Contexto y tribunal competente

La Sala Cuarta de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, con ponencia a cargo de una consejera de la Sección Cuarta, dictó sentencia de segunda instancia en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. La decisión revisó la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de Bolívar que inicialmente negó las pretensiones de la demanda presentada por una compañía aseguradora contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Antecedentes fácticos y procesales

El caso se originó a partir de declaraciones de importación temporal a largo plazo presentadas en 2010 por una empresa importadora para maquinaria destinada a túneles. La DIAN sancionó a la empresa importadora por no finalizar dicha modalidad de importación y por pagos extemporáneos de cuotas aduaneras, ordenando además la efectividad de una póliza de cumplimiento de disposiciones legales expedida por la compañía aseguradora demandante. Estas sanciones y la orden de hacer efectiva la póliza fueron objetadas en sede administrativa y confirmadas por la DIAN. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la compañía aseguradora impugnó los actos administrativos, argumentando principalmente la inaplicación de normas relativas al proceso de reorganización empresarial en el que estaba inmersa la empresa importadora. La demandante sostuvo que, conforme a la Ley 1116 de 2006, las obligaciones sujetas a proceso de reorganización quedan suspendidas y que, por ello, no correspondía hacer efectiva la póliza ni imponer sanciones o exigir pagos que contravinieran dicho régimen. El Tribunal Administrativo de Bolívar negó las pretensiones de la aseguradora, sosteniendo que la DIAN actuó conforme al acuerdo de reorganización empresarial y al régimen aduanero vigente. En particular, consideró procedente la efectividad de la póliza de cumplimiento, pues esta garantizaba el pago de tributos e intereses derivados de la importación temporal, y afirmó que el término de prescripción estaba suspendido por el proceso concursal en curso.

Consideraciones jurídicas de la sentencia del Consejo de Estado

La Sala del Consejo de Estado centró su análisis en la prescripción de la acción de cobro respecto a la póliza de cumplimiento de disposiciones legales y en la naturaleza jurídica de dicha póliza frente a las normas de reorganización empresarial. Se destacó que, conforme al artículo 1081 del Código de Comercio, las acciones derivadas de contratos de seguro prescriben en dos años a partir del conocimiento del hecho que da origen a la acción, en este caso, el incumplimiento garantizado. La póliza tenía vigencia entre septiembre de 2010 y octubre de 2015, y la autoridad aduanera ordenó hacer efectiva la garantía en enero de 2018, superando por tanto el plazo legal para ejercer la acción. En cuanto al proceso de reorganización empresarial, la Sala recordó que la Ley 1116 de 2006 establece la suspensión de la prescripción y la inoperancia de la caducidad solo para los créditos causados contra el deudor antes del inicio del proceso. Sin embargo, esta suspensión no se aplica a las garantías como las pólizas de seguro de cumplimiento, que no constituyen garantías reales o personales previstas en la Ley 1116. Por consiguiente, el término para hacer efectiva la póliza no fue suspendido por la reorganización. El Consejo de Estado también resaltó la diferencia entre las garantías reales o personales y el contrato de seguro de cumplimiento. Mientras las primeras implican responsabilidad directa y continua de terceros por la obligación del deudor, el seguro de cumplimiento es un contrato autónomo que cubre el riesgo de incumplimiento, sin que implique que el asegurador sea deudor solidario. Adicionalmente, se tuvo en cuenta que en el acta de conciliación dentro del proceso de reorganización, la DIAN se reservó expresamente el derecho de exigir el cumplimiento de la póliza, lo que implica que la entidad no suspendió dicha garantía durante el proceso concursal. En consecuencia, la Sala concluyó que existió nulidad parcial de los actos administrativos que ordenaron la efectividad de la póliza por haberse ejercido fuera del término legal de prescripción, haciendo improcedente el cobro sobre esta garantía. No obstante, la declaración de nulidad fue parcial, pues otras sanciones y obligaciones no se vieron afectadas.

Decisión y efectos procesales

El Consejo de Estado revocó la sentencia de primera instancia y declaró:

• La nulidad del artículo que afectó la póliza de cumplimiento de obligaciones legales dentro de la resolución que ordenó su efectividad.
• La nulidad parcial de la resolución confirmatoria en lo relacionado con la póliza.
• La improcedencia de la afectación de la póliza debido a la prescripción de la acción de cobro conforme al Código de Comercio.
• La no condena en costas en esta instancia, por no estar demostrada su causación.

Finalmente, se ordenó remitir el expediente al tribunal de origen para los efectos correspondientes.

Relevancia para el derecho administrativo y comercial

Esta sentencia aporta claridad sobre la aplicación de normas concursales en relación con garantías administrativas y la naturaleza particular del seguro de cumplimiento en el ámbito aduanero. Destaca la importancia de diferenciar entre tipos de garantías y el impacto de la prescripción en el ejercicio de acciones contra aseguradoras en procesos administrativos. Asimismo, establece criterios sobre la suspensión e interrupción de términos en procesos de reorganización empresarial, puntualizando que no todas las obligaciones o garantías están sujetas a estas reglas, especialmente en materia aduanera y contractual de seguros. La decisión también reafirma la necesidad de respetar los plazos legales para la efectividad de garantías y la correcta interpretación de actos administrativos en materia tributaria, lo que favorece la seguridad jurídica tanto para la administración como para particulares involucrados en comercio exterior y procesos concursales.