Contexto y tribunal competente

La providencia, dictada por la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia en su calidad de instancia de revisión, resuelve la acción de tutela promovida por un ciudadano extranjero detenido en Colombia en cumplimiento de una orden de captura para extradición solicitada por Italia. La decisión fue adoptada en sesión del treinta de julio de 2025.

Antecedentes fácticos y procesales

El accionante se encuentra privado de la libertad en un establecimiento penitenciario de Bogotá, a disposición de la Fiscalía General de la Nación, por requerimiento judicial para extradición. Paralelamente, enfrenta un proceso penal en Cartagena, en el cual un juez de control de garantías sustituyó la medida de detención intramural por domiciliaria; sin embargo, dicha sustitución no se ha materializado debido a que la detención actual obedece exclusivamente al trámite de extradición. El ciudadano promovió en diversas ocasiones acciones de tutela, aduciendo vulneraciones a derechos fundamentales como el debido proceso, la salud, la vida y la integridad personal. En sus escritos, argumentó que no se ha cumplido el traslado a la reclusión domiciliaria y que su integridad estaría en riesgo por supuestos atentados de otros internos. Solicita, entre otros, la suspensión del trámite de extradición y el cambio inmediato a detención domiciliaria por motivos de salud.

Consideraciones de la Corte Suprema de Justicia

La Corte inició el análisis determinando si existía un abuso en el uso de la acción de tutela por parte del accionante. Conforme al artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, se considera contrario a la Constitución el ejercicio abusivo de este mecanismo, especialmente cuando se presentan múltiples acciones con los mismos hechos y pretensiones, lo que afecta la eficiencia judicial y la administración de justicia. Se evidenció que el accionante había promovido al menos ocho acciones de tutela con fundamentos y solicitudes sustancialmente idénticas, así como varias solicitudes de habeas corpus. La Sala recordó su jurisprudencia, que sanciona la presentación reiterada e indiscriminada de acciones de tutela como un uso temerario del mecanismo constitucional. En cuanto a la sustitución de la medida de aseguramiento intramural por domiciliaria, se aclaró que dicha decisión corresponde a la autoridad judicial que conoce del proceso penal y no al trámite de extradición, el cual está bajo la competencia de la Fiscalía General de la Nación. En este sentido, las autoridades penitenciarias y la Fiscalía son responsables de garantizar la salud y seguridad del detenido durante el proceso de extradición. La Sala también destacó que las solicitudes de suspensión del trámite de extradición basadas en supuestas dudas sobre la identidad del detenido serán analizadas dentro del proceso correspondiente y no mediante acciones constitucionales reiteradas. Finalmente, aunque se constató la multiplicidad de acciones, la Corte decidió no imponer, en esta ocasión, una sanción económica por temeridad, teniendo en cuenta que el accionante no es abogado y que pudo haber una interpretación errónea sobre la novedad de sus pretensiones. No obstante, se le hizo un llamado de atención para evitar la presentación indiscriminada de tutelas, advirtiendo que futuras conductas podrían ser sancionadas conforme a la ley.

Decisión y consecuencias jurídicas

En virtud de lo anterior, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, negó la acción de tutela presentada en esta oportunidad. La decisión se comunicó de manera expedita a las partes y, en ausencia de impugnación, el expediente será remitido a la Corte Constitucional para su conocimiento y efectos legales correspondientes. Este pronunciamiento reafirma la importancia del uso responsable de la acción de tutela como instrumento de protección constitucional y la necesidad de respetar las competencias y procedimientos establecidos para los procesos de extradición y penales conexos. Además, subraya el compromiso del sistema judicial con la garantía del debido proceso y la adecuada administración de justicia sin permitir la dilación o el abuso de los mecanismos procesales, asegurando así la integridad y eficacia del ordenamiento jurídico colombiano.