Contexto y origen del conflicto

La Corte Constitucional emitió un auto en el que dirimió un conflicto negativo de competencia entre el Juzgado 002 Civil Municipal de Arauca y el Juzgado 007 Administrativo de Arauca, en relación con un proceso ejecutivo hipotecario promovido por un establecimiento público departamental contra un particular. La controversia surgió porque ambos juzgados se declararon incompetentes para conocer el caso, generando un vacío jurisdiccional que fue sometido a decisión de la Corte. El proceso se originó a partir de una demanda ejecutiva hipotecaria interpuesta por un instituto de desarrollo territorial contra un ciudadano por el incumplimiento de obligaciones contenidas en un pagaré garantizado con hipoteca sobre un inmueble. Tras varias actuaciones, el juzgado civil municipal inicialmente declaró su falta de competencia, argumentando que, conforme al artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA), los procesos ejecutivos derivados de contratos con entidades públicas deben ser conocidos por la jurisdicción contencioso administrativa. Posteriormente, el juzgado administrativo, tras consultar al instituto demandante sobre la naturaleza contractual del pagaré, concluyó que el título valor no se originó en un contrato estatal y, por tanto, carecía de competencia para conocer el asunto. En consecuencia, planteó el conflicto negativo de jurisdicción ante la Corte Constitucional para que definiera qué jurisdicción era competente.

Competencia y criterios constitucionales aplicados

La Corte Constitucional, en ejercicio de la atribución conferida por el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, analizó el planteamiento y verificó la concurrencia de los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo para la configuración del conflicto de jurisdicciones. Confirmó que ambas autoridades judiciales, pertenecientes a diferentes jurisdicciones, expresaron de manera explícita y fundamentada su rechazo a conocer el proceso. El análisis sustantivo giró en torno a la competencia para conocer procesos ejecutivos hipotecarios en los que participe una entidad pública. La Sala Plena recordó que, conforme al artículo 2432 del Código Civil, la hipoteca es un derecho real sobre bienes inmuebles, que funciona como garantía frente al incumplimiento de una obligación. La Corte ha señalado en reiteradas ocasiones, como en el Auto 1089 de 2022, que este tipo de procesos se orientan a hacer efectivo el crédito mediante la ejecución preferente sobre el bien hipotecado. Por otra parte, el artículo 104.6 del CPACA reserva a la jurisdicción contencioso administrativa el conocimiento de procesos ejecutivos derivados de condenas, conciliaciones aprobadas o laudos arbitrales en que participe una entidad pública, así como aquellos originados en contratos estatales. Sin embargo, la Corte destacó que el caso concreto no encuadra en esos supuestos, ya que se trata de un pagaré con garantía hipotecaria que no se deriva directamente de un contrato estatal. En consecuencia, la Corte reiteró la posición mantenida en autos previos, según la cual la jurisdicción ordinaria civil es competente para conocer procesos ejecutivos hipotecarios en los que una entidad pública sea parte, dado que el origen de la obligación hipotecaria es un derecho real y no un contrato estatal o una controversia administrativa. Se fundamentó además en el artículo 15 del Código General del Proceso (CGP), que asigna a la jurisdicción ordinaria la competencia general y residual para conocer de procesos no atribuidos expresamente a otra jurisdicción.

Decisión y efectos de la providencia

Con base en los anteriores fundamentos, la Sala Plena de la Corte Constitucional resolvió el conflicto negativo de jurisdicción en favor del Juzgado 002 Civil Municipal de Arauca, declarando que esta autoridad judicial es competente para conocer y continuar el trámite del proceso ejecutivo hipotecario iniciado por el instituto de desarrollo territorial. El auto ordena remitir el expediente al juzgado civil municipal para que reasuma su competencia y comunique la decisión al juzgado administrativo y a las partes interesadas. De esta manera, se garantiza la continuidad del proceso y se evita la paralización ocasionada por la disputa jurisdiccional. Este pronunciamiento reafirma la jurisprudencia de la Corte sobre la competencia en materia ejecutiva hipotecaria cuando intervienen entidades públicas, estableciendo con claridad que la naturaleza del derecho real prevalece en la delimitación de la competencia, salvo que la ley disponga expresamente lo contrario.

Importancia para el sistema judicial y el acceso a la justicia

La resolución de este conflicto de competencia es relevante para el sistema judicial colombiano, pues brinda certeza sobre qué jurisdicción debe conocer procesos ejecutivos que involucran a entidades públicas, evitando dilaciones y obstáculos procesales. Además, protege la seguridad jurídica de las partes al asegurar que la acción hipotecaria se tramite en la jurisdicción adecuada. Asimismo, el auto enfatiza la necesidad de distinguir con precisión entre contratos estatales y obligaciones derivadas de títulos valores con garantía real, pues esta diferenciación es determinante para establecer la competencia jurisdiccional. En suma, la providencia contribuye a un mejor funcionamiento del sistema judicial, facilitando el acceso efectivo a la justicia y la protección de derechos patrimoniales en procesos ejecutivos hipotecarios con participación estatal, garantizando así un marco jurídico claro y estable para todas las partes involucradas.