representa un paso importante en la consolidación de mecanismos de financiamiento para la universidad pública regional, con un enfoque en la participación territorial y el fortalecimiento institucional, en línea con las necesidades académicas y sociales del departamento de Casanare. ---

Objetivo y ámbito de aplicación

El proyecto tiene por objeto crear un marco jurídico integral que regule las obligaciones de las empresas en materia de derechos humanos en el territorio colombiano. Su ámbito de aplicación incluye a todas las empresas públicas, privadas o mixtas, sin importar tamaño, forma jurídica o capital, que desarrollen actividades económicas en Colombia, directa o indirectamente, incluyendo filiales, proveedores, plataformas digitales y empresas transnacionales con impacto en el país. El proyecto se encuentra en etapa inicial de trámite legislativo tras su radicación en la Cámara de Representantes, con etapas posteriores de discusión, debate, ponencias y votación.

Contexto y problemática que busca resolver

Colombia ha enfrentado durante años conflictos socioambientales y violaciones a derechos humanos vinculados a actividades empresariales, especialmente en sectores extractivos, agroindustriales e infraestructura. Estos impactos afectan comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y otros sujetos de especial protección constitucional, agravados por la persistencia del conflicto armado y la violencia contra defensores de derechos humanos y ambientales. A pesar de la existencia de instrumentos voluntarios y planes de acción, se han identificado vacíos normativos, falta de mecanismos efectivos de sanción y reparación, y barreras estructurales que limitan el acceso a la justicia para las víctimas. Organismos internacionales y nacionales han recomendado avanzar hacia una regulación obligatoria que asegure la responsabilidad jurídica empresarial y mecanismos efectivos para prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones a derechos humanos.

Contenido esencial del proyecto de ley

El proyecto se estructura en cuatro títulos que desarrollan un marco robusto y detallado:

• Título I: Define el objeto, ámbito de aplicación, términos y principios rectores como la primacía de los derechos humanos, enfoque diferencial, acceso efectivo a la justicia, prevención y transparencia.
• Título II: Establece obligaciones específicas para las empresas, incluyendo medidas razonables y anticipadas para prevenir violaciones de derechos humanos, obligación de transparencia y publicación de información relevante, prohibiciones contra prácticas como trabajo infantil, discriminación, vínculos con actores armados ilegales y daños al ambiente, así como la protección de defensores de derechos humanos. También determina obligaciones del Estado para garantizar supervisión, sanción y evitar la captura corporativa.
• Título III: Regula la responsabilidad empresarial en los ámbitos civil y administrativo, incluyendo responsabilidad solidaria entre empresas matrices y filiales, levantamiento del velo corporativo para evitar eludir responsabilidades, sanciones administrativas como multas, suspensión de licencias, cancelación de personería jurídica, inhabilidades para contratar con el Estado y remoción de administradores. También modifica normas del Código de Comercio y Civil para incorporar