Contexto y naturaleza de la decisión
El pasado 4 de agosto de 2025, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., a través de su Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, emitió un auto dentro del trámite de una acción de tutela. Esta acción había sido instaurada contra un Juzgado Civil del Circuito, una Fiduciaria y un Banco, vinculados a un proceso ejecutivo mixto en curso. El auto corresponde a una decisión de segunda instancia que analiza la impugnación presentada contra un fallo proferido el 8 de julio de 2025 por el mismo tribunal en primera instancia.
Antecedentes fácticos y procesales
La acción de tutela fue promovida por la representante legal de una constructora en contra del Juzgado 10° Civil del Circuito de Bogotá, Fiduciaria Bancolombia S.A. y Bancolombia S.A., vinculando a diversos sujetos procesales relacionados con el proceso ejecutivo mixto radicado en el juzgado accionado. Además, la Sala incluyó en el trámite constitucional a sujetos ajenos al proceso ejecutivo, entre ellos funcionarios de la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda de la Secretaría Distrital de Hábitat y varios residentes de unidades habitacionales afectadas.
En el auto admisorio, el tribunal vinculó a estas personas al proceso constitucional, y posteriormente emitió sentencia de primera instancia. Sin embargo, durante la etapa de impugnación se presentaron escritos por parte de personas notificadas y otras que no habían sido formalmente vinculadas al trámite, manifestando inconformidades y alegando falta de inclusión en el amparo constitucional.
Consideraciones y fundamentos de la providencia
El tribunal constató que la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras omitió pronunciarse sobre las solicitudes presentadas por sujetos no vinculados formalmente al proceso constitucional. A pesar de ello, concedió la impugnación a personas que no formaban parte formal del trámite, sin ofrecer explicación alguna sobre esta decisión.
Dicha omisión procesal implica un incumplimiento del debido proceso, pues no se resolvieron las peticiones planteadas por terceros interesados que alegaban falta de vinculación. En consecuencia, la Sala decidió devolver el expediente a la autoridad de primera instancia, esto es, a la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior, para que emita el pronunciamiento correspondiente sobre la vinculación de estos sujetos y las solicitudes pendientes.
Este pronunciamiento se fundamenta en el respeto a los artículos 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991, y demás normas concordantes, que regulan el trámite de las impugnaciones y garantizan el derecho al debido proceso.
Implicaciones y próximos pasos
Con esta decisión, el tribunal ordenó:
- La devolución del expediente a la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras para que resuelva sobre las solicitudes de vinculación presentadas por sujetos no incluidos formalmente en el amparo constitucional.
- Que este pronunciamiento se realice sin afectar la validez de las pruebas ya aportadas, conforme al inciso 2º del artículo 138 del Código General del Proceso.
- La comunicación formal de la decisión a los interesados mediante telegrama y el cumplimiento de las demás notificaciones pertinentes.
La providencia hace énfasis en la importancia de garantizar el debido proceso a todas las partes vinculadas o interesadas en un proceso judicial, especialmente en asuntos complejos como la restitución de tierras y procesos ejecutivos mixtos, en los cuales confluyen múltiples actores con derechos afectados.
Este auto contribuye a aclarar y ordenar la participación procesal, evitando que personas no formalmente vinculadas puedan ver desconocidos sus derechos de defensa y participación en el trámite constitucional. De esta forma, se fortalece la transparencia y legalidad en la administración de justicia en materia de restitución de tierras.
El seguimiento de esta decisión permitirá establecer con claridad quiénes deben formar parte del proceso y asegurar el respeto a los principios constitucionales y procesales que rigen la tutela y los procesos ejecutivos en Colombia, contribuyendo así a una mayor seguridad jurídica y protección de los derechos de todos los involucrados.
