Objetivo y ámbito del proyecto
El Proyecto de Ley número 080 de 2025 Cámara tiene como objetivo principal modificar la Ley 1676 de 2013 para establecer con claridad y precisión los roles funcionales de las cámaras de comercio y su confederación en la administración del Registro de Garantías Mobiliarias. Se enfoca en fortalecer la autonomía operativa de cada cámara en su jurisdicción, garantizar el equilibrio institucional, la equidad territorial y la transparencia en la gestión y administración de los recursos públicos generados por este registro. El proyecto se inscribe en el ámbito económico y administrativo, buscando optimizar un mecanismo clave para facilitar el acceso al crédito mediante garantías mobiliarias.
Actualmente, el proyecto se encuentra radicado y en etapa inicial en la Cámara de Representantes, pendiente de discusión en comisiones y posterior trámite en plenarias. Se prevé un régimen de transición de tres meses tras la eventual promulgación para implementar los cambios de manera coordinada y sin afectar la continuidad del servicio.
Contexto y problemática
La Ley 1676 de 2013 creó el Registro de Garantías Mobiliarias como una herramienta fundamental para que personas naturales y jurídicas, especialmente micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), pudieran respaldar operaciones crediticias con bienes muebles. Sin embargo, después de más de una década de vigencia, se han identificado fallas en la distribución y ejercicio de competencias entre las cámaras de comercio y su confederación, así como en la administración y destinación de los recursos recaudados.
Estas disfuncionalidades han generado una concentración excesiva de funciones en la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras), diluyendo la autonomía de las cámaras territoriales y afectando el principio de descentralización. Además, la falta de claridad en la distribución de recursos ha provocado asimetrías presupuestales que limitan la capacidad de las cámaras locales para modernizar sus servicios y atender eficazmente a los usuarios. Asimismo, existen preocupaciones sobre la transparencia y trazabilidad de la plataforma tecnológica actual, que no está plenamente sujeta al control fiscal ni a la supervisión regulatoria adecuada.
Contenido clave del proyecto
El proyecto propone las siguientes medidas principales:
- Clarificación de roles: Se redefine el papel de las cámaras de comercio como responsables de llevar el registro en sus respectivas jurisdicciones, mientras que Confecámaras tendrá una función de apoyo, articulación y consolidación tecnológica, sin competencia operativa directa.
- Consolidación tecnológica: La plataforma para la gestión del registro y recaudo se consolidará a través del Registro Único Empresarial y Social (RUES), garantizando su uso gratuito para las cámaras y usuarios, eliminando cobros adicionales y discrecionalidad técnica.
- Vigilancia y control: La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá la inspección, vigilancia y control sobre las funciones relativas al registro, velando por principios como legalidad, eficiencia y equidad. Se establecerá un informe anual de seguimiento público.
- Administración de recursos: Los recursos recaudados tendrán naturaleza pública y deberán administrarse bajo principios de transparencia y responsabilidad. La Contraloría General de la República ejercerá vigilancia fiscal y se exigirán informes periódicos de gestión.
- Independencia registral: El Registro de Garantías Mobiliarias se mantiene como un mecanismo independiente del registro mercantil, sujeto exclusivamente a la normativa especial que lo regula.
- Régimen de transición: Se establece un período de tres meses para que el Gobierno en coordinación con Confecámaras y las cámaras de comercio garantice el traslado progresivo y ordenado de funciones operativas, asegurando continuidad del servicio.
Impacto institucional y debate
La iniciativa responde a la necesidad de corregir desviaciones institucionales que afectan la descentralización y eficiencia del sistema registral. Las cámaras de comercio, que tienen una función pública territorial, buscan reafirmar su autonomía y acceso equitativo a los recursos que generan, fortaleciendo su capacidad institucional y atención al usuario.
Se prevé que el fortalecimiento del control fiscal y la transparencia tecnológica mejoren la trazabilidad de la información y la seguridad jurídica para los usuarios del registro, en especial para MiPymes y personas naturales que utilizan garantías mobiliarias para acceder al crédito.
Aunque el proyecto aún está en trámite, diferentes sectores han señalado la importancia de la descentralización efectiva y la eliminación de la concentración funcional. No obstante, algunos analistas podrían cuestionar la capacidad técnica de las cámaras para asumir plenamente las funciones operativas, o la viabilidad del régimen de transición en un plazo corto.
Comparación con marcos normativos internacionales
El enfoque del proyecto de fortalecer la descentralización y autonomía territorial en la gestión de registros de garantías mobiliarias se alinea con estándares internacionales que promueven la eficiencia y transparencia en los registros públicos. En varios países, la administración de registros similares se realiza a nivel local o regional, con soporte tecnológico centralizado para garantizar interoperabilidad y seguridad jurídica.
La propuesta también responde a recomendaciones internacionales sobre la importancia de plataformas públicas gratuitas para evitar barreras al acceso y costos indebidos para los usuarios, aspecto clave para facilitar el acceso al crédito y estimular la economía formal.
Conclusión
El Proyecto de Ley número 080 de 2025 Cámara representa una reforma significativa al marco regulatorio del Registro de Garantías Mobiliarias en Colombia, orientada a garantizar un equilibrio institucional justo entre las cámaras de comercio y su confederación, fortaleciendo la descentralización, autonomía operativa y transparencia en la gestión de este mecanismo crucial para el acceso al crédito. El proceso legislativo definirá su alcance final y la manera en que se implementarán estas disposiciones para beneficiar tanto a las entidades territoriales como a los usuarios del sistema, contribuyendo así al desarrollo económico y la formalización empresarial en el país.
