Objetivo y ámbito del proyecto de ley

El proyecto de ley tiene como objetivo principal prohibir la exploración y explotación de hidrocarburos en Yacimientos No Convencionales (YNC) —que incluyen formaciones como areniscas bituminosas, hidratos de metano, gas asociado a mantos de carbón, y lutitas— y la utilización de la técnica de fracturamiento hidráulico multietapa en secciones horizontales, comúnmente conocida como fracking, para estas actividades. El ámbito de esta iniciativa es ambiental y social, con implicaciones económicas y políticas, dado su impacto en la salud pública, el medio ambiente y la política energética nacional. Actualmente, el proyecto se encuentra radicado en la Cámara de Representantes y está pendiente de discusión en la Comisión Quinta Constitucional Permanente, que es la encargada de temas ambientales, recursos naturales, y minería y energía. Los siguientes pasos previstos incluyen la asignación para primer debate en comisión, seguido de su discusión en plenaria.

Contexto y problemáticas que aborda la propuesta

Esta iniciativa surge en un contexto de creciente preocupación por los impactos ambientales y sociales que genera la explotación de YNC mediante fracking. Colombia, como país comprometido con la protección ambiental y el Acuerdo de París, enfrenta retos en la gestión sostenible de sus recursos naturales y la mitigación de la crisis climática. Históricamente, varios proyectos similares han sido presentados ante el Congreso, pero no han avanzado en el trámite legislativo. La acumulación de estos esfuerzos refleja la demanda social y política de prevenir daños graves al ambiente y la salud pública derivados de esta técnica extractiva, que implica alto consumo de agua, riesgos de contaminación de acuíferos, emisiones de gases de efecto invernadero y potenciales conflictos socioambientales.

Contenido clave del proyecto

El proyecto establece las siguientes disposiciones principales:

• Prohibición del fracking: Se prohíbe el uso del fracturamiento hidráulico multietapa en secciones horizontales para la explotación de hidrocarburos en YNC.
• Prohibición de la exploración y explotación de YNC: Se limita la actividad extractiva en formaciones específicas como areniscas bituminosas, hidratos de metano, lutitas, gas asociado a mantos de carbón, arenas y carbonatos apretados.
• Régimen de transición: Se establecen mecanismos para la liquidación o reorientación de contratos vigentes relacionados con YNC, con opciones para que los contratistas puedan cambiar a contratos de yacimientos convencionales, trasladar inversiones, recibir nuevas áreas o terminar contratos sin penalización.
• Derogatoria y vigencia: La ley derogaría cualquier disposición contraria y entraría en vigencia a partir de su promulgación.
• Reglamentación: El Gobierno, a través del Ministerio de Minas y Energía, deberá expedir la reglamentación necesaria dentro del año siguiente a la promulgación para asegurar el cumplimiento de la ley.

El proyecto también incluye un detallado análisis técnico y científico sobre los riesgos asociados al fracking y a la explotación de YNC, como la elevada demanda hídrica, la contaminación de aguas y suelos, la generación de residuos radiactivos, impactos en la salud pública, emisiones de gases de efecto invernadero y riesgos sísmicos.

Debate y posturas de los actores involucrados

El proyecto ha sido impulsado por un grupo significativo de congresistas de diversas fuerzas políticas, así como por organizaciones civiles agrupadas en la Alianza Colombia Libre de Fracking, que resaltan la importancia de preservar el medio ambiente y la salud pública frente a los riesgos de esta tecnología. Por otro lado, sectores vinculados a la industria energética y algunos expertos argumentan que la explotación de YNC, mediante técnicas como el fracking, podría contribuir a la seguridad energética y desarrollo económico del país, siempre que se realice bajo estrictas regulaciones ambientales y técnicas. También expresan inquietudes sobre la afectación a inversiones y empleos en el sector hidrocarburos. En la fase actual, el proyecto no ha sido agendado para debate en la Comisión Quinta de la Cámara, lo que ha generado críticas sobre la falta de avance en un tema considerado prioritario por varios sectores sociales y ambientales.

Marco normativo y fundamentos constitucionales

El proyecto se sustenta en el bloque de constitucionalidad ambiental colombiano y en compromisos internacionales como el Acuerdo de París, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el Convenio sobre Diversidad Biológica. La Constitución Política de Colombia consagra la protección del ambiente como un derecho y deber, limita la libertad económica en función del interés general y establece la propiedad estatal sobre los recursos naturales no renovables. La jurisprudencia constitucional y administrativa ha reafirmado que el Estado puede prohibir actividades extractivas cuando existan riesgos comprobados o meritorios para aplicar el principio de precaución, que impone medidas para prevenir daños graves o irreversibles aun en ausencia de certeza científica absoluta. El proyecto incluye un régimen de transición para respetar los derechos contractuales vigentes y minimizar riesgos jurídicos para el Estado, una propuesta que fue aportada por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.

Impacto potencial y perspectivas

De ser aprobado, el proyecto generaría un cambio sustancial en la política energética y ambiental colombiana, al prohibir una técnica extractiva que ha sido objeto de controversia mundial por sus impactos socioambientales. Esto implicaría una redefinición de las estrategias nacionales para el aprovechamiento de hidrocarburos y un impulso a fuentes energéticas menos contaminantes. Además, contribuiría al cumplimiento de metas climáticas y a la prevención de conflictos socioambientales en zonas potencialmente afectadas por la explotación de YNC. Sin embargo, también plantea desafíos en materia de transición energética, seguridad energética y manejo de inversiones del sector hidrocarburos. El debate legislativo futuro deberá equilibrar estos aspectos, con base en evidencia técnica, participación ciudadana y cumplimiento de los principios constitucionales de protección ambiental y bienestar general. --- Este análisis presenta el contenido y contexto del Proyecto de Ley 053 de 2025, el cual continúa en trámite legislativo en Colombia y aún no ha entrado en vigencia. Su discusión es clave para definir el rumbo del sector energético y ambiental en el país, y se espera que próximamente se avance en su debate para tomar una decisión que impactará significativamente el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente en Colombia.