Providencia de la Corte Suprema en tutela sobre posesión y entrega de inmueble

En sesión del 16 de julio de 2025, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, profirió un auto mediante el cual confirmó la decisión adoptada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en segunda instancia, respecto a un proceso de tutela relacionado con la entrega de un bien inmueble ubicado en el municipio de Itagüí.

Antecedentes fácticos y procesales

El caso se originó con la interposición de una tutela en contra de decisiones emitidas por los Juzgados Cuarto Civil Municipal y Primero Civil del Circuito de Itagüí, así como de la Secretaría de Gobierno – Dirección Administrativa y Autoridad Especial de Policía de Integridad Urbanística de dicho municipio. El accionante invocó la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la justicia, solicitando dejar sin efectos un veredicto de marzo de 2025 y autos posteriores relacionados con procesos ejecutivos y reivindicatorios sobre el inmueble. En síntesis, el inmueble en cuestión permanecía bajo una medida cautelar de secuestro decretada en un proceso ejecutivo, medida que fue objeto de revocatoria y cancelación por parte de un juez de conocimiento. Posteriormente, se adelantó una acción reivindicatoria por parte del demandante contra quien ostentaba la posesión material del bien, culminando en una sentencia anticipada que ordenó la restitución del inmueble y autorizó al alcalde municipal y a la autoridad administrativa para ejecutar la diligencia de entrega. No obstante, la ejecución de la orden enfrentó oposición basada en la coexistencia de órdenes contradictorias respecto al secuestro y la entrega del inmueble. El accionante alegó que las diligencias vulneraban sus derechos fundamentales, especialmente porque el inmueble seguía secuestrado, y que no se habían cumplido adecuadamente los requisitos para la entrega. El juez de primera instancia desestimó la tutela y negó la nulidad de la sentencia anticipada, decisión que fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Medellín.

Consideraciones jurídicas de la Corte Suprema

La Corte Suprema señaló en primer término que la acción de tutela no es procedente para revisar decisiones judiciales que cuentan con mecanismos ordinarios de impugnación no agotados. En este caso, el actor no interpuso los recursos procesales previstos para controvertir el fallo de marzo de 2025, vulnerando el principio de preclusión procesal y limitando la intervención de la justicia constitucional. Respecto a la notificación de la demanda, la Sala de segunda instancia constató que fue realizada conforme a la ley, incluso a través de correo electrónico reconocido por el demandado, y que la solicitud de nulidad basada en un supuesto bloqueo del correo carecía de prueba suficiente y verosímil. Además, el tribunal explicó que la oposición a la orden de entrega no es procedente cuando se trata de una persona contra quien produce efectos la sentencia, conforme al artículo 309 del Código General del Proceso. La Corte reiteró la jurisprudencia que establece que la tutela no puede convertirse en un recurso para discutir criterios judiciales o reabrir procesos con vías ordinarias disponibles, salvo en casos excepcionales en los que se afecten derechos fundamentales sin garantía del debido proceso. En cuanto a la supuesta coexistencia de órdenes contradictorias sobre el inmueble, la Corte concluyó que no existe defecto orgánico ni vulneración de la competencia funcional de los órganos judiciales implicados, por lo que no se configura una vía de hecho que justifique la intervención de la justicia constitucional.

Decisión final

En mérito de lo anterior, la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín, que negó el amparo en tutela. Se ordenó informar oportunamente esta decisión y remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Este pronunciamiento reafirma la importancia del respeto a los mecanismos ordinarios de defensa judicial y delimita el alcance de la acción de tutela en materia procesal, especialmente en procesos de mínima cuantía donde la revisión constitucional debe ser excepcional y rigurosamente justificada. Esta providencia destaca los principios del debido proceso y la seguridad jurídica en el manejo de medidas cautelares y órdenes de entrega, así como la necesidad de agotar vías ordinarias antes de acudir a la justicia constitucional. La confirmación por parte de la Corte Suprema respalda la actuación judicial realizada en el municipio de Itagüí y clarifica los límites del control de tutela en conflictos relacionados con la posesión y restitución de bienes inmuebles, garantizando así la estabilidad jurídica y el respeto a los derechos fundamentales de las partes involucradas.