Propósito y alcance del proyecto de resolución

El proyecto de resolución de la Superintendencia de Transporte tiene como propósito general adicionar el capítulo 10 al Título V de la Circular Única de Infraestructura y Transporte, estableciendo parámetros para que los sujetos sometidos a su vigilancia, inspección y control implementen de manera obligatoria el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE). Este programa busca prevenir, detectar, gestionar y mitigar los riesgos asociados a la corrupción y el soborno dentro de las organizaciones del sector transporte. El ámbito de aplicación del PTEE contempla a diversas entidades del sector transporte, entre ellas: empresas de transporte público de carga y pasajeros en todos los modos (marítimo, férreo, fluvial, aéreo y por carretera), operadores y administradores de infraestructura, organismos de apoyo a las autoridades de tránsito, empresas de transporte por cable, operadores de transporte multimodal, centros de desintegración vehicular, sociedades portuarias y operadores portuarios. La resolución señala que estas entidades deberán diseñar, implementar y mantener actualizado el PTEE conforme a los lineamientos establecidos.

Nuevas disposiciones y mecanismos introducidos

El proyecto establece definiciones clave relacionadas con la corrupción privada, actos de corrupción, beneficiarios finales, canales de denuncias, debida diligencia, riesgos de corrupción y soborno, entre otros conceptos fundamentales para la comprensión y aplicación del PTEE. Se establecen las obligaciones mínimas que debe contener el programa, incluyendo la adopción de políticas de no tolerancia a la corrupción, política contra lavado de activos, conflicto de intereses, regulación de la financiación a campañas políticas, gastos para regalos y viajes, y transparencia en la contratación estatal. Asimismo, se determina la necesidad de contar con un manual de procedimientos, un código de ética y buen gobierno, y una estructura organizacional que garantice la participación activa de la alta dirección. El proyecto introduce la figura del Oficial de Cumplimiento, persona natural responsable de liderar y administrar el PTEE dentro de la organización. Este funcionario debe cumplir requisitos específicos, como residencia en Colombia, formación en administración de riesgos y no estar vinculado a funciones de auditoría interna o revisoría fiscal. Se detallan sus funciones, que incluyen la evaluación de riesgos, auditorías anuales, capacitaciones, y reporte de operaciones sospechosas a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). Adicionalmente, se establecen obligaciones para el máximo órgano social o junta directiva y el representante legal, quienes deberán aprobar políticas, manuales, códigos y garantizar recursos para la implementación del PTEE, así como certificar ante la Superintendencia el cumplimiento de la resolución.

Medidas específicas para la gestión de riesgos y transparencia

El programa debe contemplar etapas claras para la identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos de corrupción y soborno, aplicando un enfoque basado en riesgos. Los sujetos obligados deben establecer matrices de riesgos, implementar procedimientos de debida diligencia para conocer efectivamente a clientes, socios y contratistas, y mantener mecanismos de control adecuados. Se promueve la integridad en la contabilidad y la gestión empresarial, exigiendo que los registros contables reflejen información veraz y completa, y que se implementen medidas para prevenir la adulteración o destrucción de documentos y sistemas. El proyecto también enfatiza la importancia de la transparencia mediante la rendición de cuentas, recomendando la publicación en sitios web de información relevante como misión, visión, estructura organizacional, políticas de ética, códigos, información financiera y canales de denuncia. Respecto a los canales de reporte y denuncia, se establecen mecanismos confidenciales y seguros para que empleados, contratistas y terceros puedan informar sobre posibles actos de corrupción, violaciones a derechos humanos, acoso o discriminación. Además, se promueve la protección de denunciantes para evitar represalias.

Impacto esperado y relevancia del proyecto

La implementación obligatoria del Programa de Transparencia y Ética Empresarial en el sector transporte busca fortalecer la cultura de integridad, legalidad y responsabilidad dentro de las organizaciones que operan en este ámbito. Al establecer procedimientos claros para la prevención y control de corrupción y soborno, el proyecto contribuye a mejorar la confianza ciudadana en las instituciones, a promover la competencia leal y a evitar conductas ilegales que puedan afectar la gestión y los recursos públicos y privados. Esta iniciativa se enmarca en compromisos internacionales asumidos por Colombia, como las convenciones contra la corrupción de la Organización de Estados Americanos (OEA), Naciones Unidas (UNCAC) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), así como en la legislación nacional vigente, incluyendo la Ley 1474 de 2011 y la Ley 2195 de 2022.

Participación de actores clave y plazos de implementación

El proyecto asigna responsabilidades específicas a diferentes actores dentro de las organizaciones vigiladas: el máximo órgano social o junta directiva, el representante legal y el oficial de cumplimiento. También involucra a la revisoría fiscal y la auditoría interna en la supervisión y evaluación del programa. En cuanto a los tiempos, las empresas del sector transporte sujetas a esta regulación dispondrán de un plazo máximo de seis meses para implementar el PTEE desde la firmeza del acto administrativo que les otorgue habilitación o registro. Para aquellas empresas ya habilitadas a la fecha de publicación, se establece un periodo de transición de seis meses para cumplir con las disposiciones. La Superintendencia de Transporte facilitará la implementación mediante la publicación de una hoja de ruta y la puesta en marcha de un módulo de supervisión en el Sistema Inteligente Nacional de Supervisión al Transporte (SINST – VIGIA 2), garantizando así el seguimiento y control adecuados del cumplimiento del programa.

Marco normativo y sanciones

El proyecto se sustenta en la Constitución Política, el Decreto 2409 de 2018, la Ley 1474 de 2011 y la Ley 2195 de 2022, entre otros instrumentos legales relacionados con la lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia. Se contemplan sanciones administrativas para los sujetos obligados que incumplan las directrices del programa, amparadas en el artículo 90 de la Ley 1437 de 2011 y demás normas aplicables. La Superintendencia de Transporte está facultada para iniciar procesos sancionatorios conforme al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

Conclusiones

Este proyecto de resolución representa un avance significativo en la regulación del sector transporte colombiano, al establecer un marco integral para la gestión ética y transparente de las organizaciones que lo conforman. La adopción del Programa de Transparencia y Ética Empresarial contribuirá a prevenir riesgos de corrupción y soborno, fortaleciendo la confianza en el sector y promoviendo prácticas responsables y ajustadas a los estándares nacionales e internacionales. Con la implementación de estas medidas, se espera que el sector transporte consolide una cultura organizacional basada en la integridad y la transparencia, lo cual redundará en mejores servicios para los usuarios y en una administración más eficiente y confiable de los recursos públicos y privados. La Superintendencia de Transporte continuará acompañando a las entidades en este proceso para garantizar el cumplimiento efectivo y sostenible del PTEE, reafirmando su compromiso con la lucha contra la corrupción y la promoción de la ética empresarial en Colombia.