Propósito general y objetivo principal del proyecto de resolución

El Ministerio de Minas y Energía presenta una resolución para delimitar el "Distrito Minero Especial para la Diversificación Productiva Cundinamarca – Boyacá", abarcando una extensión de 119,113 hectáreas en varios municipios de los departamentos de Cundinamarca y Boyacá. El propósito general de esta iniciativa es establecer un instrumento de planificación socioambiental, gestión y articulación institucional que facilite la diversificación productiva en estas regiones, tradicionalmente dependientes de la minería del carbón. El objetivo principal es propiciar la sostenibilidad y el desarrollo integral de nuevas actividades productivas en el territorio, promoviendo la rehabilitación ecológica, la reconversión laboral y la solución concertada de conflictos socioambientales derivados de la actividad minera. Además, busca garantizar la soberanía alimentaria de las poblaciones y fortalecer la diversificación de la canasta minera con minerales estratégicos, en línea con los ejes de transformación del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia, Potencia Mundial de la Vida”.

Nuevas disposiciones y mecanismos introducidos

La resolución establece la creación de una estructura de gobernanza compuesta por tres niveles: 1. Nivel Nacional: Mesa de Trabajo Interinstitucional Nacional, encargada de la alta dirección política y concertación de la política pública para los Distritos Mineros Especiales. 2. Nivel Distrital: Mesa de Trabajo Interinstitucional y Social del Distrito, que será el órgano máximo de gestión, ejecución y seguimiento en el territorio delimitado. 3. Nivel Participativo: Mesas Temáticas o Zonales, instancias de participación ciudadana, social e institucional que brindarán soporte técnico y consultivo para la formulación e implementación del Plan Estratégico de Gestión. Estas instancias buscan garantizar la coordinación efectiva entre entidades nacionales y territoriales, así como la participación activa de actores locales y comunidades, incluyendo grupos étnicos presentes en la zona, en los procesos de planificación y gestión.

Acciones y regulaciones establecidas

El proyecto de resolución dispone que la Mesa de Trabajo Interinstitucional y Social del Distrito elaborará un Plan Estratégico de Gestión (PEG) en un plazo de cuatro meses tras la instalación de las mesas temáticas, con una duración inicial de cuatro años, prorrogable según las necesidades del Distrito. Este plan contendrá el análisis socioeconómico, productivo y ambiental de la región, así como las acciones y metas estratégicas para alcanzar la diversificación productiva y la sostenibilidad. Asimismo, se implementará un sistema de evaluación y seguimiento semestral para verificar el avance en la ejecución del Plan Estratégico, con informes dirigidos a la Mesa de Trabajo Interinstitucional Nacional. Se establece la obligación de que las entidades participantes incorporen los compromisos adquiridos en sus planes estratégicos institucionales. El Ministerio de Minas y Energía, a través de la Dirección de Minería Empresarial, ejercerá la secretaría técnica de la Mesa de Trabajo Interinstitucional, y realizará convocatorias públicas para promover la participación en las mesas temáticas o zonales, las cuales sesionarán ordinariamente una vez al mes.

Impacto esperado y alcance potencial

El Distrito Minero Especial para la Diversificación Productiva Cundinamarca – Boyacá está diseñado para atender los retos derivados de la alta dependencia económica de la minería del carbón, especialmente en el contexto de la transición energética justa que implica una reducción en la demanda de carbón térmico. Se espera que esta iniciativa promueva la reactivación y diversificación económica a través del fortalecimiento de actividades agropecuarias, industriales, artesanales y de energías renovables, en coherencia con las vocaciones productivas del territorio. También se busca mejorar la gestión ambiental, mediante la restauración ecológica y la conservación de ecosistemas estratégicos como páramos y áreas protegidas, y fortalecer la formalización y actualización catastral para facilitar el ordenamiento territorial. Además, la resolución establece mecanismos para la participación efectiva de comunidades indígenas, afrocolombianas, raizales, palenqueras y Rrom, garantizando el derecho fundamental a la consulta previa en los procesos que les afecten, en cumplimiento de los estándares constitucionales.

Participación de actores clave

La gobernanza del Distrito involucra la participación articulada de diversas entidades públicas a nivel nacional, departamental y municipal, incluyendo las gobernaciones de Boyacá y Cundinamarca, y los municipios que conforman el Distrito. Asimismo, se integran actores sociales, productivos, sindicales, empresariales y académicos a través de las mesas temáticas y zonales. La Mesa de Trabajo Interinstitucional y Social del Distrito será el motor ejecutivo y de gestión en el territorio, integrando delegados con capacidad de decisión de los ministerios involucrados, gobernaciones y alcaldías, así como representantes de asociaciones productivas y organizaciones sociales. Este modelo de gobernanza busca asegurar la colaboración armónica y la articulación estratégica entre las instituciones públicas y los distintos sectores sociales, con el fin de materializar los objetivos de diversificación productiva, sostenibilidad ambiental y bienestar social en la región.

Conclusión

La delimitación del Distrito Minero Especial para la Diversificación Productiva Cundinamarca – Boyacá representa un avance significativo en la política pública minera y ambiental del país, en sintonía con los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo y la transición energética. La resolución establece un marco integral para promover el desarrollo sostenible, la diversificación económica y la participación activa de comunidades y actores locales, con un enfoque interinstitucional y territorial que busca responder a los desafíos socioeconómicos y ambientales de estas regiones con vocación minera. Esta iniciativa sentará las bases para una transición justa, que equilibra el desarrollo económico con la protección ambiental y el bienestar social, convirtiéndose en un modelo replicable para otras zonas mineras del país.