Providencia de la Corte Suprema de Justicia en segunda instancia

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en segunda instancia, resolvió la impugnación interpuesta contra el fallo de una Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, relacionado con un proceso penal en curso. La decisión fue adoptada en sesión celebrada el 23 de julio de 2025 y se refiere a la validez y oportunidad de un recurso extraordinario de casación.

Antecedentes fácticos y procesales

El caso se originó cuando el procesado, mediante apoderado judicial, solicitó dejar sin efectos un auto que mantuvo la declaratoria de desierto del recurso extraordinario de casación. Este recurso había sido interpuesto contra una sentencia de segunda instancia. La controversia se centró en que el apoderado aseguró haber remitido la sustentación del recurso dentro del plazo legal, pero a un correo electrónico considerado inexistente por el Tribunal, lo que impidió la admisión oportuna del recurso. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y el juzgado de primera instancia defendieron la legalidad de sus actuaciones, señalando que el error en la dirección electrónica fue atribuible al apoderado, quien reconoció haber enviado el memorial a una dirección distinta por error involuntario. La Procuraduría General de la Nación opinó que el recurso extraordinario no constituía una instancia adicional para revivir términos procesales. En primera instancia, la tutela interpuesta fue negada al considerar que no se vulneraron derechos fundamentales, pues la omisión fue atribuible a la falta de diligencia del apoderado.

Consideraciones de la Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema confirmó la decisión impugnada, destacando que el análisis exhaustivo del caso permitió descartar los defectos procedimentales alegados. La Sala Penal del Tribunal Superior expuso que, aunque el apoderado conocía el correo electrónico correcto para la interposición del recurso, remitió la sustentación a una dirección inexistente, situación que impidió su radicación válida. El fallo señaló que no existe justificación válida para la omisión, que es atribuible exclusivamente al apoderado y no a la Secretaría de la Sala. Además, la Corte recordó que los términos procesales de orden legal corren de manera automática y no es exigible a la autoridad judicial advertir los errores cometidos por los apoderados en el envío de comunicaciones. La Sala también enfatizó que, en el envío de documentos por medios digitales, los usuarios tienen control sobre el envío, pero no sobre la recepción, que depende del servidor o proveedor de servicios del destinatario. Esta interpretación está en consonancia con precedentes de la misma Corte, que reconocen las limitaciones técnicas inherentes al correo electrónico en procedimientos judiciales. En consecuencia, la Corte concluyó que la decisión cuestionada se basa en una interpretación razonable de los hechos y las pruebas, así como en la aplicación correcta de la normatividad procesal, lo que hace inviable modificarla. Se destacó que la controversia radica en una diferencia en la valoración probatoria y en la interpretación judicial, ámbitos en los cuales no procede imponer una interpretación específica por parte del tribunal supremo.

Decisión y efectos procesales

Con base en lo anterior, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Penal, confirmó la sentencia que declaró desierto el recurso extraordinario de casación por la falta de radicación oportuna del escrito sustentatorio. Se ordenó a las autoridades judiciales vinculadas anexar copia de esta decisión a los expedientes objeto de control constitucional y se dispuso informar a las partes e intervinientes por el medio más expedito. Finalmente, se remitió el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme a los procedimientos establecidos. Esta providencia reafirma la importancia del cumplimiento riguroso de los términos procesales y la responsabilidad de los apoderados judiciales en la gestión adecuada de los recursos, especialmente en el contexto del uso de medios digitales para la presentación de documentos en los procesos judiciales. La decisión destaca la necesidad de una adecuada diligencia en la interposición de recursos y la limitación de la autoridad judicial para subsanar errores atribuibles a las partes.