Objetivo y ámbito del proyecto de ley
El Proyecto de Ley número 450 de 2024, presentado en la Cámara de Representantes, tiene como objetivo principal reconocer, regular y fortalecer la Economía Popular y Comunitaria (EPIC) en Colombia. Esta iniciativa legislativa se dirige principalmente al ámbito socioeconómico, buscando consolidar una política pública integral para un sector que representa más del 50% de la población ocupada a nivel nacional y más del 80% en zonas rurales.
Actualmente, el proyecto se encuentra en trámite en la Comisión Séptima Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, habiendo sido aprobado para primer debate con proposiciones modificatorias que ajustan y complementan su articulado. Los siguientes pasos en su trámite legislativo incluyen la discusión en plenaria de la Cámara y posteriores debates para su posible sanción.
Contexto y problemática que aborda la iniciativa
La Economía Popular y Comunitaria agrupa actividades económicas informales y formales desarrolladas por trabajadores por cuenta propia, unidades domésticas, microempresas familiares, campesinos, recicladores, vendedores ambulantes y otros actores tradicionales, que muchas veces no se encuentran debidamente reconocidos ni regulados por el Estado. A pesar de su relevancia como fuente de empleo y sustento para millones de colombianos, este sector ha sido históricamente invisibilizado, subvalorado y asociado erróneamente con la informalidad.
La falta de un marco normativo claro limita el acceso a derechos laborales, seguridad social, financiamiento, capacitación y participación en políticas públicas. Esta realidad genera precariedad laboral, exclusión social y dificultades para la formalización de miles de unidades productivas en todo el territorio nacional.
Contenido clave del proyecto
El proyecto consta de 40 artículos que establecen definiciones, principios, estructuras institucionales, mecanismos de financiamiento, promoción, formalización y participación de los actores de la EPIC. Algunos de los puntos más relevantes son:
- Definiciones y principios: Se establece una conceptualización amplia de la Economía Popular y Comunitaria, reconociéndola como forma legítima de organización productiva basada en la solidaridad, reciprocidad y reproducción de la vida.
- Estructura institucional: Se crea un Consejo Nacional de la Economía Popular (CNEP) como instancia de coordinación y articulación de políticas, junto con asambleas municipales, departamentales y nacional para la participación democrática de los actores.
- Planeación y políticas públicas: Las entidades territoriales deberán incluir objetivos y programas para el fortalecimiento de la EPIC en sus planes de desarrollo.
- Financiamiento: Se promueven líneas de crédito preferenciales y garantías parciales a través de entidades públicas y fondos como el Fondo Emprender del SENA, Findeter y el Fondo Nacional de Garantías.
- Formalización y protección social: Se impulsa la inclusión progresiva de los trabajadores y unidades productivas en sistemas de seguridad social y la promoción de mejores condiciones laborales.
- Compras públicas y asociacionismo: Se amplía la posibilidad de que las organizaciones de la EPIC participen en contratos públicos, especialmente mediante contratos de mínima cuantía, fortaleciendo su acceso a mercados estatales.
- Reconocimiento del espacio público: El proyecto reconoce el espacio público como espacio social para el desarrollo de actividades económicas populares, proponiendo comités de autorregulación en coordinación con las entidades territoriales.
- Turismo comunitario y servicios ambientales: Se incluyen mecanismos para fomentar el turismo sostenible y la economía circular, integrando a recicladores y actores ambientales.
- Información y difusión: Se crea un sistema de información y un registro nacional para visibilizar y cuantificar la contribución de la EPIC, además de promover campañas de difusión para su reconocimiento.
Debate y posturas de los actores involucrados
Durante la discusión en la Comisión, los ponentes destacaron la importancia del proyecto para reconocer un sector vital para la economía nacional y para la subsistencia de millones de familias, especialmente en zonas rurales y urbanas marginadas. Resaltaron que la iniciativa busca superar la visión punitiva y excluyente que tradicionalmente ha tratado a la economía popular como un problema de informalidad, proponiendo en cambio una política pública inclusiva y de fomento.
Se plantearon preocupaciones respecto a algunos artículos relacionados con el manejo del espacio público, donde se discutió la competencia entre el Ministerio de Vivienda y las entidades territoriales, con propuestas para que la gestión sea coordinada y respetando la autonomía local. También se expresaron inquietudes sobre los alcances de las compras públicas y las exigencias sanitarias para ciertos productos elaborados por actores populares.
Por otra parte, se resaltó la necesidad de que las medidas de financiamiento y fomento cuenten con recursos efectivos y no se queden en letra muerta, así como la importancia de que las políticas para la formalización avancen de manera gradual y acompañada.
Varias intervenciones coincidieron en que el proyecto puede contribuir a la dignificación del trabajo, la inclusión social y el desarrollo territorial, pero que deberá complementarse con otras reformas sociales y económicas para lograr un impacto sustancial.
Conclusión del estado actual y próximos pasos
El Proyecto de Ley número 450 de 2024 se encuentra aprobado en primer debate con una ponencia positiva que incorpora numerosas proposiciones modificatorias para perfeccionar su articulado. La Comisión Séptima Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes ha dado luz verde para continuar su trámite legislativo en plenaria.
De aprobarse en las siguientes etapas, esta ley constituirá un avance significativo en la regulación de la Economía Popular y Comunitaria en Colombia, estableciendo un marco institucional y de políticas públicas para su fortalecimiento, reconocimiento y sostenibilidad. Sin embargo, el debate legislativo continuará abierto para ajustar aspectos puntuales y garantizar la efectiva implementación en el territorio nacional.
Este proyecto representa un esfuerzo jurídico y político para integrar formalmente un sector que, aunque tradicionalmente ha estado relegado, es fundamental para la economía y la cohesión social del país. Su seguimiento y evolución serán de interés para legisladores, expertos, actores sociales y ciudadanos comprometidos con la justicia social y el desarrollo inclusivo.
