Providencia y tribunal competente

La decisión corresponde a una sentencia emitida en grado jurisdiccional de consulta por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, entidad encargada de ejercer la función disciplinaria sobre los abogados en Colombia, conforme al artículo 257A de la Constitución Política. La sentencia objeto de análisis fue proferida inicialmente por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda el 14 de septiembre de 2022, y posteriormente confirmada en segunda instancia por la Comisión Nacional el 30 de abril de 2025.

Antecedentes fácticos y procesales

La investigación y proceso disciplinario se iniciaron tras la presentación de quejas por parte de dos ciudadanas contra una abogada, quien se comprometió a representar sus intereses en demandas por incumplimiento contractual con una constructora. Las denunciantes manifestaron que la profesional aceptó gestionar demandas para la resolución de contratos de compraventa de apartamentos, solicitando y recibiendo sumas aproximadas a tres millones de pesos cada una para gastos relacionados con el proceso, sin embargo, no se evidenció la radicación de las demandas ni la realización de audiencias o conciliaciones. Durante el proceso, se constató que la abogada contaba con antecedentes disciplinarios que incluían suspensiones vigentes para el periodo en que asumió la representación de las denunciantes. Además, se presentaron documentos supuestamente expedidos por autoridades judiciales y centros de conciliación que resultaron ser falsos, lo que fue corroborado mediante certificaciones oficiales que negaban la existencia de dichos procesos o actos conciliatorios. El trámite disciplinario incluyó la apertura formal del proceso, la práctica de pruebas, la formulación de cargos y la audiencia de juzgamiento, en la cual la defensa de la abogada...