El proyecto de ley número 374 de 2024, que pretende crear un fondo destinado a impulsar el sector caficultor mediante incentivos y acompañamiento técnico, fue objetado por el Ejecutivo antes de su sanción presidencial. La objeción se fundamenta en aspectos constitucionales y de política pública.

Razones de inconstitucionalidad

El artículo 2 del proyecto establece que el fondo funcionará como una cuenta especial adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y será administrada mediante contrato con la Federación Nacional de Cafeteros. El Gobierno argumenta que esta disposición invade la competencia exclusiva del Ejecutivo, al ordenar la celebración de un contrato con un particular sin otorgar una autorización general para ello. Según la Constitución, el Congreso debe conceder autorización al Gobierno para celebrar contratos, pero no puede imponer la obligación de contratar con un beneficiario específico. Esta situación vulnera la separación de poderes y las normas constitucionales que regulan la función administrativa.

Razones de inconveniencia

El artículo 3 del proyecto delimita como beneficiarios del fondo únicamente a personas naturales y jurídicas individuales, excluyendo expresamente a asociaciones, cooperativas y otras formas colectivas de organización. El Gobierno considera que esta limitación resulta inconveniente, pues desatiende la importancia del modelo asociativo en el sector caficultor colombiano. La exclusión afecta la capacidad de los pequeños productores para agruparse y acceder a mejores condiciones de mercado, lo que contraviene políticas públicas orientadas a fortalecer el tejido empresarial rural y promover la transformación productiva mediante la asociatividad.

Conclusiones y próximos pasos

En consecuencia, el Ejecutivo decidió devolver el proyecto de ley al Congreso para que se revisen las objeciones relacionadas con la inconstitucionalidad parcial y la inconveniencia detectada. El objetivo es que se realicen las modificaciones necesarias para respetar la competencia constitucional del Gobierno y garantizar una adecuada inclusión de los beneficiarios del fondo. La devolución se hizo dentro del plazo constitucional de seis días hábiles, conforme a lo establecido en la Carta Política. Este caso pone de manifiesto la importancia de respetar la división de poderes y de diseñar políticas públicas que reconozcan la realidad del sector caficultor, fortaleciendo tanto a los emprendedores individuales como a las organizaciones colectivas. El seguimiento al trámite legislativo permitirá conocer si se ajustan estas disposiciones para favorecer efectivamente el desarrollo del café especial en Colombia, contribuyendo así al crecimiento sostenible del sector y al bienestar de sus actores.