Tipo y contexto del acuerdo
El Acuerdo AOG 024 de 2025, expedido el 12 de agosto de 2025 y publicado en el Diario Oficial No. 53.211 el 13 de agosto, es un acto normativo de carácter
interadministrativo aprobado por el Órgano de Gobierno de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Esta jurisdicción, creada por el Acto Legislativo 01 de 2017, goza de autonomía administrativa, presupuestal y técnica para llevar a cabo una función judicial transicional con conocimiento preferente respecto a otras jurisdicciones.
Objeto y finalidad del acuerdo
El acuerdo tiene por objeto la aprobación del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) para el periodo 2025-2029, así como su plan de ejecución para el lapso comprendido entre septiembre de 2025 y febrero de 2027. Este programa es una herramienta estratégica que busca institucionalizar prácticas éticas y transparentes dentro de la JEP, fortaleciendo así su legitimidad y confianza pública.
La finalidad del PTEP es implementar políticas y acciones concretas orientadas a prevenir la corrupción, garantizar la atención efectiva al ciudadano y mejorar la gestión administrativa mediante principios de integridad y responsabilidad. Con ello, se persigue un impacto positivo en la administración de justicia transicional y en la consolidación de la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de la paz.
Ámbito de aplicación y principales disposiciones
Este acuerdo tiene un ámbito de aplicación interno, en el marco administrativo y operativo de la JEP. Establece compromisos específicos para la elaboración, validación, consolidación, aprobación, publicación, ejecución y eventual modificación del Programa de Transparencia y Ética Pública, siguiendo el ciclo metodológico previsto en el Decreto 1122 de 2024.
Entre las disposiciones clave se encuentran:
- La adopción formal del PTEP y su plan de ejecución como instrumentos vinculantes para la gestión institucional.
- La asignación de responsabilidades para la implementación y seguimiento de las acciones previstas.
- La conformidad con el régimen legal propio de la JEP y las disposiciones del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, ahora integradas en el PTEP.
Impacto potencial del acuerdo
La adopción del PTEP representa un paso significativo para fortalecer la ética y la transparencia en una jurisdicción clave para la consolidación de la paz en Colombia. Al establecer un marco claro para la prevención de la corrupción y la promoción de la atención ciudadana, el acuerdo contribuye a mejorar la confianza pública en la JEP y a garantizar que su función judicial se ejerza con los más altos estándares de integridad.
Además, este programa puede servir como referente para otras entidades públicas que buscan fortalecer sus políticas anticorrupción y de ética, ampliando su influencia positiva más allá de la jurisdicción especial.
Sustento legal y mecanismos de seguimiento
El acuerdo se fundamenta en un marco normativo sólido, que incluye el Acto Legislativo 01 de 2017, la Ley 1957 de 2019, la Ley 1474 de 2012 y el Decreto 1122 de 2024. Estos instrumentos establecen las bases para la autonomía administrativa de la JEP, sus funciones en materia anticorrupción y atención al ciudadano, y la metodología para la formulación y gestión de programas de transparencia y ética pública.
En cuanto al seguimiento, el acuerdo prevé un ciclo continuo de formulación, validación, ejecución y modificación del programa, que es responsabilidad de las instancias directivas y administrativas de la JEP. Este mecanismo asegura la actualización constante y la efectividad de las medidas adoptadas.
Contexto institucional
La aprobación del PTEP se enmarca en la consolidación institucional de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuyo mandato constitucional y legal exige una gestión transparente y ética como garantía para el cumplimiento de su misión. La adopción de este programa se alinea con las mejores prácticas administrativas y responde a exigencias nacionales e internacionales en materia de integridad pública.
Este acuerdo reafirma el compromiso de la JEP con la transparencia y la ética como pilares esenciales para la administración de justicia transicional, contribuyendo a la construcción de una paz sostenible en el país, y sentando un precedente para fortalecer la confianza ciudadana en los procesos de justicia y reconciliación.
